La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se encuentra en pleno proceso de discusión interna para definir cómo responderá al proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional alista para enviar al Congreso. Según anticiparon dirigentes de la central obrera, la estrategia combinaría la presencia en el debate parlamentario con eventuales medidas de fuerza si el texto definitivo avanza sobre derechos adquiridos de los trabajadores.
En declaraciones radiales, la secretaria de derechos humanos de la CGT, Maia Volcovinsky, sostuvo que las decisiones “no serán muy amables” si se confirma que el borrador flexibiliza condiciones de contratación, limita las indemnizaciones y habilita modalidades de trabajo con menor cobertura de seguridad social. La dirigente remarcó que la central espera conocer en detalle la versión que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, pero adelantó que ya se analizan distintos escenarios de protesta y negociación. citeturn1view0
De acuerdo con lo que trascendió en los últimos días, el proyecto oficial apuntaría a modificar aspectos clave de la legislación vigente, como la regulación de las jornadas, los períodos de prueba y la actualización de multas por empleo no registrado. En la CGT preocupa que esos cambios puedan traducirse en una pérdida de poder de negociación de los sindicatos, una reducción de los costos laborales para las empresas a costa de la protección del trabajador y un impacto negativo sobre los ingresos de los fondos de salud y las obras sociales sindicales. citeturn1view0turn0search39
Frente a este panorama, los integrantes de la mesa chica cegetista comenzaron a sondear posiciones entre las organizaciones que integran la central. En los gremios de servicios, transporte e industria conviven miradas distintas sobre el alcance de la reforma, pero predomina la coincidencia en que no se puede permitir un retroceso en materia de estabilidad laboral, licencias y condiciones de trabajo. Una de las opciones en estudio es convocar a un plenario ampliado para fijar una postura común antes de que se inicie el tratamiento legislativo.
La discusión sobre la reforma laboral se da, además, en un contexto económico complejo, marcado por la caída del poder adquisitivo del salario, la suba de tarifas y el freno de la actividad en varios sectores. Para la CGT, cualquier cambio que se introduzca en la normativa debe contemplar este escenario y evitar que el ajuste recaiga sobre los trabajadores formales. En ese sentido, varios dirigentes volvieron a insistir con la necesidad de avanzar en acuerdos sectoriales que combinen incentivos a la formalización con mecanismos de protección frente a la inflación. citeturn0search34turn0search27
En paralelo, los abogados laboralistas de la central sindical analizan los posibles canales de impugnación judicial en caso de que se apruebe un texto que, a su criterio, contravenga principios constitucionales o convenios internacionales firmados por la Argentina. No se descarta recurrir a presentaciones ante la Justicia del trabajo y, eventualmente, llegar a instancias superiores si se consideran vulneradas garantías básicas de protección social o de negociación colectiva.
El Gobierno, por su parte, defiende la necesidad de una reforma que, según plantea, permita reducir la litigiosidad laboral, facilitar nuevas formas de contratación e incentivar la creación de empleo registrado, especialmente para jóvenes y trabajadores de sectores con alta informalidad. En el oficialismo señalan que sin cambios en las reglas de juego será difícil que la economía genere el volumen de empleo privado formal que se necesita en los próximos años, aunque por el momento no se difundieron públicamente todos los detalles del proyecto. citeturn0search5turn0news1
Mientras tanto, en el Congreso los bloques de la oposición dialogan con la CGT y otros actores del mundo del trabajo para conocer sus planteos y evaluar posibles modificaciones. Algunos legisladores ya adelantaron que no acompañarán artículos que impliquen una merma de derechos para los trabajadores o la consolidación de figuras contractuales precarias. Otros sectores, en cambio, se muestran dispuestos a negociar una versión acotada de la reforma que avance sobre puntos específicos pero preserve el corazón de la legislación vigente.
En las próximas semanas, el grado de coordinación entre sindicatos, Gobierno y fuerzas políticas será clave para definir el alcance real de la reforma. Para la CGT, el desafío consistirá en sostener la presión en la calle sin romper todos los puentes de diálogo, mientras busca canalizar en el Congreso y en los tribunales su rechazo a cualquier iniciativa que considere regresiva en materia de derechos laborales.