La Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires reclamó en las últimas horas la reapertura urgente de la paritaria estatal, luego de que la Legislatura aprobara el endeudamiento solicitado por el gobierno provincial. La organización sindical considera que el aval legislativo al nuevo esquema de financiamiento despeja una de las principales condiciones que el propio Ejecutivo había planteado para retomar la discusión salarial hacia el cierre del año.
El planteo se formalizó a través de una nota presentada ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, en la que el gremio pidió reactivar la mesa de negociación colectiva de la administración pública. El objetivo es actualizar los haberes correspondientes al período 2025 y evitar que los salarios queden aún más rezagados frente a una inflación que continúa impactando con fuerza sobre el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.
Desde la conducción de ATE en la provincia remarcan que, durante los últimos meses, los incrementos pactados quedaron por detrás de la suba de precios y que la postergación de nuevos tramos de aumento se tradujo en una pérdida concreta de ingresos reales. En ese contexto, sostienen que la aprobación del endeudamiento habilita un margen político y fiscal que debería reflejarse en una mejora de las ofertas salariales.
El debate interno en la administración bonaerense se desarrolla en paralelo a la discusión nacional sobre la distribución de recursos y el impacto de las políticas de ajuste. Los representantes sindicales insisten en que los trabajadores estatales ya absorbieron buena parte del costo de la corrección fiscal y advierten que, sin una recomposición adecuada, se profundizará el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores del empleo público.
La reapertura de la paritaria estatal se vincula además con la situación de otros gremios provinciales, como los docentes y los trabajadores judiciales, que vienen manifestando preocupaciones similares respecto de la pérdida de poder adquisitivo. En distintos comunicados y asambleas, las organizaciones remarcan que la inflación acumulada en el año superó los ajustes otorgados y que las revisiones previstas quedaron desfasadas frente al ritmo de los precios.
En el ámbito político, la presión sindical llega en un momento en el que el Ejecutivo bonaerense busca consolidar el esquema financiero para 2026 y mantener un equilibrio entre las demandas salariales y las metas de resultado fiscal. La aprobación del endeudamiento fue presentada como una herramienta para garantizar el funcionamiento del Estado y el pago de obligaciones, pero también abrió interrogantes sobre el espacio disponible para reforzar los ingresos de los empleados públicos.
Analistas del frente gremial señalan que el pedido de reapertura de paritarias no se limita a una actualización coyuntural, sino que apunta a sostener el criterio de negociaciones abiertas y revisiones periódicas en contextos de alta inflación. Desde esa perspectiva, mantener una mesa de diálogo permanente es clave para evitar que los acuerdos queden rápidamente desactualizados y que la discusión salarial se traslade al terreno del conflicto.
En los distritos del interior bonaerense, el reclamo se hace sentir con particular intensidad, ya que muchas dependencias provinciales se desempeñan en entornos donde el aumento del costo de vida se combina con dificultades adicionales de acceso a servicios, transporte y vivienda. Referentes locales advierten que la pérdida de poder adquisitivo afecta no solo a los trabajadores y sus familias, sino también a la actividad económica de las pequeñas ciudades y pueblos.
De cara a las próximas semanas, el Gobierno provincial deberá definir si convoca a una nueva ronda de negociaciones antes de fin de año o si posterga la discusión para el inicio del calendario 2026. Los gremios anticipan que insistirán en reclamar una respuesta concreta y que evaluarán medidas de fuerza en caso de no obtener señales claras sobre la reapertura de la paritaria.
La evolución de este conflicto será un termómetro del vínculo entre la gestión provincial y el sector público en un contexto económico complejo. La capacidad de alcanzar acuerdos que contemplen tanto las limitaciones fiscales como las necesidades de recomposición salarial será determinante para sostener la gobernabilidad y evitar una escalada de tensiones en el cierre del año político y económico.
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