La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a conjueces para intervenir en el expediente por el crimen de Julieta González, una joven asesinada en Mendoza en 2016, en una causa que podría redefinir el alcance de la figura de femicidio en la jurisprudencia argentina. La decisión, que surge ante la posibilidad de un fallo dividido entre los ministros del máximo tribunal, vuelve a poner en el centro de la agenda judicial el tratamiento de los casos de violencia de género y la manera en que los tribunales califican penalmente estos hechos.
El caso tiene como protagonista a Andrés Di Césare, condenado a prisión perpetua por el homicidio de González luego de que instancias judiciales anteriores descartaran la calificación de femicidio. La defensa del imputado acudió a la Corte con un recurso extraordinario para revisar esa decisión, cuestionando la forma en que se valoraron las pruebas y la calificación legal aplicada. La intervención de conjueces, una herramienta prevista para situaciones de posible empate o divergencias profundas entre los ministros, muestra la relevancia institucional que el tribunal asigna al expediente.
En los últimos años, la figura de femicidio se consolidó en el Código Penal argentino como respuesta a la violencia letal contra mujeres y diversidades, pero su aplicación concreta ha generado debates y criterios dispares según las jurisdicciones. La discusión abarca desde qué elementos son necesarios para acreditar que el homicidio se cometió por razones de género, hasta cómo se interpretan los vínculos previos entre víctima y agresor, el contexto de violencia y los antecedentes de amenazas o agresiones. La causa por el crimen de Julieta González se inscribe en este escenario y adquiere dimensión de caso testigo.
La convocatoria a conjueces implica que juristas externos al cuerpo estable participarán en la deliberación y en la firma del fallo, algo que no es habitual y que suele reservarse para causas de alto impacto jurídico o político. En este caso, la definición que adopte la Corte no solo tendrá consecuencias sobre la situación particular del condenado, sino que también puede influir en la forma en que los tribunales inferiores interpretan la figura de femicidio y en la consolidación de estándares más claros para abordar la violencia de género desde el sistema penal.
Organizaciones que acompañan a familiares de víctimas de femicidio y colectivos que siguen de cerca las causas por violencia de género advirtieron que el resultado del pronunciamiento será observado como una señal de la sensibilidad del sistema judicial frente a estos crímenes. Al mismo tiempo, en el ámbito académico y profesional se destaca que el máximo tribunal tiene la oportunidad de fijar criterios que brinden previsibilidad y eviten decisiones contradictorias entre distintas cámaras y tribunales provinciales a la hora de aplicar agravantes vinculados al género.
La causa también vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de las investigaciones penales en los primeros momentos posteriores a un hecho violento. En el expediente se discutió, entre otros aspectos, la reconstrucción de las últimas horas de la víctima, la valoración de los testimonios, la interpretación de rastros y pericias, y el encuadre jurídico de los hechos. Los especialistas señalan que, en los casos de violencia contra mujeres, la mirada con perspectiva de género en esas etapas iniciales puede ser decisiva para que los tribunales cuenten luego con elementos suficientes a la hora de determinar responsabilidades y agravantes.
Más allá del resultado concreto, la decisión de la Corte de asumir el caso y de recurrir a conjueces llega en un contexto en el que las estadísticas de femicidios y crímenes vinculados a la violencia de género siguen generando preocupación en todo el país. Los reclamos de los movimientos de mujeres y de organizaciones sociales han puesto el foco tanto en la prevención como en la respuesta institucional, reclamando una actuación más coordinada entre los poderes del Estado, la implementación efectiva de programas de protección y un Poder Judicial preparado para abordar estos casos con herramientas normativas y capacitación especializada.
En ese marco, el pronunciamiento que surja del máximo tribunal será leído no solo como una resolución técnica, sino también como un mensaje político-judicial sobre el lugar que ocupa la violencia de género en la agenda de la Justicia. El desafío para la Corte será combinar el análisis estricto del expediente con la responsabilidad de fijar pautas que refuercen la protección de las víctimas, respeten las garantías del proceso penal y contribuyan a reducir los márgenes de discrecionalidad que aún persisten en la calificación de hechos que, por su gravedad, interpelan a toda la sociedad.
Aviso legal: Este contenido es información periodística original y se encuentra protegido por la legislación vigente sobre propiedad intelectual. Se prohíbe su reproducción total o parcial, distribución o comunicación pública sin autorización expresa de sus titulares.