El equipo económico del Gobierno nacional analiza un cambio profundo en la regulación financiera que, de concretarse, permitiría por primera vez que los bancos ofrezcan a sus clientes operaciones en criptomonedas dentro del sistema formal. La discusión se da en un contexto de mayor apertura hacia los activos digitales y de búsqueda de nuevas herramientas para canalizar ahorro e inversión en pesos y en moneda extranjera a través de instrumentos regulados.
Hasta ahora, las entidades financieras estaban expresamente limitadas por normas del Banco Central que les impedían intermediar o facilitar transacciones con criptoactivos. Esa restricción favoreció el desarrollo de un ecosistema dominado por billeteras virtuales y plataformas especializadas, mientras los bancos quedaban al margen de un mercado que fue ganando volumen entre ahorristas minoristas y empresas que buscan diversificar su exposición cambiaria.
Según fuentes del sector consultadas por actores del mercado, el Gobierno estudia un esquema que habilite a los bancos a ofrecer compra y venta de criptomonedas, custodia de activos digitales y productos de inversión vinculados, siempre bajo requisitos de capital más exigentes, mecanismos de gestión de riesgo específicos y estándares reforzados de prevención de lavado de dinero. La idea es que la operatoria se realice dentro de canales regulados, con mayor trazabilidad y supervisión que la que hoy existe en segmentos informales o poco transparentes.
En los despachos oficiales destacan que cualquier cambio normativo deberá ser gradual y acompañado por lineamientos claros sobre qué tipo de activos se autorizarían, qué plataformas tecnológicas podrían utilizar los bancos y cómo se justificarían los movimientos de fondos frente a los organismos de control. En este punto, el rol del Banco Central y de las unidades antilavado será central para definir estándares que reduzcan la exposición a operaciones ilícitas o de alto riesgo.
Para las entidades financieras, la eventual apertura representa tanto una oportunidad comercial como un desafío de gestión. Por un lado, los bancos ven la posibilidad de recuperar terreno frente a las fintech en segmentos jóvenes y digitales, ofreciendo productos cripto integrados con cuentas tradicionales, tarjetas y otros servicios financieros. Por otro, advierten que incorporar esta gama de activos exigirá inversiones en infraestructura tecnológica, capacitación de equipos y ajustes en sus políticas de cumplimiento normativo.
Distintos especialistas en regulación financiera señalan que el movimiento se enmarca en una tendencia internacional: varias jurisdicciones avanzan en marcos que no prohíben a los bancos operar con criptoactivos, sino que establecen condiciones y límites claros. En esos modelos, las entidades deben informar de manera detallada los riesgos a sus clientes, mantener reservas adecuadas y someter sus plataformas a auditorías de ciberseguridad y calidad de datos, entre otros requisitos.
En el plano local, uno de los debates más sensibles pasa por el impacto que podría tener esta liberalización sobre la demanda de pesos y la estabilidad financiera. Algunos analistas sostienen que, si se habilita a los bancos a ofrecer criptoactivos sin un marco prudencial sólido, podría acelerarse la dolarización de carteras y aumentar la volatilidad de los flujos dentro del sistema. Otros, en cambio, plantean que la operatoria ya existe por fuera de los bancos y que incorporarla al perímetro regulado permitiría una supervisión más eficaz y herramientas adicionales para proteger a los usuarios.
En paralelo, voces de asociaciones de consumidores piden que cualquier modificación normativa priorice la transparencia y la información clara al público. Reclaman que los contratos detallen con precisión los riesgos de invertir en activos altamente volátiles, la inexistencia de garantías de rendimiento y las diferencias entre depósitos tradicionales y tenencias en criptomonedas, que no cuentan con la misma cobertura ni respaldo.
El sector tecnológico y las empresas vinculadas al mundo cripto siguen de cerca la discusión. Mientras algunas plataformas ven en la entrada de los bancos un posible competidor de peso, otras consideran que puede abrir puertas a acuerdos de integración, provisión de infraestructura y desarrollo conjunto de productos. La expectativa es que un esquema regulado permita una convivencia entre bancos y fintech, cada uno con su propuesta de valor, dentro de reglas más claras para todos los actores.
En el plano político, la iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia del oficialismo de promover un entorno promercado y de atraer inversiones vinculadas a la economía digital. Dirigentes afines al Gobierno sostienen que un marco regulatorio moderno para los activos digitales puede contribuir a formalizar operaciones, ampliar la base tributaria y posicionar a la plaza financiera local como un polo atractivo para empresas del sector.
Sin embargo, sectores de la oposición y economistas críticos advierten que el Estado debe evitar que la apertura se traduzca en una exposición excesiva del sistema financiero a activos cuya cotización puede sufrir oscilaciones bruscas. Plantean que, en un contexto de fragilidad social y altos niveles de endeudamiento, cualquier innovación financiera debería priorizar la estabilidad y la protección del ahorro, por encima de la búsqueda de ganancias de corto plazo.
La discusión regulatoria todavía se encuentra en una fase preliminar y no hay fechas definidas para la presentación de un proyecto concreto. No obstante, la sola posibilidad de que los bancos puedan intermediar en criptomonedas ya disparó análisis internos en las entidades y generó movimientos en el mercado, que descuenta que un eventual cambio normativo podría modificar la forma en que ahorristas y empresas administran su exposición a activos digitales.
Mientras se afinan los borradores y se escuchan opiniones de cámaras empresarias, bancos, reguladores y especialistas, el debate sobre el rol de las criptomonedas en el sistema financiero argentino vuelve a quedar en primer plano. El equilibrio entre innovación, competencia y estabilidad será el eje que defina el alcance de la reforma que el Gobierno se propone impulsar, en un momento en el que cada decisión regulatoria tiene impacto directo sobre la confianza de los inversores y la vida cotidiana de los usuarios financieros.