Gobernadores de distintos signos políticos retomaron en las últimas horas las negociaciones con el Gobierno nacional para reactivar el Fondo Federal de Infraestructura, un mecanismo clave para financiar obras públicas provinciales que quedó virtualmente paralizado en el último trimestre. La discusión se aceleró tras una serie de reuniones técnicas en Buenos Aires, donde equipos de Hacienda y Obras Públicas analizaron el impacto de la falta de desembolsos en rutas, hospitales y proyectos de saneamiento.
Funcionarios involucrados en las conversaciones señalaron que la prioridad es evitar una caída mayor en la actividad de la construcción, uno de los sectores más afectados por la contracción económica reciente. Según datos actualizados de cámaras provinciales, más de 120 obras se encuentran ralentizadas y otras 40 directamente detenidas por falta de transferencias nacionales que habían sido comprometidas en acuerdos bilaterales.
Las provincias plantean que, sin un esquema previsible de fondos, será difícil sostener el empleo en constructoras locales y en cadenas proveedoras que dependen de esos proyectos. En varias jurisdicciones, especialmente del norte argentino, los gobiernos alertan sobre el riesgo de despidos si no se define un nuevo cronograma de pagos antes de fin de mes.
En paralelo, desde Nación explican que el rediseño del Fondo Federal busca ordenar pasivos acumulados, establecer metas trimestrales y priorizar obras de impacto regional. Técnicos del Ministerio de Economía indican que el nuevo esquema incluirá una revisión de contratos y una tabla de prioridades basada en avances físicos, disponibilidad de financiamiento externo y relevancia social de cada proyecto.
Un punto central del debate es el uso de financiamiento internacional para destrabar proyectos estratégicos. Varias provincias impulsan que Nación reasigne líneas ya aprobadas por organismos multilaterales para acelerar obras de saneamiento y ampliación de redes eléctricas. Aunque no hay definiciones finales, fuentes oficiales admiten que esa alternativa está siendo evaluada para aliviar la presión sobre el Tesoro.
Otra discusión abierta es la creación de un mecanismo de trazabilidad que permita verificar en tiempo real los desembolsos. La propuesta, impulsada por equipos técnicos de tres provincias patagónicas, apunta a evitar retrasos administrativos y mejorar la transparencia del uso de fondos. El Gobierno nacional ve con buenos ojos la iniciativa, aunque aclaró que requerirá ajustes legales y coordinación con los tribunales de cuentas locales.
Mientras continúan las negociaciones, las cámaras empresarias del sector de la construcción pidieron una definición rápida para evitar que la actividad siga perdiendo ritmo. Señalan que los costos de materiales aumentaron en las últimas semanas y que la incertidumbre dificulta cotizar nuevas obras. También advierten que las pequeñas constructoras son las más expuestas a un freno prolongado del gasto en infraestructura.
De acuerdo con los cronogramas preliminares, Nación y provincias buscarán cerrar un borrador del acuerdo en los próximos diez días. Si se alcanza un consenso, el nuevo esquema del Fondo Federal de Infraestructura podría entrar en vigencia a comienzos de enero, permitiendo reactivar pagos pendientes y organizar la programación de obras para todo 2026.
La negociación es clave para las cuentas provinciales, ya que una porción relevante de los proyectos en marcha depende de cofinanciamiento nacional. La expectativa de los gobernadores es que el nuevo marco permita estabilizar la ejecución de obras esenciales en áreas de transporte, energía, salud y urbanización, consideradas prioritarias para sostener el empleo y mejorar la competitividad regional.
El avance del acuerdo también será observado por el sector privado, que ve en la obra pública un componente estratégico para sostener la actividad mientras la economía enfrenta un proceso de desaceleración. La definición de un marco previsible para 2026 podría convertirse en un factor clave para la recuperación del sector en los próximos meses.
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