El nuevo esquema de Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) definido por el Gobierno nacional abrió un frente de conflicto directo con la Confederación General del Trabajo (CGT). Tras el fracaso de la última reunión del Consejo del Salario, el Poder Ejecutivo fijó por decreto un piso inicial de $328.400 y una serie de aumentos mensuales hasta agosto de 2026. La central obrera respondió con un documento público en el que calificó la cifra como “insuficiente” y “desconectada de la realidad cotidiana de las y los trabajadores”.
La resolución oficial establece que el SMVM, que se mantenía congelado en $322.200 desde agosto, pasa a $328.400 desde noviembre y llegará a $334.800 en diciembre. Luego, el esquema prevé incrementos escalonados hasta alcanzar los $376.600 en agosto de 2026. En paralelo, también se actualizan los valores horarios para trabajadores jornalizados, que subirán gradualmente desde los $1.642 actuales hasta ubicarse por encima de los $1.880 en el tramo final del cronograma.
Para el Gobierno, el laudo busca aportar previsibilidad en un contexto de inflación elevada y evitar nuevas instancias de negociación en el corto plazo. Al fijar de antemano los ajustes hasta el segundo semestre de 2026, la administración libertaria intenta dar una señal de estabilidad a los empleadores, en especial a las pequeñas y medianas empresas que enfrentan costos crecientes y caída del consumo. La decisión, sin embargo, trasladó el malestar al plano sindical y reavivó la discusión sobre el nivel real de los salarios básicos.
La CGT, que venía reclamando una recomposición mucho más profunda, recordó que el salario mínimo funciona como piso para millones de trabajadoras y trabajadores formales y también como referencia para distintos programas sociales. Según los cálculos difundidos por la propia central, el nuevo valor fijado por decreto queda muy por debajo de la Canasta Básica Total que hoy se utiliza como parámetro para medir la pobreza, lo que significa que una familia que depende de ese ingreso no logra cubrir sus gastos esenciales de alimentación, vivienda, transporte y servicios.
En su comunicado, la conducción sindical advirtió que el laudo oficial consolida la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde los últimos años. Los gremios habían propuesto una actualización que, además de recuperar parte del terreno perdido, incorporara la inflación proyectada para los próximos meses. Esa alternativa incluía llevar el piso salarial a un nivel más cercano a la canasta básica y atar los tramos de aumento a la evolución de los precios. El Gobierno, en cambio, optó por un esquema cerrado, con un incremento total cercano al 17 % en diez meses, muy por debajo de las expectativas sindicales.
El debate sobre el salario mínimo no se limita a la puja entre Casa Rosada y CGT. También atraviesa a las cámaras empresarias, que participaron de la frustrada negociación en el Consejo del Salario. Mientras algunos sectores productivos del interior del país advertían sobre el impacto de cualquier suba brusca en la estructura de costos de las empresas más pequeñas, otros admitían que los niveles actuales de remuneraciones mínimas ya resultan insostenibles para sostener el mercado interno y la demanda de bienes y servicios.
Organizaciones sociales y movimientos territoriales se sumaron en las últimas horas al reclamo por una mejora más significativa. Para estos espacios, el nuevo piso del SMVM no sólo afecta a quienes trabajan en relación de dependencia, sino que también condiciona el monto de algunas prestaciones y programas orientados a sectores vulnerables. En los barrios populares, señalan, la brecha entre ingresos y precios de alimentos, medicamentos y tarifas se amplió al punto de erosionar la capacidad de compra incluso de quienes cuentan con empleo registrado.
En el plano político, la oposición cuestionó la decisión de avanzar por decreto sin un consenso mínimo entre trabajadores y empleadores. Dirigentes de distintos bloques sostienen que la definición del salario mínimo debería ser el resultado de un diálogo tripartito genuino y no de una imposición unilateral. Además, advierten que un piso demasiado bajo tiende a arrastrar a la baja el resto de las escalas salariales, presionando a la baja las paritarias futuras y profundizando la desigualdad en un contexto de alta informalidad laboral.
Desde el oficialismo, en cambio, insisten en que la prioridad es evitar que el aumento del SMVM se convierta en un disparador de mayor inflación. Señalan que la economía aún transita una etapa de corrección de precios relativos y que un salto brusco en los salarios mínimos podría trasladarse a la estructura de costos y, en última instancia, a los valores que pagan los consumidores. Bajo esa mirada, el esquema gradual elegido sería una forma de dosificar el impacto y ganar tiempo mientras se consolidan otras variables macroeconómicas.
La discusión de fondo, sin embargo, remite al rol que debe tener el salario mínimo en la estrategia de desarrollo del país. Para la CGT y otros actores del mundo del trabajo, el SMVM debería funcionar como una verdadera garantía de ingresos dignos y no como un simple parámetro administrativo. Según ese enfoque, un piso que queda cada vez más lejos del costo de vida genera un círculo vicioso: debilita el consumo, desalienta la formalización del empleo y termina afectando también la recaudación fiscal y los recursos del sistema de seguridad social.
En el corto plazo, la central obrera decidió no anunciar un plan de lucha inmediato, pero dejó abierta la puerta a nuevas medidas de presión si el Gobierno no reabre la discusión. En los próximos días, los gremios evaluarán en sus propios cuerpos orgánicos cómo responder a la decisión oficial, mientras siguen de cerca la evolución de la inflación y el impacto del nuevo esquema de aumentos en los recibos de sueldo. El escenario que se perfila es el de una negociación tensa, en la que el salario mínimo vuelve a convertirse en un termómetro de la puja distributiva y de la capacidad del Gobierno para sostener su programa de ajuste sin romper los canales de diálogo con el mundo del trabajo.
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