El Gobierno nacional anunció una nueva reducción de las retenciones que gravan a las exportaciones agropecuarias, con recortes en las alícuotas aplicadas a la soja, sus derivados y a los principales granos. La medida apunta a incentivar la liquidación de divisas del complejo agroexportador, fortalecer las reservas y enviar una señal de alivio fiscal a uno de los sectores clave de la economía argentina.
De acuerdo con la comunicación oficial, el derecho de exportación aplicado al poroto de soja se reduce dos puntos porcentuales, mientras que el aceite y la harina de soja registran un descenso similar. También se dispuso una baja en las alícuotas que pagan el maíz y el trigo, con el objetivo de mejorar la competitividad externa de la oferta argentina en un contexto de fuerte competencia internacional y precios más moderados que en años anteriores.
La decisión se enmarca en la estrategia económica del Poder Ejecutivo de recomponer la relación con el campo, después de varios años de tensión por la carga impositiva y los cambios de reglas. Al mismo tiempo, el equipo económico busca acelerar el ingreso de dólares comerciales, clave para cumplir los compromisos con organismos internacionales y afrontar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera.
Según fuentes oficiales, la reducción de retenciones implicará un costo fiscal inicial para el Estado, pero se espera compensarlo parcialmente con un mayor volumen de exportaciones, una mejora en la recaudación de otros tributos y un incremento de la actividad económica en las regiones productivas. La apuesta es que los productores adelanten ventas y liquiden parte del stock almacenado, aprovechando la mejora en el precio final en pesos que recibirán por tonelada.
En el sector agropecuario la medida fue recibida con matices. Las entidades representativas de productores valoraron el gesto oficial y remarcaron que la baja de alícuotas va en la dirección correcta, aunque advirtieron que todavía se mantiene una carga significativa sobre las exportaciones, especialmente en la cadena sojera. También insistieron en que los cambios sean estables y previsibles en el tiempo, para evitar la volatilidad que genera la sucesión de esquemas transitorios o la posibilidad de que se reviertan las decisiones ante una eventual caída en la recaudación.
Entre los exportadores, el impacto se vincula principalmente con la competitividad frente a otros países de la región. Con un gravamen menor, la mercadería argentina puede mejorar sus márgenes frente a la oferta de Brasil, Estados Unidos u otros competidores en los mercados de Asia y Europa. Sin embargo, especialistas advierten que el beneficio será más visible si se consolida un tipo de cambio real estable y se reducen otras distorsiones internas, como los costos logísticos y la infraestructura insuficiente en algunos corredores de transporte.
Desde el punto de vista macroeconómico, la reducción de retenciones abre un debate sobre su impacto en el equilibrio fiscal. Analistas señalan que, en el corto plazo, la recaudación proveniente de este impuesto podría disminuir, lo que obligará al Gobierno a compensar el bache mediante una mayor eficiencia en el gasto, el crecimiento de otros ingresos o nuevas señales de disciplina fiscal. A la vez, destacan que la mejora en el flujo de divisas comerciales puede reducir la volatilidad cambiaria y aliviar la presión sobre las reservas.
Otra incógnita es cómo se trasladará la medida a los precios internos de los alimentos, en particular los panificados y productos derivados del trigo, el maíz y el girasol. Voces del ámbito oficial sostienen que la baja de retenciones no debería traducirse en aumentos en góndola, dado que se trata de un alivio sobre el tramo exportador de la cadena. No obstante, asociaciones de consumidores reclaman mecanismos de monitoreo para evitar que los beneficios queden concentrados en pocos eslabones y no se reflejen en una mayor estabilidad de precios para los hogares.
En las provincias agrícolas, la decisión reavivó el debate sobre el papel del campo en la recuperación económica. Gobernadores y autoridades locales destacaron que una mejora en el ingreso de los productores puede dinamizar el comercio, los servicios y la inversión en infraestructura rural, con impacto en empleo y recaudación local. Al mismo tiempo, subrayan que el esquema tributario nacional sigue siendo determinante para definir el ritmo de expansión o retracción de la actividad en cada campaña.
La nueva baja de retenciones también dialoga con otros anuncios orientados a fomentar la inversión en el sector, como los regímenes especiales para proyectos de mayor escala y las iniciativas para ampliar la capacidad de transporte y procesamiento de granos. La articulación entre incentivos impositivos, estabilidad macroeconómica y mejoras logísticas será clave para que el agro transforme las ventajas coyunturales en un crecimiento sostenido.
Con este movimiento, el Gobierno busca mostrar señales simultáneas hacia el mercado financiero y el interior productivo: por un lado, incentivar el ingreso de divisas genuinas que reduzcan la dependencia del endeudamiento y, por otro, consolidar al complejo agroexportador como motor de la recuperación económica. El impacto concreto de la medida dependerá, en última instancia, de la respuesta de los productores y de la capacidad oficial para sostener reglas claras en un contexto todavía frágil.
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