El Gobierno nacional y los representantes de todas las provincias alcanzaron este domingo un acuerdo clave para relanzar el sistema federal de subsidios al transporte urbano de pasajeros. Tras semanas de discusiones técnicas y tensiones políticas por los costos crecientes del servicio, el nuevo esquema establece fondos garantizados para 2026, un mecanismo de actualización trimestral y mayores exigencias de transparencia para las empresas prestatarias.
El entendimiento incluye la creación de un “Fondo Federal de Movilidad Urbana” que reemplazará al sistema actual y que distribuirá recursos de manera automática entre las jurisdicciones según parámetros de demanda real, kilómetros recorridos y población cubierta. De esta manera, el Gobierno busca reducir las distorsiones históricas entre regiones, que provocaban fuertes diferencias tarifarias entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país.
Funcionarios del Ministerio de Transporte explicaron que el nuevo esquema permitirá “previsibilidad fiscal y operativa” tanto para las provincias como para las empresas, al tiempo que introduce auditorías externas obligatorias sobre los costos declarados por las operadoras del sistema. Las provincias, por su parte, acordaron unificar criterios para la asignación de subsidios locales y avanzar en sistemas de pago electrónico interoperables.
Gobernadores del norte y la Patagonia valoraron especialmente la decisión de garantizar fondos mínimos durante todo el año, algo que consideran fundamental para evitar interrupciones en el servicio en ciudades medianas y localidades alejadas. También destacaron la incorporación de una cláusula de emergencia que habilita asistencia adicional si se registran aumentos extraordinarios en combustibles o repuestos importados.
En paralelo, el acuerdo incluye un monitoreo conjunto de tarifas y costos operativos para evitar aumentos bruscos que afecten el uso del transporte público. Aunque cada provincia mantendrá la potestad de fijar su cuadro tarifario, se recomendó que cualquier incremento se acompañe de informes de impacto social y económico.
El acta firmada establece que el nuevo sistema entrará en vigencia a partir de enero, con una transición de 60 días para adaptar sistemas informáticos, parámetros de control y esquemas de declaración de costos. Para el Gobierno, el entendimiento constituye “un paso decisivo hacia un modelo más equitativo y sostenible”, mientras que las provincias lo consideran un punto de partida para una discusión estructural sobre la movilidad en el país.