El Gobierno nacional abrió una mesa de trabajo con varias provincias para definir un acuerdo de refuerzo de la red eléctrica ante la nueva ola de calor que afecta a gran parte del país. La prioridad, según explican fuentes oficiales, es coordinar inversiones urgentes en transporte y distribución de energía, acelerar el ingreso de nueva generación al sistema y mejorar los mecanismos de monitoreo para reducir el riesgo de cortes masivos en los principales centros urbanos.
La discusión se da en un contexto de altos picos de demanda, con récords sucesivos de consumo en distintas franjas horarias y advertencias de las empresas distribuidoras sobre la presión que sufren las redes. En el área metropolitana y en varias capitales provinciales se registraron interrupciones del servicio de distinta intensidad, lo que reavivó el debate sobre la capacidad del sistema para responder a fenómenos climáticos extremos que se repiten con mayor frecuencia.
En la mesa participan funcionarios del Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía, representantes de los entes reguladores y autoridades de los distritos más afectados. El objetivo es acordar un esquema de obras prioritarias que pueda ser financiado con una combinación de recursos nacionales, provinciales y créditos de organismos multilaterales. Se analizan refuerzos de líneas de alta tensión, ampliación de estaciones transformadoras y mejoras en anillos de media tensión que abastecen a barrios residenciales e industrias.
Las provincias reclaman que el nuevo plan contemple también la situación de las ciudades intermedias y de las localidades del interior profundo, donde las caídas de tensión y los cortes prolongados se sienten con mayor impacto. Intendentes y gobernadores advierten que la saturación de las redes no solo afecta al confort de los hogares, sino que compromete la continuidad de servicios esenciales como la atención sanitaria, el abastecimiento de agua potable y el funcionamiento de pequeñas y medianas empresas.
Entre las alternativas que se evalúan figura la incorporación de generación de respaldo en puntos críticos del mapa eléctrico, especialmente en zonas turísticas y polos industriales que ven dispararse la demanda en determinados momentos del año. También se analiza acelerar proyectos de energías renovables que ya cuentan con estudios avanzados y podrían aportar potencia adicional al sistema interconectado, siempre que se completen a tiempo las obras de conexión necesarias.
Otro capítulo central del acuerdo es la mejora de los sistemas de monitoreo y comunicación con los usuarios. Las distribuidoras se comprometieron a reforzar sus canales de información en tiempo real, publicar mapas de interrupciones y brindar alternativas de atención prioritaria para personas electrodependientes, hospitales y servicios esenciales. El Gobierno, por su parte, busca que el pacto incluya metas concretas de reducción de fallas y protocolos claros para actuar coordinadamente durante episodios de emergencia.
Organizaciones de consumidores y asociaciones vecinales siguen de cerca la negociación y piden que los compromisos asumidos se traduzcan en plazos verificables y en mecanismos de control ciudadano. Reclaman que los balances de las empresas y los planes de inversión se discutan de manera transparente, y advierten que la combinación de altas temperaturas, presión sobre la red y malestar social puede derivar en conflictos si las respuestas no llegan a tiempo.
En el sector energético señalan que la situación de estrés actual es el resultado de varios factores acumulados: crecimiento de la demanda, demoras en obras de transporte de alta tensión, cuellos de botella en determinados nodos y, en algunos casos, falta de mantenimiento preventivo. Por eso, remarcan que el acuerdo entre Nación y provincias debería ir más allá de las medidas de corto plazo y fijar una hoja de ruta de mediano plazo que ordene las prioridades de inversión y reduzca la vulnerabilidad ante futuros eventos extremos.
En los próximos días, el Gobierno planea presentar un primer documento de trabajo con el listado de obras urgentes y los lineamientos generales del plan, que luego deberá plasmarse en convenios específicos con cada provincia. La forma en que se definan esas prioridades y se repartan los esfuerzos financieros será clave para que el refuerzo de la red eléctrica se traduzca en un servicio más estable y previsible para millones de usuarios en todo el país.
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