La Justicia federal ordenó una serie de allanamientos en sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de distintos clubes profesionales en el marco de la causa Sur Finanzas, una investigación por presunto lavado de dinero y maniobras irregulares vinculadas al financiamiento del fútbol. Los procedimientos se llevaron adelante en las últimas horas con intervención de la Policía Federal Argentina y se concentraron en dependencias administrativas y oficinas donde se conservaría documentación clave para el expediente.
La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, que subroga el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. Según fuentes judiciales, se trata de más de treinta allanamientos simultáneos en el área metropolitana y el interior del país, que incluyen la histórica sede de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires, el predio de Ezeiza y dependencias vinculadas a la organización de los torneos de primera división. El objetivo es obtener registros contables, contratos y comunicaciones que permitan reconstruir el circuito financiero bajo sospecha.
Entre los clubes alcanzados por las órdenes judiciales figuran entidades de la primera división y del ascenso que habrían tenido vínculos comerciales con la firma Sur Finanzas, la sociedad de servicios de pago investigada. La pesquisa apunta a determinar si esa estructura fue utilizada para canalizar fondos de origen ilícito mediante contratos de sponsoreo, fideicomisos y acuerdos asociados a pases de futbolistas, especialmente en operaciones vinculadas al Club Atlético Banfield.
El caso tomó relevancia a partir de un préstamo por una suma cercana a los dos millones de euros otorgado por la empresa Auriga League S.A. a Banfield, que según la hipótesis de la fiscalía no fue cancelado en los términos pactados. De acuerdo con la investigación, el repago se habría ligado a futuras transferencias de jugadores al exterior, con la cesión de un porcentaje de los derechos económicos del pase. En ese esquema, la intermediación de Sur Finanzas y la creación de fideicomisos aparecen como piezas centrales del entramado bajo análisis.
Para los investigadores, uno de los puntos sensibles es establecer si parte de los recursos que ingresaron al club a través de estos contratos fue incorporada al patrimonio institucional sin la trazabilidad necesaria y si se omitieron obligaciones impositivas. La sospecha es que se habría utilizado la estructura de la empresa financiera para mover montos elevados a través de cuentas de sociedades y entidades vinculadas al fútbol, reduciendo la carga del impuesto a los créditos y débitos bancarios y otras obligaciones fiscales.
En paralelo, se analizan operaciones que habrían involucrado a fideicomisos relacionados con Banfield y otras instituciones deportivas, en los que aparecen como firmantes dirigentes del club y representantes de Sur Finanzas. La Justicia intenta determinar si esos vehículos legales fueron empleados para disimular el origen de fondos, separar formalmente a los clubes de las maniobras cuestionadas y facilitar la circulación del dinero dentro y fuera del sistema bancario formal.
Los allanamientos en la AFA y en diversas sedes sociales agregan una dimensión institucional al expediente. En el entorno del organismo que regula el fútbol argentino sostienen que los requerimientos judiciales se orientan, por ahora, a la búsqueda de información y no implican imputaciones directas a la conducción. Sin embargo, la presencia de fuerzas federales en oficinas estratégicas del fútbol profesional deja en evidencia el alcance del caso y su potencial impacto en la gobernanza de la actividad.
En declaraciones públicas y comunicados difundidos por algunas de las entidades involucradas, se remarca que los clubes colaboran con la Justicia y ponen a disposición la documentación requerida. Dirigentes consultados insisten en que los acuerdos comerciales con Sur Finanzas respondieron a esquemas habituales de sponsoreo o servicios financieros y niegan la existencia de sociedades ocultas o vínculos societarios con la firma investigada. La causa, no obstante, se encuentra en una etapa preliminar y la valoración de la prueba quedará sujeta al análisis del juzgado y la fiscalía.
El expediente se inscribe en una agenda más amplia de investigaciones sobre el uso de estructuras financieras no tradicionales, fideicomisos y empresas de servicios de pago en sectores con alta circulación de dinero, como el fútbol profesional. Especialistas en derecho penal económico advierten que estos casos ponen a prueba la capacidad del sistema judicial para seguir operaciones complejas, en las que convergen contratos deportivos, acuerdos comerciales, préstamos internacionales y obligaciones tributarias.
A partir de los resultados de los allanamientos, el juzgado deberá definir los próximos pasos del proceso: pedidos de indagatoria, nuevas medidas de prueba y posibles ampliaciones del objeto de la causa. En el corto plazo, se espera que el análisis del material secuestrado permita precisar el rol de cada uno de los actores involucrados y determinar si existió o no un circuito de lavado de activos vinculado a operaciones del mercado de pases del fútbol argentino.
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