El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto conocido como ley de Inocencia Fiscal, que busca modificar el régimen penal tributario y ofrecer un paraguas legal a quienes tienen ahorros en efectivo fuera del sistema financiero. La iniciativa combina cambios en los umbrales de punibilidad para la evasión impositiva con ajustes en los plazos de prescripción y en los criterios de persecución penal, en el marco de una estrategia más amplia para intentar atraer dólares al circuito formal.
El eje central del proyecto es la elevación del piso a partir del cual una evasión pasa a ser delito penal. El texto propone subir de manera significativa el umbral de la evasión simple, que hoy alcanza montos mucho más bajos, a una cifra que ronda los 100 millones de pesos. Por debajo de ese nivel, las conductas quedarán alcanzadas por sanciones de tipo administrativo, lo que en los hechos reduce el universo de contribuyentes expuestos a procesos penales por incumplimientos fiscales.
La otra pata relevante es la reducción de los plazos de prescripción de las causas tributarias, que se acortan a tres años en la mayoría de los casos. El Gobierno argumenta que, de este modo, se ponen límites más claros a la posibilidad de investigaciones de larga duración, que en ocasiones se extendían casi una década. El mensaje es que, cumplido ese período sin una acusación firme, el Estado ya no podrá reabrir expedientes por hechos de menor cuantía.
En paralelo, el proyecto introduce una serie de disposiciones que impactan directamente en los ahorros en efectivo, tanto en pesos como en moneda extranjera, guardados fuera de los bancos. La letra de la iniciativa apunta a que el uso de esos fondos en determinadas operaciones —como la compra de inmuebles o la suscripción de instrumentos financieros específicos— no pueda, por sí solo, originar una persecución penal por evasión pasada, siempre que se cumplan ciertas condiciones y se formalice el ingreso al sistema.
Con este esquema, el Gobierno busca enviar una señal a quienes mantienen dólares “en el colchón” para que los incorporen al circuito formal sin temor a investigaciones retroactivas por tributos no declarados. La apuesta oficial es que, frente a ese incentivo y en un contexto de mayores controles internacionales sobre los flujos financieros, una porción de esos ahorros se vuelque a inversiones productivas, a la compra de bonos públicos o a operaciones inmobiliarias, generando actividad económica e ingresos fiscales adicionales.
La iniciativa ya generó posiciones encontradas. Desde sectores alineados con la política económica del Gobierno se sostiene que el proyecto aporta previsibilidad jurídica, al delimitar con mayor claridad cuándo una conducta configura delito y cuándo se trata de una infracción administrativa. También remarcan que, en un país con una larga historia de inestabilidad macroeconómica, diseñar instrumentos para que los ahorristas pierdan el miedo a mover sus dólares puede resultar clave para destrabar inversiones.
Críticos de la medida, en cambio, advierten que la ley podría interpretarse como una suerte de perdón anticipado para evasiones de menor escala y como un mensaje ambiguo hacia quienes cumplen regularmente con sus obligaciones impositivas. Plantean que elevar de manera marcada el piso penal podría desalentar la cultura del cumplimiento y profundizar la sensación de desigualdad entre contribuyentes, especialmente entre aquellos que no tienen la posibilidad de resguardar grandes sumas de dinero en efectivo.
Otra preocupación expresada por especialistas en derecho tributario y penal es la potencial afectación de investigaciones en curso. La combinación de un piso penal más alto y plazos de prescripción más cortos podría derivar en el archivo de causas que hoy se encuentran abiertas, particularmente en casos donde los montos supuestamente evadidos no alcanzan el nuevo umbral fijado en la ley. La discusión en el Congreso seguramente incluirá debates técnicos sobre cómo aplicar las nuevas reglas a hechos anteriores.
En el plano político, el oficialismo presenta la ley de Inocencia Fiscal como parte de un paquete de reformas destinadas a simplificar el sistema tributario, reducir la presión penal sobre contribuyentes de menor tamaño y facilitar la repatriación de ahorros. La oposición, por su parte, advierte sobre el riesgo de que estas medidas se conviertan en un incentivo a la informalidad o en una ventana de oportunidad para regularizar fondos cuyo origen no siempre está debidamente acreditado.
La iniciativa llega, además, en un momento en el que la economía todavía muestra señales mixtas. Mientras el Gobierno destaca la baja gradual de la inflación y algunos indicadores de recuperación de la actividad, amplios sectores de la población siguen enfrentando ingresos ajustados y dificultades para llegar a fin de mes. En ese contexto, las políticas que apuntan a los dólares guardados aparecen bajo la lupa de una sociedad que observa con atención cómo se distribuyen los costos y beneficios de la estabilización.
El futuro de la ley de Inocencia Fiscal dependerá de la capacidad del oficialismo para construir acuerdos en el Congreso y de la receptividad que encuentre entre los distintos bloques. El debate que se abre no es solo jurídico o técnico: también pone sobre la mesa preguntas de fondo sobre la relación entre el Estado y los contribuyentes, el lugar de la justicia penal en la recaudación tributaria y las herramientas elegidas para intentar movilizar un ahorro que, hasta ahora, se mantuvo fuera de los radares oficiales.
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