Una importante compañía del sector energético anunció una inversión inicial de más de 200 millones de dólares en las centrales Alicurá y Cerros Colorados, dos instalaciones estratégicas del sistema hidroeléctrico del Comahue. El desembolso, que forma parte de un paquete de recursos que podría superar los 400 millones de dólares en los próximos años, apunta a modernizar equipos, reforzar la seguridad operativa y mejorar la eficiencia en la generación de energía.
Las centrales se ubican en la cuenca del río Limay y en el sistema de embalses que articula parte de la región patagónica con el resto del país. Por su ubicación y capacidad instalada, cumplen un rol clave en el abastecimiento eléctrico y en la regulación del sistema interconectado nacional, especialmente en momentos de alta demanda. Con la nueva inversión, la empresa concesionaria se compromete a ejecutar un plan de obras que incluye la actualización de turbinas, generadores, sistemas de control y estructuras de contención.
De acuerdo con la información difundida, el monto inicial comprometido asciende a 226 millones de dólares, a los que se suma un compromiso adicional que llevaría el paquete total por encima de los 400 millones. Con estas cifras, la compañía pasará a concentrar cerca del 17 por ciento de la generación hidroeléctrica del país, consolidando su posición como uno de los actores más relevantes del segmento y reforzando su presencia en un mercado en el que la energía limpia y de base adquiere un peso creciente.
El anuncio se produce en un momento en que el Gobierno nacional busca dar señales de previsibilidad regulatoria y atraer capitales de largo plazo para el sector energético. La modernización de represas y centrales hidroeléctricas forma parte de una agenda más amplia que incluye proyectos de energías renovables, ampliación de líneas de transporte y refuerzo de la infraestructura que conecta la Patagonia con los principales centros de consumo del centro y el litoral del país.
Especialistas en energía señalan que las inversiones en Alicurá y Cerros Colorados tienen un impacto que va más allá de la generación eléctrica. Por tratarse de centrales de regulación, su operación condiciona el manejo de caudales, la gestión de los embalses y el equilibrio entre la producción energética y otros usos del agua, como el riego y el abastecimiento urbano. Las obras de modernización deberán contemplar este equilibrio y respetar los estándares ambientales vigentes, en coordinación con las autoridades nacionales y provinciales.
En la zona de influencia de las centrales, el anuncio fue recibido con expectativa por parte de los gobiernos provinciales y de los municipios cercanos. Además de la mejora en la infraestructura energética, se prevé la generación de empleo directo e indirecto durante la etapa de obras, así como la contratación de proveedores locales en rubros como construcción, servicios técnicos, transporte y equipamiento industrial. Las autoridades regionales destacan que, en un contexto de desaceleración de la actividad, estos proyectos pueden convertirse en un motor de dinamismo económico.
La empresa, por su parte, comunicó que el plan de inversiones contempla un cronograma escalonado que se desplegará a lo largo de varios años. En una primera etapa se priorizarán las intervenciones más urgentes para asegurar la confiabilidad del sistema y reducir eventuales riesgos de fallas. Luego se avanzará en la incorporación de tecnología de última generación para optimizar la operación, mejorar la eficiencia energética y extender la vida útil de las instalaciones, con el objetivo de garantizar su funcionamiento seguro durante las próximas décadas.
En el plano ambiental, organizaciones de la región pidieron que el proceso se desarrolle con transparencia y con instancias de participación social. Plantean que la actualización de equipos y la revisión de protocolos de operación pueden ser una oportunidad para incorporar criterios más estrictos de monitoreo de caudales, reducción del impacto aguas abajo y protección de ecosistemas vinculados a los embalses y cursos de agua asociados. También reclaman que se informe con claridad el alcance de las obras y las medidas de mitigación previstas.
Las inversiones en infraestructura hidroeléctrica se inscriben en el debate más amplio sobre la matriz energética argentina. Con un peso todavía significativo de los combustibles fósiles en la generación de electricidad, la posibilidad de aprovechar de manera más eficiente la capacidad hidráulica instalada aparece como una pieza relevante para reducir emisiones y diversificar las fuentes de energía. La modernización de centrales existentes, señalan los especialistas, suele ser más rápida y menos costosa que la construcción de nuevas presas, siempre que se respeten los parámetros ambientales.
El Gobierno nacional sigue de cerca este tipo de proyectos, en un escenario en el que se combinan la necesidad de garantizar el abastecimiento interno, la presión por cumplir con compromisos ambientales y la búsqueda de inversiones que aporten divisas y empleo. La evolución del plan en Alicurá y Cerros Colorados será un test para medir la capacidad del país de canalizar capitales privados hacia obras de infraestructura estratégica, con reglas claras, controles efectivos y beneficios tangibles para las comunidades locales.
Con el anuncio ya formalizado, los próximos pasos estarán marcados por la firma de contratos específicos, la presentación de cronogramas detallados de obras y el inicio de las tareas en las centrales. La forma en que se implementen los compromisos asumidos y el grado de articulación entre la empresa, el Estado y las provincias involucradas serán determinantes para que la inversión se traduzca en mayor seguridad energética, desarrollo regional y una matriz eléctrica más equilibrada y sostenible.