La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas y una movilización al Congreso de la Nación para el próximo 9 de diciembre, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y al plan oficial de recortar la planta de trabajadores estatales. La jornada de protesta se inscribe en un clima de creciente tensión entre los gremios del sector público y la administración nacional, que ya avanzó con miles de desvinculaciones y prepara una nueva etapa de ajustes sobre organismos clave del Estado.
La medida fue definida por la conducción nacional de ATE como una “jornada de lucha” que combinará la paralización de actividades en distintas áreas de la administración pública con una marcha masiva hacia el Congreso. El objetivo del sindicato es hacer visible el rechazo a los cambios propuestos en la legislación laboral, que según advierten dirigentes gremiales, facilitan los despidos, abaratan las indemnizaciones y limitan la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores.
El llamado al paro llega en paralelo al debate político por la reforma laboral, que el Poder Ejecutivo busca tratar en el marco de un paquete más amplio de iniciativas económicas y administrativas. El Gobierno aspira a que el nuevo esquema reduzca el costo de contratación, aumente la “flexibilidad” del mercado de trabajo y facilite la reducción del gasto en el sector público, especialmente en los organismos descentralizados. ATE y otras organizaciones sindicales sostienen que los cambios propuestos implican una pérdida concreta de derechos consolidados en las últimas décadas.
Entre los puntos que generan mayor preocupación en el sindicalismo se destacan la posibilidad de acotar las indemnizaciones ante despidos sin causa, la ampliación de los períodos de prueba, la incorporación de esquemas con menos protección frente a la precarización y la redefinición de algunas figuras contractuales dentro del Estado. En paralelo, el Gobierno trabaja en un plan que prevé reducir alrededor de un 10 por ciento la planta de personal en la administración nacional, con foco en organismos dedicados al control, la investigación científica, la estadística, la seguridad social y la regulación de servicios públicos.
De acuerdo con diversas estimaciones gremiales, solo en la administración pública nacional ya se contabilizan decenas de miles de despidos desde el cambio de mandato, a los que se podrían sumar hasta 70.000 contratos que vencen a fin de año y que todavía no tienen definición. En ese contexto, la dirigencia de ATE sostiene que no se trata solo de una discusión sobre el texto de una ley, sino de un escenario concreto de pérdida de puestos de trabajo, desfinanciamiento de áreas estratégicas y deterioro de la calidad de los servicios que el Estado presta a la población.
El pliego de reclamos que motiva la convocatoria incluye la reapertura inmediata de las negociaciones salariales, una recomposición de emergencia para los sueldos más rezagados, la renovación de todos los contratos que vencen a fin de año y el freno a cualquier intento de recorte generalizado de personal. Los dirigentes sindicales remarcan que el poder adquisitivo de los salarios estatales viene cayendo a un ritmo acelerado frente a la inflación, y que en muchos casos los ingresos de trabajadores de planta y contratados se ubican por debajo del costo de una canasta básica para una familia tipo.
La movilización al Congreso también apunta a influir en el inicio de la nueva etapa legislativa, en la que el oficialismo busca articular acuerdos para aprobar su paquete de reformas. ATE y otros gremios del sector público pretenden que senadores y diputados escuchen el reclamo antes de votar cualquier modificación que afecte las condiciones laborales. La presencia de columnas de trabajadores estatales, acompañadas por otros sindicatos y movimientos sociales, se perfila como una de las primeras pruebas de fuerza de la nueva etapa política en el Congreso.
En las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, cada seccional de ATE definirá la modalidad de adhesión al paro y la forma de la protesta. Se anticipan retiros tempranos de los lugares de trabajo, concentraciones frente a sedes de ministerios y organismos, y caravanas hacia los puntos de encuentro para sumarse a la marcha central. En algunos distritos, los gremios coordinarán acciones conjuntas con otros sindicatos estatales y organizaciones que vienen denunciando la caída del empleo y del presupuesto en salud, educación, ciencia y programas sociales.
El impacto de la medida sobre la vida cotidiana dependerá del nivel de acatamiento. Podrían registrarse demoras en la atención al público en oficinas nacionales, restricciones en trámites administrativos y afectación de servicios de apoyo en organismos clave. Sin embargo, los sindicatos recalcan que buscarán garantizar guardias mínimas en áreas sensibles, de modo de no interrumpir prestaciones esenciales, al tiempo que insisten en que la protesta es contra el ajuste que se proyecta sobre el Estado y no contra la población.
Desde el Gobierno, en tanto, se insiste en que la reforma laboral es necesaria para modernizar el mercado de trabajo, mejorar la competitividad de la economía y reducir el peso del gasto público. Las autoridades aseguran que cualquier reorganización de la planta estatal respetará la ley y que los cambios apuntan a eliminar duplicaciones y estructuras que consideran sobredimensionadas. La tensión entre estas dos visiones marcará las próximas semanas, con el Congreso como escenario de la discusión normativa y las calles como espacio de expresión del malestar de los trabajadores.
La convocatoria de ATE al paro nacional y a la movilización del 9 de diciembre se transforma así en un capítulo central de la disputa por el rumbo del Estado y por el contenido de las reformas que se pretenden aprobar. Para el Gobierno, se trata de consolidar un programa de reducción del déficit y de flexibilización del marco laboral; para el sindicalismo, de defender los puestos de trabajo y un modelo de empleo público que, aun con problemas, consideran indispensable para sostener políticas de salud, educación, ciencia y protección social. El resultado de este pulso marcará buena parte del clima político y social en el cierre del año.