Los gremios estatales anunciaron un nuevo plan de lucha que incluirá paros, asambleas y movilizaciones en distintos puntos del país para exigir mejoras salariales y la actualización de las asignaciones familiares. Las organizaciones sindicales aseguran que la pérdida del poder adquisitivo supera ampliamente las correcciones aplicadas hasta el momento y advierten que, sin una respuesta concreta del Gobierno, el conflicto podría escalar en las próximas semanas. La medida fue confirmada tras una reunión plenaria en la que participaron representantes de organismos nacionales, docentes, trabajadores de salud y personal de distintas áreas de la administración pública. El diagnóstico fue unánime: los salarios quedaron muy por debajo de la inflación acumulada y, según los gremialistas, no existe margen para seguir postergando una recomposición integral. Las organizaciones sostienen que la negociación salarial se encuentra estancada y que la última propuesta de actualización fue considerada insuficiente. En particular, reclaman que el Gobierno reactive una cláusula que permita ajustar los sueldos en forma automática en función de la inflación mensual, mecanismo que —afirman— permitiría preservar el poder de compra hasta que se alcance un acuerdo de fondo. El reclamo salarial se complementa con otro pedido: la actualización urgente de las asignaciones familiares, que también habrían quedado rezagadas respecto de la suba del costo de vida. Según explicaron las entidades del sector público, miles de trabajadores con hijos reciben montos que consideran "desactualizados" y "muy por debajo" de lo necesario para cubrir gastos básicos de educación, alimentación y cuidados. En el comunicado difundido por las organizaciones, se señala que la falta de reconocimiento salarial impacta de manera directa en áreas críticas del Estado, como salud, educación, asistencia social y organismos de control. “No se trata sólo de una discusión de bolsillo; hablamos de garantizar el funcionamiento básico de servicios que dependen del compromiso de trabajadores que hoy no llegan a fin de mes”, remarcaron. El plan de lucha incluirá un paro nacional de 24 horas, cuya fecha será anunciada en los próximos días. También se llevarán adelante asambleas informativas en los lugares de trabajo, movilizaciones frente a ministerios y organismos centrales, y una jornada federal de protesta con acciones simultáneas en todas las provincias. Desde el Gobierno, por ahora, se mantienen cautos. Funcionarios del área económica y de la cartera laboral señalaron que la administración enfrenta restricciones presupuestarias y que cualquier incremento en la masa salarial debe ser analizado con “prudencia fiscal”. No obstante, se mostraron dispuestos a retomar el diálogo en los próximos días para intentar evitar que el conflicto derive en una paralización de servicios esenciales. Especialistas en relaciones laborales advierten que el desfasaje entre salarios y precios se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión dentro del sector público. Señalan que, en un contexto de inflación persistente, las negociaciones paritarias requieren mecanismos más dinámicos para evitar que los acuerdos queden rápidamente obsoletos. Las asociaciones que nuclean a trabajadores estatales también insisten en que la respuesta del Gobierno tendrá un impacto directo sobre las discusiones salariales en provincias y municipios, donde la situación es igualmente delicada. En muchos distritos, los gremios ya analizan medidas similares ante la falta de avances en las negociaciones locales. El conflicto salarial en el sector público se desarrolla, además, en un clima social marcado por aumentos de tarifas, presión impositiva y una oferta laboral que no logra absorber la demanda en el sector privado. Para los gremios, la recomposición salarial es una condición indispensable para evitar un deterioro mayor en los niveles de consumo y en la prestación de servicios fundamentales. En los próximos días, las organizaciones sindicales convocarán a nuevas reuniones para definir el cronograma de protestas y evaluar el estado de la negociación con el Gobierno. Si no se produce un acercamiento entre las partes, anticipan que el plan de lucha podría extenderse durante todo el verano, afectando el funcionamiento de oficinas públicas, escuelas y hospitales.