El oficialismo comenzó a mover sus fichas de cara a 2026 y ya trabaja en un paquete de por lo menos diez proyectos de ley que, si llegan al Congreso, reabrirán debates sensibles sobre trabajo, educación, medio ambiente y propiedad de la tierra. La hoja de ruta se viene elaborando en los ministerios de Economía, Desregulación y Capital Humano, y busca capitalizar el nuevo equilibrio parlamentario surgido tras las últimas elecciones. La señal política se leyó con claridad en la última aparición del presidente en el Parlamento, donde volvió a reivindicar su agenda de reformas estructurales y dejó entrever que la próxima etapa se apoyará en leyes específicas, enviadas de forma escalonada, en lugar de una nueva iniciativa “ómnibus” como la que en su momento concentró la discusión de la Ley de Bases. La idea, según explican en la Casa Rosada, es ordenar la discusión alrededor de bloques temáticos y reducir los puntos de conflicto en cada votación. El corazón del paquete es la reforma laboral. El Gobierno trabaja en cambios sobre la ley de Contrato de Trabajo con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad y dar mayor previsibilidad a las empresas en materia de costos de despido. Entre los ejes en análisis aparecen la revisión de lo que definen como “zonas grises” a la hora de calcular indemnizaciones, la limitación de recargos que incrementan los montos finales y una redefinición de los criterios que los jueces pueden aplicar en los conflictos. El diseño contempla también la discusión sobre la vigencia de los convenios colectivos. Una de las ideas que circula en los equipos técnicos es modificar el principio de “ultraactividad”, que mantiene vigentes los acuerdos aún después de su vencimiento, y avanzar hacia un esquema donde los convenios por empresa o por región puedan tener prioridad sobre los de alcance general. Para el Gobierno, se trata de herramientas que permitirían adaptar las relaciones laborales a realidades productivas muy distintas; para sindicatos y sectores opositores, un punto potencial de fuerte resistencia. La agenda laboral se complementaría con un capítulo tributario orientado a bajar cargas sobre el empleo formal, como forma de incentivo a la registración. En paralelo, se proyecta enviar una nueva ley de Presupuesto, luego de varios años sin una “ley de leyes” aprobada en tiempo y forma, y dos iniciativas que el Gobierno ya había mencionado pero que nunca llegaron al recinto: un esquema de “blanqueo” simplificado de activos para captar ahorros en moneda extranjera y una regla fiscal que limite el gasto sin financiamiento respaldado. Otro bloque de medidas apunta al marco regulatorio sobre recursos naturales y propiedad de la tierra. En los borradores en circulación figura la revisión de la ley de glaciares, con la intención de que sean las provincias quienes definan con mayor precisión qué áreas son consideradas periglaciares y qué tipo de actividades pueden desarrollarse en esos territorios. También se estudia la eliminación o modificación profunda de la ley que fija límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, con el argumento de facilitar la llegada de inversiones de gran escala en sectores productivos. El programa legislativo incluiría, además, cambios en la normativa sobre cabotaje de barcos, una materia que interesa de manera directa a empresas vinculadas al transporte y a la logística. El objetivo oficial es abrir la puerta a mayores niveles de competencia en el traslado de mercaderías dentro del país y modernizar reglas que, según la visión del Gobierno, encarecen los costos de exportación e importación. La reforma educativa es otro de los capítulos que promete tensión política. Los equipos de Capital Humano trabajan en ajustes sobre la ley de educación nacional para ampliar el margen de acción de las provincias. En ese marco se analizan alternativas como la habilitación plena de modalidades de educación a distancia, la incorporación de sistemas de vouchers, esquemas de pasantías laborales y herramientas para que las familias puedan acceder a información comparativa sobre desempeño de las escuelas. Cada uno de esos puntos abre discusiones de fondo sobre el rol del Estado, la equidad en el acceso y la evaluación de aprendizajes. Un apartado específico del paquete está vinculado al acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos que el Gobierno busca cerrar. El compromiso con Washington implicaría adaptar la legislación argentina a estándares internacionales en materia de patentes, marcas y semillas, incluyendo la adhesión a nuevos tratados y la revisión de regulaciones vigentes sobre propiedad intelectual. Empresas farmacéuticas, tecnológicas y del sector agrícola siguen de cerca esa agenda, que podría redefinir condiciones de competencia y plazos de protección para innovaciones y desarrollos. En paralelo, se proyecta fortalecer el capítulo de responsabilidad fiscal y penal sobre funcionarios públicos. Entre las ideas en evaluación figura tipificar como delito la aprobación de gastos sin una fuente de financiamiento clara y la utilización de emisión monetaria para cubrir desequilibrios del Tesoro, con el objetivo de enviar una señal de disciplina presupuestaria al mercado y a los organismos internacionales. La estrategia oficial prevé que estos proyectos se empiecen a discutir desde el verano, a través de un llamado a sesiones extraordinarias, y que luego se desplacen hacia el período ordinario ya con un abanico de negociaciones abiertas con gobernadores y bloques legislativos. El método será “ley por ley”, con tiempos propios para cada iniciativa y margen para introducir cambios en comisión, en busca de sumar apoyos parciales aun cuando no exista un consenso amplio sobre el conjunto de la agenda. En la oposición, las primeras reacciones combinan cautela con advertencias. Algunos sectores anticipan resistencias firmes ante cualquier intento de flexibilizar normas ambientales o laborales, mientras otros reclaman información detallada antes de sentar posición. Gobernadores y legisladores provinciales, por su parte, observan con atención qué beneficios o recursos concretos podrán obtener a cambio de acompañar reformas que, en muchos casos, impactan directamente en sus territorios. Lo que aparece claro es que el paquete de las diez leyes marcará buena parte del pulso político del año próximo. Para el Gobierno, representa la oportunidad de avanzar en un segundo capítulo de reformas luego de la estabilización macroeconómica y de enviar señales de continuidad a los mercados. Para la oposición y los actores sociales, será el terreno donde se pondrán a prueba los límites del consenso posible sobre el rumbo institucional, económico y social de la Argentina en la etapa que se abre.