En una sesión extensa y marcada por intensas negociaciones, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la ley de financiamiento impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que habilita al Ejecutivo provincial a tomar deuda en moneda extranjera por un monto equivalente a más de 3.600 millones de dólares. El proyecto fue avalado por las dos cámaras luego de varias semanas de discusión y de sucesivos intentos fallidos para alcanzar los acuerdos políticos necesarios. La norma autoriza a la administración bonaerense a refinanciar vencimientos de capital e intereses, a obtener recursos para obras de infraestructura y a fortalecer la caja provincial en un contexto de alta tensión financiera. Parte del endeudamiento estará destinado a cancelar pasivos ya existentes, mientras que otra porción se utilizará para proyectos productivos, energéticos y de transporte, además de reforzar programas vinculados a servicios esenciales. Uno de los puntos centrales del texto aprobado es la creación de un fondo de emergencia y fortalecimiento para los municipios, que se nutrirá de un porcentaje de los recursos que se obtengan mediante las nuevas operaciones de crédito. De esta manera, los gobiernos locales recibirán una inyección adicional de fondos para afrontar gastos corrientes, reforzar la asistencia social y sostener obras que quedaron condicionadas por la caída de la recaudación y la inflación acumulada. En la Cámara de Diputados, el proyecto obtuvo un respaldo ajustado, con un número de votos apenas por encima del mínimo requerido. El oficialismo provincial necesitó el acompañamiento de bloques aliados y de sectores de la oposición para reunir el apoyo necesario. Luego, el Senado convalidó el esquema de financiamiento con una mayoría que reflejó el acuerdo sellado en las horas previas a la votación, tras una jornada de contactos y reuniones reservadas. Durante el debate, los legisladores que respaldaron la iniciativa defendieron la necesidad de dotar a la provincia de herramientas financieras para sostener el funcionamiento del Estado y evitar recortes más profundos en áreas sensibles como salud, educación, seguridad y políticas sociales. Argumentaron que, sin acceso al crédito, la provincia se vería forzada a aplicar ajustes más drásticos o a paralizar obras claves, con impacto directo en el nivel de empleo y en la prestación de servicios básicos. Los bloques que votaron en contra, entre ellos sectores de la oposición y espacios críticos del gobierno nacional y provincial, advirtieron sobre el aumento del endeudamiento y el peso de los compromisos futuros sobre las cuentas públicas. Sostuvieron que el margen para contraer nueva deuda es limitado y reclamaron mayor precisión sobre el destino de cada tramo del financiamiento, así como mecanismos de control más estrictos para el seguimiento de las operaciones y el uso de los recursos. El oficialismo, por su parte, subrayó que la mayor parte del paquete se destinará a refinanciar pasivos ya existentes y a mejorar el perfil de vencimientos, reemplazando obligaciones de corto plazo por otras con plazos más largos y condiciones más manejables. También remarcó que la ley incluye cláusulas de información y supervisión parlamentaria, y que el fondo para municipios fue incorporado justamente como respuesta a los planteos de los intendentes y de los bloques legislativos que reclamaban una distribución más equitativa de los recursos. Fuera del recinto, el debate sobre la ley de financiamiento se proyecta sobre la relación entre la provincia y el Gobierno nacional. La administración bonaerense viene denunciando atrasos y recortes en transferencias que, según sus autoridades, complican la caja y obligan a buscar alternativas en los mercados. Al mismo tiempo, la discusión sobre el nuevo endeudamiento se da en paralelo a la negociación del Gobierno central con organismos internacionales y bancos privados para afrontar sus propios compromisos en dólares. Para los analistas económicos, la aprobación de la norma representa un alivio inmediato para la gestión provincial, pero también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo. Señalan que el impacto del nuevo financiamiento dependerá de las tasas de interés, de los plazos concretos de repago y, especialmente, de la capacidad de la provincia para sostener niveles de actividad y recaudación que permitan cumplir con las obligaciones sin recurrir a ajustes adicionales. En los municipios, la expectativa está puesta en la implementación efectiva del fondo de emergencia incluido en la ley. Intendentes de distintos signos políticos coinciden en que las comunas arrastran tensiones presupuestarias, con costos en alza y demandas crecientes de asistencia social. La llegada de recursos adicionales podría permitir aliviar parte de esas presiones, siempre y cuando el reparto se realice con criterios claros y en plazos razonables. A partir de la promulgación de la norma, el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense deberá avanzar en la búsqueda de los instrumentos concretos para materializar el endeudamiento autorizado. Eso incluye la definición de emisiones de bonos, colocaciones en mercados internacionales o acuerdos con organismos y bancos, además de la reglamentación del fondo previsto para los municipios. Cada uno de esos pasos será seguido de cerca por los mercados y por la dirigencia política, atentos a cómo se combinarán los nuevos compromisos con las restricciones ya existentes en las cuentas públicas provinciales.