La Justicia laboral atraviesa una nueva etapa de tensión institucional en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos días, decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño profundizaron la discusión sobre qué tribunal tiene la última palabra en los conflictos del trabajo y cómo deben calcularse las indemnizaciones y los intereses derivados de accidentes laborales.
El punto de partida es un fallo de la Corte Suprema en la causa conocida como Levinas, en el que el máximo tribunal ratificó que las sentencias de los juzgados nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires pueden ser revisadas por el TSJ local cuando se discuten cuestiones de derecho común. El criterio, que ya venía apareciendo en precedentes anteriores, fue ahora reafirmado en el fuero laboral, alentando a las empresas demandadas a apelar en forma paralela ante la Corte y ante el máximo tribunal porteño.
A partir de este escenario, numerosos estudios jurídicos comenzaron a recomendar una estrategia de “doble vía”: recurrir tanto al TSJ de la Ciudad como a la Corte Suprema nacional, con el objetivo de ganar tiempo procesal y eventualmente obtener una resolución más favorable en uno de esos foros. Para los empleadores, la posibilidad de concentrar las apelaciones en la Justicia porteña puede implicar un cambio sustancial en el modo en que se revisan los fallos laborales dictados en los tribunales nacionales.
En paralelo, el propio TSJ de la Ciudad dictó un pronunciamiento relevante en materia de indemnizaciones por accidentes de trabajo, al resolver que el índice RIPTE —que toma la evolución promedio de los salarios formales— es el parámetro que debe emplearse para actualizar los intereses y montos adeudados. La decisión se aparta de la interpretación que sostienen otros tribunales y reaviva la discusión sobre qué indicadores deben utilizarse para preservar el valor real de las reparaciones.
La combinación de ambos movimientos generó lo que distintos especialistas describen como una “guerra de jueces” en el ámbito laboral: por un lado, la Corte Suprema ordena la apertura de la vía ante el TSJ porteño para las causas nacionales con sede en la Ciudad; por el otro, el propio TSJ adopta criterios propios sobre actualización e intereses que pueden diferir de los utilizados por la Justicia nacional del trabajo e incluso de la doctrina consolidada por el máximo tribunal federal en fallos anteriores.
Para los trabajadores y sus abogados, el principal riesgo es que se consolide un mapa fragmentado de jurisprudencia que derive en soluciones diferentes para casos similares según el tribunal que intervenga en la etapa de revisión. Advierten que, si las empresas logran concentrar las apelaciones en foros considerados más predecibles o más favorables a sus intereses, podría debilitarse el estándar de protección tradicionalmente asociado al fuero laboral.
Del lado de las empresas, en cambio, se destaca que la intervención del TSJ porteño aporta un marco de mayor previsibilidad y acota la discrecionalidad de los tribunales inferiores al fijar criterios claros sobre índices y tasas de actualización. En ese sentido, la validación del RIPTE como referencia para los intereses derivados de accidentes de trabajo es leída como una señal de ordenamiento del sistema, en un contexto marcado por la inflación y la volatilidad macroeconómica.
La discusión técnica sobre índices e intereses tiene consecuencias concretas tanto para las compañías como para los trabajadores. Una actualización más alta puede significar para los empleadores un incremento relevante en los pasivos laborales y en el costo de los acuerdos judiciales, mientras que para los empleados implica conservar la capacidad de compra de las indemnizaciones a lo largo del proceso. Por eso, cada definición sobre qué indicador utilizar se traduce en un cambio directo en los montos finales de cada litigio.
El debate se produce, además, en un momento en que el Poder Ejecutivo impulsa un paquete amplio de reformas en el mercado de trabajo y busca reducir la litigiosidad laboral como parte de una agenda de cambios estructurales. La respuesta de los tribunales al contenido de esas reformas, así como las decisiones sobre competencia y apelaciones, quedan así bajo la lupa de sindicatos, cámaras empresarias y especialistas en derecho del trabajo que observan con atención el rumbo de la jurisprudencia.
Entre los laboralistas gana espacio la idea de que la puja de competencias no se resolverá únicamente en los tribunales, sino que requerirá una intervención del Congreso para unificar criterios sobre qué órgano debe revisar las sentencias del fuero nacional del trabajo con sede en la Ciudad de Buenos Aires y qué índices o fórmulas deben aplicarse en materia de actualización. Sin una definición legislativa clara, pronostican que continuarán los fallos cruzados y la incertidumbre para quienes litigan.
En el corto plazo, se espera que nuevas causas en trámite lleguen tanto a la Corte Suprema nacional como al TSJ porteño, lo que permitirá observar si se consolida una línea de fallos convergente o si persiste la divergencia entre ambos tribunales. Mientras tanto, abogados, sindicatos y empresas adaptan sus estrategias procesales a un escenario donde la elección del camino recursivo puede ser tan determinante como el propio contenido del reclamo.
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