El Gobierno nacional anunció una nueva reducción de los derechos de exportación para las principales cadenas de granos y subproductos, una medida que apunta a aliviar la carga fiscal del sector agropecuario y mejorar la competitividad externa de las exportaciones argentinas. El recorte alcanza a cultivos como soja, trigo, maíz, girasol y otros productos agroindustriales, con rebajas de entre uno y dos puntos porcentuales según la posición arancelaria.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Economía, la decisión forma parte de un “sendero de alivio fiscal” que el equipo económico venía anticipando en las últimas semanas y que ahora se concreta con un esquema más permanente para el campo. El anuncio fue realizado tras una serie de reuniones con entidades del agro, exportadores y gobiernos provinciales, en las que se evaluaron alternativas para sostener el nivel de liquidación de divisas en un contexto de reservas ajustadas y de alta volatilidad internacional en los precios de los commodities.
La reducción de retenciones implica que parte de la mejora de precios internacionales quedará en manos de los productores y de la cadena agroindustrial, lo que podría incentivar un aumento del área sembrada y mayores inversiones en tecnología. Para el Gobierno, el objetivo es alinear los incentivos de corto plazo con una estrategia de mediano plazo que consolide al agro como uno de los motores de la recuperación económica, sin resignar por completo la recaudación fiscal que aportan estos tributos.
En el plano fiscal, el equipo económico admite que la medida tendrá un costo en términos de ingresos públicos, pero sostiene que el impacto se verá compensado, al menos parcialmente, por un mayor volumen exportador y por la reactivación de economías regionales vinculadas a la producción de granos. La expectativa oficial es que una reducción moderada y gradual de alícuotas pueda generar más producción formal, mejorar la competitividad frente a otros países de la región y dar mayor previsibilidad a los planes de inversión del sector.
Las entidades agropecuarias recibieron el anuncio con una combinación de alivio y cautela. Por un lado, valoran que se reconozca la presión que representan las retenciones en la estructura de costos y señalan que la reducción llega en un momento clave, cuando se definen las decisiones de siembra de la próxima campaña. Por otro lado, advierten que, frente al nivel de inflación interna y a la brecha cambiaria, el esquema impositivo sobre el agro sigue siendo elevado y reclaman una hoja de ruta más clara hacia una estructura tributaria menos distorsiva.
En el interior productivo, gobernadores y dirigentes locales destacan que una baja de retenciones puede traducirse en más movimiento económico en pueblos y ciudades donde el agro es el principal motor de actividad. Incrementos en la contratación de servicios, compra de insumos, maquinaria y transporte suelen tener un efecto multiplicador relevante sobre el empleo privado. Sin embargo, algunos mandatarios provinciales manifestaron preocupación por el posible impacto en la coparticipación y en la disponibilidad de recursos para financiar obras de infraestructura y programas sociales.
Desde la oposición, las primeras reacciones cuestionaron el equilibrio de la medida. Algunos dirigentes plantearon que el alivio tributario se concentra en grandes exportadores sin un esquema paralelo de compensaciones o incentivos específicos para pequeños y medianos productores, que enfrentan mayores dificultades para acceder al crédito y a tecnologías de punta. Otros sectores críticos del Gobierno también pusieron el foco en el impacto fiscal, advirtiendo que una baja significativa de la recaudación por retenciones podría tensionar las metas de déficit y endeudamiento.
Entre los economistas, el debate gira en torno a la secuencia y consistencia del programa. Hay coincidencia en que las retenciones son un impuesto distorsivo que encarece la producción y desalienta la inversión, pero también en que representan una fuente relevante de ingresos en un Estado con fuertes compromisos sociales y financieros. Por eso, varios especialistas destacan que cualquier reducción debería estar acompañada por un plan creíble de ordenamiento del gasto, simplificación del sistema tributario y mejora de la eficiencia del Estado, para evitar que el alivio al sector agroindustrial se traduzca en mayores desequilibrios macroeconómicos.
En el corto plazo, los mercados seguirán de cerca la letra chica de la medida, su implementación efectiva a través del Boletín Oficial y la reacción de los actores clave del sector. Exportadores, acopiadores y corredores deberán recalibrar sus cálculos de precios y márgenes, mientras productores y cooperativas evalúan el impacto de la nueva estructura de alícuotas sobre sus decisiones de comercialización. El comportamiento del tipo de cambio, la evolución de la demanda internacional y el clima de los próximos meses terminarán de definir cuánto de este anuncio se traducirá en más producción, empleo y divisas para el país.
Con esta decisión, el Gobierno busca enviar una señal política y económica al corazón del interior productivo en un momento en que necesita consolidar apoyos y mostrar resultados en materia de crecimiento. La discusión sobre el nivel adecuado de retenciones y sobre el rol del agro en la estrategia de desarrollo argentino seguirá abierta, pero el nuevo esquema marca un paso adicional hacia una menor presión impositiva sobre el sector, en un escenario todavía cargado de desafíos fiscales y sociales.