El Gobierno presenta el texto de la reforma laboral y abre otra pulseada en el Congreso

El Gobierno nacional presentó en las últimas horas el texto de su reforma laboral ante el denominado Consejo de Mayo y se prepara para enviar el proyecto al Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas para diciembre. La iniciativa se inscribe en la agenda de cambios económicos y regulatorios que el oficialismo busca aprobar antes de fin de año y vuelve a tensar la relación con los sindicatos y parte de la oposición parlamentaria.

Según el borrador que circula entre legisladores y especialistas, el esquema apunta a modificar aspectos clave del régimen de contratación y de los aportes sindicales, con el argumento de reducir litigiosidad, promover nuevas modalidades de empleo y dar mayor previsibilidad a las empresas. El texto también introduce cambios en indemnizaciones, fondos de cese y mecanismos de resolución de conflictos, junto con capítulos específicos sobre registración laboral y simplificación administrativa para pymes.

La reforma laboral no llega sola. Forma parte de un paquete más amplio de iniciativas que el Poder Ejecutivo quiere tratar en el Congreso durante las extraordinarias, entre ellas ajustes en el Presupuesto 2026, la revisión de regulaciones vinculadas al transporte fluvial y la actualización de normas sobre seguros y propiedad intelectual. En la Casa Rosada destacan que el objetivo es “modernizar el marco normativo” para alinearlo con la nueva estrategia económica y de inserción internacional del país.

Del lado sindical, la reacción no se hizo esperar. Las centrales obreras y los gremios estatales ya habían anunciado medidas de fuerza para este 9 de diciembre en rechazo al rumbo de la reforma y reclaman que cualquier cambio en la legislación laboral sea discutido en una mesa tripartita con representación plena de trabajadores y empleadores. Dirigentes gremiales advierten que el proyecto puede debilitar la negociación colectiva y reducir la capacidad de financiamiento de las organizaciones sindicales.

Para el oficialismo, en cambio, la discusión es presentada como una condición necesaria para sostener el proceso de desinflación y mejorar el clima de inversión. Voceros del Gobierno sostienen que el mercado de trabajo arrastra altos niveles de informalidad, empleo precario y costos judiciales elevados, y que una reforma integral podría facilitar la creación de puestos formales en sectores que hoy operan con alto componente de economía en negro o con contratos temporarios encadenados.

En el plano político, el envío del proyecto al Congreso abre una nueva negociación con los bloques dialoguistas y los gobernadores, que ya vienen conversando con la Casa Rosada sobre el Presupuesto 2026 y la distribución de recursos fiscales. Algunos sectores de la oposición moderada admiten que están dispuestos a discutir cambios laborales, pero piden resguardar derechos básicos como la estabilidad de ciertas ramas de actividad, las licencias y la cobertura previsional, además de exigir un cronograma claro de aplicación.

Entre los puntos más sensibles se encuentran el esquema de aportes obligatorios a las obras sociales y a los sindicatos, el alcance de los convenios colectivos de actividad y la posible ampliación de figuras de contratación más flexibles. Analistas laborales señalan que la letra chica de estos artículos definirá si la reforma se percibe como un incentivo a la formalización del empleo o como una reducción de la protección para los trabajadores, en un contexto en el que el poder adquisitivo todavía no se recupera plenamente.

La convocatoria a sesiones extraordinarias agrega presión sobre los tiempos de tratamiento. El oficialismo aspira a lograr dictamen en comisiones antes de Navidad y avanzar luego hacia el recinto, pero fuentes parlamentarias reconocen que el cronograma dependerá del nivel de consenso que se logre en torno al proyecto. Si las diferencias se profundizan, no se descarta que la discusión se traslade a los primeros meses de 2026, combinada con otras reformas estructurales que el Gobierno ya adelantó.

En paralelo, organizaciones empresariales siguen con atención el desarrollo del debate. Mientras algunas cámaras ven con buenos ojos la posibilidad de acotar costos legales y flexibilizar ciertos esquemas de contratación, otras alertan sobre la necesidad de evitar cambios bruscos que generen incertidumbre adicional en un momento en que la actividad todavía muestra señales mixtas. En cualquier caso, coinciden en que una nueva normativa debería acompañarse de reglas macroeconómicas previsibles y de una menor presión tributaria.

En las próximas semanas, el eje de la discusión pasará por el Congreso, donde se cruzarán los argumentos sobre competitividad, derechos laborales y equilibrio fiscal. El resultado no solo definirá el contenido final de la reforma, sino también el margen político del Gobierno para avanzar con el resto de su agenda legislativa. En un escenario de expectativas frágiles y demandas sociales en aumento, cada votación será leída como una señal sobre la capacidad oficial de construir mayorías y sostener su programa de cambios.