La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa vinculada a la tragedia ferroviaria de Once, luego de rechazar el último planteo presentado por su defensa. Con esta decisión, el máximo tribunal cerró de manera definitiva la discusión sobre la responsabilidad penal del exfuncionario y habilitó la etapa de ejecución plena de la pena.
El fallo desestimó un recurso de reposición interpuesto por los abogados de De Vido, que buscaban revertir la resolución anterior del propio tribunal. En aquella oportunidad, la Corte ya había considerado inadmisibles las impugnaciones tanto de la defensa como de la fiscalía y había ratificado la condena a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos.
La defensa había argumentado que existía un grave error en la valoración de los plazos y sostuvo que la acción penal debía considerarse prescripta. También planteó que el máximo tribunal conservaba facultades para revisar sus propias decisiones en situaciones excepcionales. Sin embargo, la Corte recordó que esa vía extraordinaria sólo se admite frente a escenarios serios e inequívocos, condiciones que entendió ausentes en este expediente.
Con la nueva resolución, el tribunal reafirmó que no correspondía reabrir la discusión sobre la condena y ratificó el marco fijado por el Tribunal Oral Federal que intervino en el juicio. De ese modo, volvió a colocarse en el centro del análisis la conducta del exministro en relación con el control de los fondos asignados al sistema ferroviario, más que los aspectos técnicos vinculados al siniestro.
De Vido había sido condenado en primera instancia por incumplir sus deberes de supervisión respecto de los recursos destinados a la concesionaria que operaba el ferrocarril Sarmiento en el momento del choque ocurrido en la estación de Once. El fallo señaló que el exfuncionario no garantizó el uso adecuado de los fondos, lo que derivó en un deterioro sostenido del servicio y en la ausencia de inversiones imprescindibles para la seguridad.
En ese juicio, el tribunal lo absolvió por el delito de estrago culposo vinculado directamente con el resultado fatal del accidente, pero lo responsabilizó como partícipe necesario de administración fraudulenta. Instancias posteriores de revisión mantuvieron ese criterio y se concentraron en ajustar la extensión de la pena, que finalmente quedó fijada en cuatro años de prisión efectiva.
La tragedia de Once, ocurrida en 2012, dejó decenas de muertos y centenares de heridos y se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la discusión sobre la responsabilidad estatal en la gestión de los servicios públicos. A partir de ese episodio se abrieron múltiples investigaciones penales que alcanzaron a directivos privados, funcionarios y autoridades de control, con sentencias que marcaron hitos en materia de responsabilidad por omisión.
La decisión reciente de la Corte se inscribe en esa línea de jurisprudencia que subraya el deber de control de quienes administran recursos públicos destinados a infraestructura y servicios esenciales. Al dejar firme la condena, el tribunal refuerza la idea de que la falta de supervisión adecuada puede acarrear consecuencias penales, más allá de que los funcionarios no intervengan de manera directa en la operación cotidiana del servicio.
En paralelo, la confirmación definitiva de la pena abre una nueva etapa procesal en la que los tribunales inferiores deberán avanzar con las medidas necesarias para la ejecución. Esto incluye la coordinación con el servicio penitenciario y la definición de condiciones bajo las cuales se hará efectiva la condena, en un marco en el que la defensa aún podría impulsar planteos vinculados a cuestiones de salud, edad u otras circunstancias personales.
Desde el punto de vista institucional, el cierre del caso contra De Vido en la causa Once envía un mensaje directo sobre la responsabilidad de los altos cargos en la planificación y el control de políticas públicas. El desenlace judicial se suma a otros fallos recientes que consolidan un estándar más exigente para quienes ocupan funciones de conducción en el Estado y gestionan presupuestos sensibles para la vida cotidiana de millones de personas.
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