La Justicia federal activó nuevas medidas de prueba en distintos expedientes vinculados a contrataciones irregulares dentro de organismos públicos nacionales. Los casos, que involucran obras, convenios y servicios adjudicados con procedimientos bajo sospecha, avanzan en juzgados de Comodoro Py a partir de informes solicitados a auditorías internas, declaraciones testimoniales y requerimientos de documentación adicional.
En uno de los expedientes, se investiga la adjudicación de consultorías cuyo costo habría excedido los montos habituales para tareas técnicas comparables. Magistrados ordenaron recopilar antecedentes administrativos, verificar la trazabilidad de los pagos y analizar si existió competencia real entre los oferentes. El caso incluye también la revisión de informes finales entregados por los consultores, con el fin de evaluar su correspondencia con los montos abonados.
Otro tramo de las investigaciones abarca convenios firmados entre organismos nacionales y entidades privadas para la ejecución de obras de pequeña y mediana escala. Las sospechas surgieron tras auditorías que detectaron inconsistencias entre los plazos declarados y los avances reales de los proyectos. En respuesta, los jueces dispusieron un relevamiento técnico sobre el estado de las obras, además de solicitar información detallada sobre modificaciones presupuestarias y ampliaciones de contrataciones.
Las causas también incluyen un análisis minucioso de procesos de compra en los que se habrían omitido controles obligatorios o documento esencial. Según fuentes judiciales, algunas de las contrataciones bajo revisión podrían haber eludido etapas clave del procedimiento administrativo, como la justificación de urgencia, la publicación de llamados o la evaluación comparativa de precios. La falta de estos elementos constituye uno de los focos principales del avance probatorio.
Las dependencias involucradas deberán remitir documentación actualizada que permita reconstruir el circuito administrativo completo. Los jueces analizan si existió responsabilidad funcional o desvíos de procedimiento que puedan configurar delitos vinculados a la administración pública. En este contexto, podría ampliarse el universo de imputados en función de las próximas medidas de prueba y de lo que surja de los nuevos informes de auditoría.
Analistas en derecho administrativo señalan que el avance sostenido de estas investigaciones refleja una mayor atención del sistema judicial hacia los mecanismos de contratación del Estado. También advierten que, sin procesos más transparentes y sistemas de control integrados, las irregularidades tienden a multiplicarse en contextos de alta rotación de funcionarios o cambios frecuentes en estructuras organizativas.
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