La Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado de supervisar a asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro, volvió a poner bajo la lupa la situación contable de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Tras años de reclamos por la falta de información detallada en los balances y por estados contables sin aprobación, el organismo decidió intensificar sus requerimientos y evalúa la apertura de un sumario formal por presuntas irregularidades.
De acuerdo con fuentes oficiales, en los próximos días la IGJ enviará una nueva intimación para que la conducción de la AFA brinde precisiones sobre rubros contables que figuran de manera global en sus estados financieros. El foco está puesto en partidas millonarias vinculadas a gastos administrativos, erogaciones para las selecciones nacionales, transferencias a organismos internacionales y el financiamiento de distintas actividades del fútbol argentino.
Los expedientes administrativos abiertos en los últimos años ya habían exigido la apertura de esos rubros, así como la regularización de varios ejercicios contables que siguieron sin la aprobación formal requerida. La novedad es que ahora el organismo analiza encuadrar los nuevos requerimientos dentro de una actuación sumarial, una herramienta prevista en la Ley 22.315 que habilita a investigar de manera más profunda el cumplimiento de las obligaciones estatutarias y contables de las entidades sujetas a control.
Un eventual sumario permitiría a la IGJ evaluar si la AFA omitió información relevante, no respondió adecuadamente a las intimaciones previas o incurrió en incumplimientos que comprometan la transparencia de su administración. Ese proceso puede derivar en distintas sanciones, que van desde observaciones y advertencias hasta multas económicas y la no aprobación de los estados contables, con impacto directo en la vida institucional de la entidad.
El capítulo contable se cruza además con la discusión sobre la jurisdicción bajo la cual debe ser fiscalizada la AFA. Según señalan en el Gobierno, la conducción de la entidad avanzó en los últimos años con trámites en la provincia de Buenos Aires, incluido el desarrollo de asambleas, mientras sostenía que su sede se encontraba bajo la órbita local. Para la IGJ, ese movimiento no fue acompañado por los pasos formales necesarios, como la inscripción completa de las reformas estatutarias y la regularización de la última comisión directiva.
En ese marco, el organismo pretende dejar por escrito que, hasta que no se concluya ese proceso de manera integral, la AFA continúa bajo su fiscalización y debe responder a todos los pedidos de información que se le formulen. La discusión no es meramente técnica: detrás de la definición sobre la jurisdicción se juega qué organismo estatal tiene capacidad efectiva de control sobre el manejo de los recursos y las decisiones de la conducción del fútbol argentino.
En la Casa Rosada buscan, por ahora, desactivar cualquier lectura extrema sobre el conflicto. Funcionarios del Ejecutivo remarcan que no está en análisis promover una intervención de la AFA ni avanzar con medidas judiciales inmediatas, y que el énfasis está puesto en lograr que la entidad entregue la información contable que se le reclama. El mensaje oficial apunta a que se trata de un esfuerzo por fortalecer la transparencia y no de una disputa directa por el control del organismo.
Desde la órbita política, el caso se sigue con atención por el creciente peso económico y simbólico del fútbol en la Argentina. Los montos involucrados en la discusión contable, que incluyen partidas en dólares registradas en forma global desde hace varios años, dan cuenta de la magnitud del negocio que administra la AFA. En el Gobierno señalan que la expectativa es que la entidad ordene sus números y despeje cualquier duda sobre el destino de los fondos, en un contexto de sensibilidad social frente al uso de recursos vinculados al deporte más popular del país.
Para la dirigencia del fútbol, en tanto, el endurecimiento del tono de la IGJ suma presión sobre una agenda ya cargada de frentes abiertos. El calendario de competencias, la relación con los clubes, las negociaciones por derechos de transmisión y las causas judiciales que involucran a empresas o dirigentes del sector conforman un escenario complejo. En ese entramado, el reclamo por balances más claros se convierte en un capítulo central, ya que afecta la credibilidad hacia el interior de la organización y hacia la opinión pública.
La eventual apertura de un sumario también podría derivar en nuevas medidas de supervisión sobre la forma en que la AFA administra sus vínculos con las federaciones internacionales. Entre los rubros observados aparecen aportes a FIFA y Conmebol, así como gastos vinculados a la organización de torneos y giras de las selecciones nacionales. Para la IGJ, contar con información desagregada sobre esos movimientos es clave para verificar que los fondos se apliquen conforme a los estatutos y a la normativa vigente.
En los próximos días se pondrá a prueba hasta qué punto la conducción de la AFA está dispuesta a responder en detalle a los requerimientos del organismo de control. Si la entidad decide entregar los datos contables pendientes y regularizar los ejercicios sin aprobación, el conflicto podría encaminarse hacia una salida administrativa. Pero si persisten las resistencias o las respuestas son consideradas insuficientes, la IGJ tiene a su alcance un abanico de medidas para incrementar la presión institucional y forzar una corrección del rumbo.
En un clima político atravesado por debates sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la relación entre el Estado y las grandes organizaciones, el caso AFA se posiciona como una prueba de hasta dónde se aplicarán los mecanismos de control disponibles. El desenlace de la pulseada entre la entidad y la IGJ no solo tendrá impacto en el mundo del fútbol, sino que también enviará una señal más amplia sobre la capacidad del Estado argentino para fiscalizar a actores con fuerte peso económico y social.