La Corte Suprema de Justicia dictó en las últimas horas un fallo considerado histórico para la política ambiental argentina: ordenó al Estado nacional y a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe ejecutar medidas concretas para frenar las quemas en el Delta del río Paraná y diseñar, en forma conjunta, un plan integral de restauración y prevención. La decisión llega tras años de incendios reiterados en la región, con impactos severos sobre los humedales, la biodiversidad y la calidad del aire en numerosas localidades ribereñas. El máximo tribunal dispuso la responsabilidad compartida de los distintos niveles de gobierno, al considerar que los incendios en el Delta no son un fenómeno aislado ni estrictamente local, sino el resultado de prácticas sostenidas, falta de control y ausencia de coordinación eficaz entre jurisdicciones. En ese marco, la Corte ordenó la elaboración de un programa con plazos, metas verificables y mecanismos de monitoreo permanente, que deberá ser presentado y ejecutado por Nación y provincias de manera articulada. El fallo también hace foco en la protección de los humedales como ecosistemas clave. La zona del Delta del Paraná, que se extiende entre las provincias involucradas, funciona como una esponja natural que regula crecidas, almacena agua y alberga una gran diversidad de flora y fauna. Los incendios masivos registrados en los últimos años generaron pérdida de superficie boscosa, afectaron especies autóctonas y alteraron los equilibrios ambientales, con episodios de humo intenso que llegaron incluso a grandes centros urbanos. Organizaciones ambientalistas y especialistas en derecho ambiental venían reclamando una intervención más contundente de la Justicia frente a la reiteración de focos de incendio vinculados a prácticas productivas desordenadas, cambio de uso del suelo y falta de controles. El pronunciamiento de la Corte obliga ahora a pasar de la denuncia general a un esquema de gestión concreta, con compromisos asumidos por cada jurisdicción y responsabilidades administrativas claras. Entre las acciones que el fallo le exige al Estado nacional y a las provincias se encuentran el fortalecimiento de los sistemas de detección temprana de incendios, la implementación de patrullajes coordinados, la identificación de responsables en casos de quemas intencionales y la aplicación de sanciones efectivas. También se insta a revisar habilitaciones y usos del suelo en zonas sensibles, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de los humedales frente a prácticas que incrementan el riesgo de fuego. Los gobiernos provinciales, por su parte, deberán actualizar sus planes locales de manejo del fuego e integrar esa planificación dentro del esquema federal que ordena el máximo tribunal. En el plano técnico, se prevé la participación de institutos especializados, universidades y organismos científicos que ya vienen realizando relevamientos en la zona, a fin de contar con información precisa sobre el estado de los ecosistemas y las áreas prioritarias de intervención. Para las ciudades cercanas al Delta, el fallo representa una respuesta institucional a una problemática que en distintos momentos del año se expresa en forma de densas columnas de humo, reducción de visibilidad y problemas respiratorios, especialmente en niños, personas mayores y población con enfermedades preexistentes. En más de una oportunidad, autoridades sanitarias emitieron recomendaciones específicas durante episodios críticos, evidenciando que el impacto de las quemas excede el ámbito estrictamente ambiental. El desafío central será ahora traducir la decisión judicial en políticas públicas sostenidas. La coordinación entre la Nación y las provincias involucradas suele enfrentar dificultades en la práctica, tanto por cuestiones presupuestarias como por diferencias de prioridades y enfoques. Sin embargo, la sentencia fija parámetros claros y establece la obligación de informar avances, lo que añade un componente de control judicial a la implementación del plan. Desde el punto de vista institucional, el pronunciamiento de la Corte reafirma el rol del Poder Judicial en la protección de bienes colectivos como el ambiente, al tiempo que envía una señal a otros actores —productivos, municipales y sociales— sobre la necesidad de modificar prácticas que contribuyen a la degradación de los humedales. La expectativa de las organizaciones ambientalistas es que el fallo se convierta en un punto de inflexión y acelere discusiones pendientes en el Congreso, como el tratamiento de una ley nacional de humedales. Mientras se aguarda la definición de los detalles operativos, el escenario en el Delta del Paraná se perfila como un caso testigo sobre la capacidad del Estado argentino para articular políticas federales frente a problemas complejos que combinan dimensiones productivas, ambientales, sanitarias y de gobernanza. El cumplimiento efectivo del fallo será, en los próximos meses, una prueba concreta de esa capacidad.
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