Ir a página principal

El Gobierno actualiza subsidios y costos de los colectivos en el AMBA

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de la matriz de costos y de los montos de compensaciones tarifarias que reciben las empresas de colectivos urbanos y suburbanos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida apunta a recalibrar el esquema de subsidios frente a la combinación de aumentos salariales, mayores costos operativos y reclamos empresariales por el atraso de las transferencias.

La decisión quedó plasmada en una resolución del Ministerio de Transporte publicada en el Boletín Oficial, que redefine los Costos e Ingresos Medios del sistema de transporte de pasajeros por automotor en la región. El nuevo esquema toma como referencia la estructura de gastos de las empresas bajo jurisdicción nacional y establece parámetros que también inciden en los servicios coordinados con la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ajuste reconoce el impacto del acuerdo salarial alcanzado este año entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector, que incrementó el salario básico, los adicionales y distintos complementos para las y los trabajadores. Ese aumento de la masa salarial es uno de los factores centrales en la nueva matriz de costos, junto con la suba del combustible, los repuestos, el mantenimiento de las unidades, las pólizas de seguros y la renovación del parque móvil.

Según la nueva metodología, las compensaciones tarifarias que se asignan a las empresas del AMBA se recalculan en función de esos costos reconocidos y de los ingresos que se obtienen por la venta de pasajes. El objetivo declarado es sostener la prestación del servicio en un contexto de presión inflacionaria y de demandas cruzadas entre usuarios, operadores y autoridades gubernamentales, evitando interrupciones o reducciones de frecuencia que afecten a millones de pasajeros diarios.

El financiamiento de las compensaciones se articula entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el área en la que se presta cada servicio. En el caso del aporte nacional, los recursos provienen del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), de tributos específicos vinculados a los combustibles y de partidas del Presupuesto Nacional que se transfieren a un fideicomiso destinado al transporte de pasajeros por automotor. La Provincia, por su parte, complementa los fondos en los recorridos bajo su órbita y en los que se superponen competencias.

En los hechos, la actualización de la matriz de costos abre la puerta a nuevos debates sobre la estructura de subsidios al transporte. Mientras los operadores sostienen que las tarifas siguen lejos de cubrir los costos reales y presionan por mayores compensaciones, distintos especialistas plantean que el esquema necesita una revisión integral que incorpore criterios de equidad territorial, eficiencia en el uso de los recursos públicos y calidad del servicio para los usuarios del conurbano y la Ciudad.

Uno de los puntos sensibles es la distribución de los subsidios entre el AMBA y el interior del país. Gobernadores y empresarios del transporte de otras provincias vienen advirtiendo que la concentración de los recursos en el área metropolitana genera fuertes asimetrías en el precio de los boletos y en la frecuencia de los servicios. Si bien la resolución también incluye parámetros para líneas del interior, el énfasis puesto en el AMBA vuelve a reactivar la discusión sobre el reparto de fondos y las obligaciones compartidas entre Nación y jurisdicciones locales.

En el corto plazo, el nuevo esquema de subsidios podría traducirse en ajustes graduales en las tarifas para los usuarios, en función de cómo se combinen las compensaciones con los cuadros tarifarios vigentes. El Gobierno busca evitar saltos abruptos en el boleto que impacten de lleno en el ingreso disponible de los hogares del Gran Buenos Aires, pero al mismo tiempo intenta contener el gasto en subsidios en medio de la necesidad de ordenar las cuentas públicas y cumplir con las metas fiscales prometidas.

Las empresas de transporte, por su parte, analizan el alcance de la resolución y su impacto en la caja diaria. En los últimos meses, las cámaras del sector habían advertido sobre la dificultad para afrontar el pago de salarios y el mantenimiento de las unidades, y habían planteado escenarios de reducción de servicios o incluso de paralización parcial si no se actualizaban los montos de las compensaciones. Con el nuevo esquema sobre la mesa, el foco se desplaza ahora al seguimiento de la ejecución efectiva de los fondos y a la estabilidad de los flujos de pago.

Más allá del detalle técnico, la discusión sobre subsidios y costos del transporte en el AMBA se cruza con el debate más amplio sobre la política económica del Gobierno. El reordenamiento de las transferencias al sector convive con otras decisiones orientadas a reducir el déficit fiscal y a rediseñar el papel del Estado en la provisión de servicios públicos. Para analistas y organizaciones sociales, el desafío pasa por compatibilizar los objetivos de equilibrio macroeconómico con la necesidad de garantizar el acceso al transporte para trabajadores, estudiantes y sectores vulnerables.

En ese marco, el seguimiento de los próximos meses será clave para determinar si la actualización de la matriz de costos logra estabilizar la prestación del servicio sin trasladar de manera desproporcionada la carga a los usuarios. La reacción de las empresas, las negociaciones paritarias que se avecinan y la evolución de la inflación serán factores determinantes para saber si el esquema de subsidios vigente se sostiene o vuelve a ser revisado por las autoridades.

Para la agenda pública, el tema del transporte en el AMBA aparece como un termómetro de las tensiones entre la búsqueda de ahorro fiscal, las exigencias de los operadores privados y las demandas de una ciudadanía que depende diariamente del colectivo para movilizarse. El modo en que el Gobierno gestione este equilibrio será observado de cerca tanto por los usuarios como por los gobiernos provinciales y municipales que forman parte del entramado institucional del sistema de transporte metropolitano.

© 2025 Octavio Chaparro. Todos los derechos reservados.