El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentra en las etapas finales de diseño de una nueva regulación que podría habilitar a los bancos a ofrecer servicios de compra, venta y custodia de criptomonedas a sus clientes. Se trata de un giro relevante respecto del esquema vigente desde 2022, cuando la autoridad monetaria prohibió expresamente a las entidades financieras comercializar criptoactivos de manera directa. La eventual flexibilización forma parte de una revisión más amplia de la normativa financiera en el marco de la agenda de reformas del Gobierno nacional.
Según trascendió en los últimos días, los equipos técnicos del BCRA trabajan en un esquema que reemplace la prohibición general por un marco regulado, con requisitos específicos de capital, gestión de riesgos y transparencia para los bancos que decidan operar con estos activos digitales. La idea central es que, en lugar de que los usuarios recurran a plataformas no supervisadas, puedan acceder a servicios cripto dentro del sistema financiero formal, con controles de cumplimiento, reportes obligatorios y estándares de ciberseguridad más estrictos.
El debate se produce en un contexto de fuerte demanda local por instrumentos ligados a monedas digitales, especialmente las denominadas stablecoins atadas al valor del dólar. A pesar del veto regulatorio de los últimos años, el uso de criptomonedas en Argentina se mantuvo elevado, impulsado por la volatilidad cambiaria, la búsqueda de cobertura frente a la inflación y la expansión de billeteras digitales. El Gobierno considera que ese fenómeno ya existe en la práctica y que resulta más conveniente canalizarlo a través de instituciones supervisadas, antes que mantenerlo en los márgenes del sistema.
El esquema que evalúa el Banco Central no implicaría una apertura irrestricta. Entre los puntos en discusión figuran la segmentación de productos según el perfil de riesgo de los clientes, límites a la exposición de los bancos a criptoactivos propios, exigencias reforzadas de información precontractual y mecanismos de prueba de idoneidad para los usuarios minoristas. También se estudia la posibilidad de que las entidades actúen principalmente como intermediarias y custodias, mientras que la ejecución de las operaciones se canalice a través de plataformas especializadas que cumplan estándares de cumplimiento y prevención de lavado.
En paralelo, el organismo analiza cómo articular la nueva normativa con las reglas ya vigentes en materia de reporte de operaciones sospechosas, tributación y protección al consumidor financiero. Uno de los objetivos es evitar que la incorporación de criptoactivos al menú de servicios bancarios se traduzca en un aumento de los riesgos sistémicos o en episodios de alta volatilidad que afecten a ahorristas no sofisticados. Por eso, en los borradores preliminares se contempla la obligación de advertir con claridad que se trata de instrumentos volátiles, cuyos precios pueden registrar movimientos bruscos y que no cuentan con los mismos esquemas de garantía que los depósitos tradicionales.
El posible cambio de reglas también reordena la relación entre los bancos tradicionales y las nuevas plataformas financieras. En los últimos años, muchas fintech ofrecieron acceso a criptomonedas a través de sus aplicaciones, mientras que las entidades bancarias quedaron al margen por las restricciones regulatorias. Con un marco que habilite a ambos actores a competir en condiciones similares, el BCRA buscaría reducir tensiones entre sectores y promover una integración más ordenada entre el sistema financiero clásico y el ecosistema de activos digitales.
En el plano macroeconómico, la discusión se conecta con la estrategia oficial de ir normalizando gradualmente los controles cambiarios y modernizando el sistema de pagos. Dentro del Banco Central conviven miradas cautelosas, que advierten sobre la posibilidad de que un uso masivo de criptomonedas complique la transmisión de la política monetaria, con posturas más favorables a aprovechar la tecnología para ofrecer mejores servicios, siempre que exista un marco de supervisión adecuado. La regulación en estudio intenta equilibrar esas tensiones, con límites claros para preservar la estabilidad financiera.
En caso de concretarse, la nueva norma establecería que solo los bancos que cumplan determinados requisitos patrimoniales y operativos podrán ofrecer productos cripto a sus clientes. También se prevé un cronograma de implementación escalonado, con etapas de prueba y monitoreo intensivo antes de habilitar una expansión más amplia al resto del sistema. La autoridad monetaria mantendría la facultad de ajustar parámetros prudenciales si detecta comportamientos de riesgo excesivo o problemas de cumplimiento.
Para los usuarios, la aprobación del cambio implicaría la posibilidad de operar con criptomonedas directamente desde sus cuentas bancarias o homebanking, sin necesidad de transferir fondos a plataformas externas. Esa integración podría simplificar procesos, reducir costos de interoperabilidad y brindar mayor claridad respecto de la responsabilidad de cada intermediario en caso de fallas operativas o incidentes de seguridad. Al mismo tiempo, supondría someter estas operaciones a la misma trazabilidad fiscal y regulatoria que el resto de las transacciones financieras.
La eventual apertura del sistema bancario a los criptoactivos no elimina los riesgos asociados a este tipo de instrumentos, pero sí marca un cambio de enfoque por parte de la autoridad monetaria. En lugar de limitarse a prohibir, el Banco Central busca avanzar hacia un modelo de supervisión que combine innovación y resguardo de la estabilidad, en línea con las discusiones que se dan en otros países de la región y en los principales centros financieros del mundo. El resultado final dependerá del texto definitivo de la norma, de la capacidad de control del regulador y de la prudencia con la que los bancos decidan adoptar estas nuevas herramientas.