El Gobierno nacional formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso con el objetivo de tratar el Presupuesto 2026 y un amplio paquete de reformas que el Poder Ejecutivo considera centrales para la próxima etapa de su programa económico y político. La decisión, que se plasmó en un decreto publicado en el Boletín Oficial, abre un período de intensa actividad legislativa en pleno cierre del año parlamentario.
La hoja de ruta incluye como pieza principal al Presupuesto 2026, que el oficialismo busca aprobar antes de fin de año para enviar una señal de previsibilidad fiscal. El proyecto detalla las metas de resultado primario, el esquema de reducción del gasto, las proyecciones de recaudación y las prioridades de inversión en áreas sensibles como energía, infraestructura y políticas sociales focalizadas.
Junto con la ley de gastos y recursos, el temario incorpora una reforma laboral que el Gobierno presenta como un plan de modernización de las reglas de empleo. El borrador en discusión propone cambios en el esquema de indemnizaciones, nuevas modalidades de contratación y actualización de figuras vinculadas al trabajo remoto y a la economía de plataformas, con el argumento de reducir la litigiosidad y facilitar la creación de empleo formal.
Otro punto destacado del paquete es la denominada ley de inocencia fiscal, una iniciativa que apunta a limitar la aplicación retroactiva de criterios tributarios y a ofrecer mayores garantías a contribuyentes y empresas frente a reclamos impositivos. El oficialismo sostiene que esta norma busca dar mayor previsibilidad al sistema y reducir la discrecionalidad en la interpretación de la normativa fiscal.
En el terreno penal, el Poder Ejecutivo incluyó en el temario un proyecto de reforma del Código Penal con foco en delitos económicos, corrupción, narcotráfico y crimen organizado. La iniciativa propone actualizar figuras delictivas, revisar escalas de penas y reforzar herramientas para perseguir operaciones financieras complejas, en un contexto en el que la seguridad pública y la lucha contra el lavado se encuentran en el centro del debate público.
El listado también contempla modificaciones a la normativa ambiental, entre ellas cambios en el régimen de protección de glaciares y regulaciones vinculadas a grandes proyectos extractivos y energéticos. El Gobierno plantea que se trata de adecuaciones destinadas a compatibilizar el cuidado del ambiente con el desarrollo productivo, mientras que organizaciones sociales y referentes del sector ambiental advierten sobre el riesgo de retrocesos en los estándares de protección.
Dentro del paquete económico más amplio, sectores empresarios siguen con atención las discusiones sobre eventuales ajustes tributarios y la posibilidad de introducir incentivos específicos para la inversión, en particular los vinculados a energía, minería y economía del conocimiento. Distintas cámaras empresariales ven en las sesiones extraordinarias una oportunidad para avanzar en reglas de juego más estables, pero también señalan la necesidad de cuidar la carga impositiva sobre la producción.
En el plano político, la convocatoria a extraordinarias obligará al oficialismo a desplegar una estrategia de negociación fina con bloques aliados y opositores dialoguistas. La aprobación del Presupuesto 2026 y de las leyes más sensibles requerirá acuerdos puntuales, dado que el Gobierno no cuenta con mayorías propias en ninguna de las dos cámaras y debe construir apoyos caso por caso para evitar trabas o dilaciones.
Los gobernadores, por su parte, siguen de cerca el debate presupuestario y las reformas asociadas, ya que de su resultado dependerá el esquema de transferencias a las provincias, la continuidad de obras públicas y el diseño de programas de asistencia específicos. El reparto de recursos y la posibilidad de contemplar particularidades regionales se perfilan como ejes centrales de la negociación política.
Para la sociedad, el período de sesiones extraordinarias será un termómetro del rumbo que adoptará el Congreso frente al paquete de cambios propuesto por el Poder Ejecutivo. El nivel de consenso o de confrontación que surja del recinto no sólo definirá la suerte de las leyes en discusión, sino que también enviará señales al frente económico y al clima institucional de cara al próximo año.
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