Un nuevo almuerzo de trabajo entre el equipo económico del Gobierno y los principales referentes del empresariado argentino volvió a poner en primer plano una tensión que se repite desde hace meses: el apoyo explícito al programa de estabilización convive con un reclamo cada vez más urgente por medidas concretas que reactiven la actividad y alivien la presión impositiva sobre la producción y el consumo.
Durante el encuentro, el ministro de Economía defendió el rumbo aplicado en el último año, con especial énfasis en la baja de la inflación, la recomposición de reservas y el objetivo de alcanzar un superávit fiscal sostenido. Para la dirigencia empresaria, esos logros son valorados como una condición necesaria para salir de la crisis, pero no suficientes para apuntalar un mercado interno que aún muestra caída de ventas, dificultades de financiamiento y signos de fatiga social.
En los pasillos del encuentro se repitió una idea que ya se escucha en cámaras industriales, comerciales y de servicios: la estabilidad macroeconómica “no llena las cajas” si no va acompañada por un rebote más claro de la demanda. Representantes de sectores vinculados al consumo masivo describen un escenario en el que los costos siguen siendo altos, la carga tributaria se mantiene pesada y el público ajusta al máximo sus gastos, especialmente en rubros no esenciales.
Los pedidos se concentraron en tres ejes: acelerar una agenda de reactivación que incluya incentivos específicos para la inversión y el empleo, reducir impuestos que consideran distorsivos y brindar mayor previsibilidad sobre las reglas que regirán en los próximos años. En particular, volvieron a estar bajo la lupa tributos como los impuestos provinciales sobre la facturación y las cargas sobre las exportaciones, que empresarios industriales y del campo describen como un obstáculo para planificar proyectos de mediano plazo.
La tensión se potencia porque el Gobierno insiste en que no está dispuesto a poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas. Funcionarios del área económica reiteran que cualquier alivio fiscal debe ser compatible con las metas comprometidas con los organismos internacionales y con la hoja de ruta de reducción del déficit. Ese mensaje genera respaldo en parte del empresariado, que teme un regreso a etapas de desorden macroeconómico, pero también abre interrogantes sobre cuán rápido podrán llegar los alivios demandados.
La discusión sobre impuestos se cruza con el debate por la competitividad. Dirigentes fabriles plantean que, en un contexto de tasas de interés todavía altas y financiamiento caro, sostener proyectos de ampliación de capacidad o incorporar nuevas tecnologías se vuelve complejo si no se corrige el peso de tributos acumulados en cada eslabón de la cadena. En sectores como la construcción y la logística, además, señalan la necesidad de definir con claridad qué obras de infraestructura se priorizarán y cómo se financiarán en los próximos años.
El agro, por su parte, sigue de cerca las decisiones sobre retenciones y tipos de cambio diferenciales. Dirigentes del sector recuerdan que las decisiones sorpresivas de los últimos meses generaron oportunidades puntuales para algunos actores, pero advierten que la falta de un esquema estable desalienta inversiones en tecnología, almacenamiento y agregado de valor en origen. La expectativa de una nueva campaña agrícola más favorable convive con la preocupación por los costos logísticos y la presión impositiva sobre cada embarque.
En el terreno del mercado interno, representantes del comercio y de las pymes describen una realidad más áspera. Muchos negocios señalan que, aun cuando los precios se moderaron, las familias siguen priorizando el pago de servicios, alquileres y deudas por sobre las compras de bienes durables o de consumo discrecional. La combinación de salarios que se recomponen lentamente, empleo informal y caída del crédito al consumo deja poco margen para una recuperación rápida de las ventas minoristas.
Entre los grandes jugadores financieros e industriales, la reunión dejó también un mensaje hacia el Gobierno: el apoyo político al plan económico está atado a la expectativa de que, en los próximos meses, se delimiten con mayor precisión las reformas estructurales pendientes. La modernización del régimen laboral, los incentivos a la formalización del empleo, la simplificación del sistema tributario y la mejora de la seguridad jurídica aparecen como capítulos centrales de esa agenda que, según los empresarios, todavía no tiene tiempos claros.
Algunos ejecutivos advierten que, sin una señal más contundente de reactivación, será difícil sostener indefinidamente el respaldo social a la estrategia oficial. El sector privado observa con atención el clima en la calle, las negociaciones salariales y la situación de la economía real en las provincias, donde la recaudación local y la actividad de las pymes muestran marcadas disparidades. En ese contexto, las decisiones sobre tarifas, subsidios y gasto público se leen también en clave política y social, no solo económica.
Pese a las críticas, en el encuentro prevaleció la idea de que una ruptura abierta entre el Gobierno y el empresariado no beneficia a nadie. Las cámaras de comercio, industria, servicios y agro sostienen que el diálogo debe mantenerse y que los cruces retóricos no deberían impedir avances concretos. Pero detrás de los gestos de cordialidad y de las fotos protocolares, crece la sensación de que el tiempo para mostrar señales de recuperación se acorta y que la paciencia de empresas y consumidores será un factor clave en los próximos meses.
Por ahora, la hoja de ruta oficial se apoya en la continuidad del programa de estabilización, la búsqueda de financiamiento externo para afrontar vencimientos de deuda y el objetivo de consolidar un cambio de expectativas hacia el futuro. Del otro lado, el empresariado insiste en que ese horizonte solo será creíble si se traduce en reglas claras, alivio tributario gradual y un entorno donde la inversión productiva vuelva a ser una apuesta razonable y no un salto al vacío.
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