El Gobierno nacional anticipó que en 2026 buscará incrementar la inversión pública por encima de la inflación, con el sistema ferroviario como uno de los principales destinos de recursos. La definición se conoció a partir de presentaciones internas del equipo económico ante gobernadores y legisladores, donde se detalló que el objetivo es consolidar un programa de obras que ya incluye compras de material rodante, renovación de vías y mejoras en estaciones clave del Área Metropolitana de Buenos Aires y de varios corredores del interior del país.
La apuesta por el ferrocarril se apoya en dos argumentos centrales: por un lado, la necesidad de fortalecer el transporte de pasajeros en grandes centros urbanos, donde la congestión y los costos energéticos presionan sobre el sistema de movilidad; por otro, la intención de mejorar la competitividad del transporte de cargas para la producción agroindustrial, minera y energética. Desde el Ministerio de Economía sostienen que una red ferroviaria más moderna y confiable puede reducir costos logísticos y aliviar la presión sobre las rutas nacionales.
En los últimos meses, el Ejecutivo ya había confirmado la decisión de avanzar con la compra de nuevas formaciones para las líneas que operan en el AMBA, acompañadas por paquetes de mantenimiento y provisión de repuestos. A ese esfuerzo se suma ahora la planificación de obras de infraestructura dura, que incluyen recambio de durmientes, mejoras en pasos a nivel, sistemas de señalización más seguros y trabajos de accesibilidad en estaciones con alto flujo de usuarios. La intención oficial es que estos proyectos tengan continuidad durante todo 2026.
Fuentes del área de Transporte explican que la estrategia combina financiamiento con fondos del Tesoro, créditos internacionales y esquemas de participación público-privada en determinados corredores. El Gobierno busca mostrar que la inversión ferroviaria no sólo tiene impacto social, al mejorar el servicio para pasajeros, sino también un retorno económico medible a través del ahorro de combustible, la reducción de tiempos de viaje y la menor presión sobre la infraestructura vial, cuyos costos de mantenimiento también son elevados.
En paralelo, el equipo económico trabaja en la letra fina del presupuesto del próximo año, donde se prevé una asignación de recursos de capital que crezca en términos reales. El desafío es compatibilizar ese incremento con las metas de equilibrio fiscal que el oficialismo se comprometió a sostener. Para lograrlo, se evalúan recortes en gastos corrientes de baja eficacia y una reorientación de partidas hacia proyectos considerados estratégicos, entre ellos los vinculados al sistema ferroviario de pasajeros y cargas.
Gobernadores y representantes provinciales observaron con atención las proyecciones presentadas por el Gobierno, ya que muchas de las obras en carpeta atraviesan territorios del interior. En varias provincias se destacan trazados ferroviarios que podrían recuperar protagonismo en el transporte de granos, minerales y combustibles. Los mandatarios locales reclaman que la inversión se distribuya de manera equilibrada y que se prioricen los corredores que permitan conectar puertos, parques industriales y zonas productivas alejadas de los grandes centros urbanos.
Especialistas en infraestructura advierten que el éxito del plan dependerá no sólo de la magnitud de los fondos comprometidos, sino también de la capacidad de ejecución. Señalan que proyectos ferroviarios de este tipo requieren licitaciones transparentes, cronogramas de obra realistas y mecanismos de control que aseguren la calidad de los trabajos. También subrayan la importancia de coordinar las intervenciones con municipios y provincias para minimizar las molestias a los usuarios durante las etapas de obra y evitar cuellos de botella en accesos y pasos a nivel.
En el sector privado, empresas vinculadas a la construcción, la industria metalmecánica y los servicios de ingeniería siguen de cerca la definición de los pliegos y las características técnicas de las obras que se licitarán. Algunas ven la posibilidad de participar en consorcios mixtos con compañías internacionales; otras ponen el foco en la oportunidad de ampliar su capacidad productiva a partir de contratos de largo plazo. La previsibilidad del flujo de pagos y la estabilidad de las reglas de juego aparecen como condiciones clave para atraer inversiones.
En términos sociales, la extensión de la red y la mejora de frecuencias podría aliviar la situación de millones de usuarios que dependen del transporte público para acceder al trabajo, el estudio y los servicios básicos. Organizaciones de usuarios y especialistas en movilidad urbana destacan que la modernización ferroviaria permite integrar políticas de seguridad vial, accesibilidad para personas con movilidad reducida y planificación territorial de mediano plazo, especialmente en zonas donde el crecimiento urbano fue desordenado en las últimas décadas.
No obstante, persisten interrogantes sobre la capacidad del Estado para sostener en el tiempo un nivel alto de inversión en infraestructura mientras enfrenta demandas sociales urgentes y la necesidad de consolidar la estabilidad macroeconómica. Analistas señalan que cualquier tropiezo en la recaudación o en el financiamiento externo podría obligar a reprogramar obras o a extender plazos, lo que afectaría el impacto inmediato del plan sobre la actividad económica y el empleo en la construcción y las industrias proveedoras.
Desde el oficialismo sostienen que la clave está en elegir proyectos con alto retorno económico y social, capaces de impulsar el crecimiento regional y fortalecer la integración del país. Argumentan que una estrategia basada sólo en el ajuste del gasto corriente no alcanza para consolidar la salida de la recesión, y que la inversión pública, bien dirigida, puede funcionar como un motor para la participación del sector privado en nuevas iniciativas logísticas y productivas vinculadas al ferrocarril.
En los próximos días se espera que el Ministerio de Economía y la cartera de Transporte detallen el cronograma de obras y licitaciones previstas para 2026, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación. Mientras tanto, el debate sobre el rol de la inversión pública vuelve a ubicarse en el centro de la agenda económica: el desafío será lograr que el impulso al sistema ferroviario se traduzca en beneficios concretos para usuarios, empresas y provincias, sin desbordar las cuentas fiscales ni comprometer la estabilidad alcanzada en otras variables macroeconómicas.