La causa por presuntas coimas y manejos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo clave en las últimas horas. El juez federal Sebastián Casanello rechazó los pedidos de nulidad y sobreseimiento presentados por la defensa del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y decidió mantener abierta la investigación por presunta corrupción en torno a contrataciones, pagos y posibles pedidos de sobornos vinculados a la estructura del organismo.
La defensa de Spagnuolo había solicitado que se anulara buena parte del expediente con el argumento de que los audios que originaron la denuncia se encontraban manipulados y habían sido obtenidos de manera ilegítima. Apoyada en un peritaje de parte, la estrategia apuntaba a instalar la idea de que el material estaba intervenido con herramientas de inteligencia artificial y que, en consecuencia, no podía ser utilizado como prueba válida. Sobre esa base, reclamó también el sobreseimiento definitivo del ex funcionario.
Casanello desestimó esos planteos al considerar que los argumentos ya habían sido analizados meses atrás, cuando otros imputados en la misma causa habían intentado una maniobra similar para frenar el proceso. En aquel momento, el juzgado había concluido que la denuncia inicial era válida, que no se había acreditado una violación concreta a derechos fundamentales y que las nulidades procesales deben interpretarse con criterio restrictivo. Ahora el magistrado reiteró que no surgieron hechos nuevos que justifiquen revisar lo ya resuelto.
En su resolución, el juez recordó que la investigación se originó a partir de la difusión pública de los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se lo escucha referirse a pagos indebidos, maniobras con expedientes y la presunta existencia de pedidos de dinero a proveedores. Esos registros motivaron la denuncia penal y dieron lugar a una serie de allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y toma de testimonios que ampliaron el mapa de responsabilidades dentro y fuera de la agencia.
La defensa del ex titular de la ANDIS había planteado que la incorporación de los audios vulneraba la doctrina conocida como “fruto del árbol envenenado”, según la cual la prueba obtenida de manera irregular contamina al resto del expediente. Casanello, en cambio, sostuvo que no se demostró la ilicitud de origen ni un perjuicio concreto para el imputado y remarcó que, en todo caso, la valoración definitiva del material deberá hacerse en el juicio oral, junto con el resto de la evidencia reunida.
La decisión judicial llega en un momento en el que la causa ANDIS concentra fuerte atención pública, tanto por la sensibilidad del área involucrada —la política de discapacidad y la administración de recursos para prestaciones sociales— como por los montos en juego. La investigación apunta a determinar si existió un circuito de intermediarios y funcionarios que exigían pagos o favores a cambio de acelerar trámites, habilitar contratos o direccionar negocios vinculados a servicios y equipamiento para personas con discapacidad.
Con el rechazo de la nulidad y el sobreseimiento, el expediente seguirá su curso con nuevas medidas de prueba y con la intervención de la Cámara Federal, que debe resolver las apelaciones presentadas por la defensa. Ese tribunal será el encargado de revisar, en una instancia superior, si los criterios utilizados por Casanello se ajustan a la jurisprudencia y a las garantías constitucionales, en particular en lo que respecta al uso de evidencia tecnológica y comunicaciones filtradas.
Más allá de la discusión técnica, el caso vuelve a poner en primer plano el debate sobre la integridad en organismos encargados de gestionar políticas para sectores vulnerables. Las sospechas de coimas y negocios indebidos en la ANDIS impactan de lleno en la confianza de las personas con discapacidad y de sus familias, que dependen de la transparencia en la asignación de recursos, en la aprobación de prestaciones y en la relación cotidiana con el Estado.
En los ámbitos especializados en justicia y transparencia se destaca que la respuesta de los tribunales frente a este tipo de escándalos resulta decisiva para desalentar prácticas ilegales. Un cierre anticipado de la causa, sostienen, hubiese enviado una señal de impunidad. En cambio, la decisión de mantener la investigación encendida y de seguir analizando el origen y el contenido de las pruebas se interpreta como un mensaje de que las denuncias de corrupción en áreas sensibles no quedarán archivadas sin revisión profunda.
De aquí en adelante, el avance de la causa ANDIS dependerá de cómo se articule el trabajo entre el juzgado federal, la fiscalía y la Cámara. En paralelo, el caso reaviva la discusión sobre la necesidad de fortalecer los controles internos en los organismos que administran programas sociales y presupuestos elevados, desde auditorías más frecuentes hasta canales seguros para denuncias y mecanismos de prevención de conflictos de interés. El desenlace de este expediente será seguido de cerca tanto por el mundo judicial como por las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
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