El Gobierno nacional confirmó que dentro del paquete de reformas que planea enviar al Congreso incluirá una modificación de la Ley de Tierras, una norma clave que regula quién puede comprar campos y en qué condiciones se pueden cambiar los usos del suelo. La iniciativa busca, según explican en la Casa Rosada, “modernizar” el marco vigente y alinearlo con los objetivos de atraer inversiones y acelerar proyectos productivos en distintas regiones del país.
El punto más sensible del borrador oficial es la flexibilización de los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La norma actual establece restricciones tanto por superficie como por localización estratégica de las parcelas, con el objetivo de evitar procesos de concentración y preservar áreas consideradas de valor ambiental o geopolítico. El nuevo esquema apunta a reducir trabas y habilitar un margen más amplio para la adquisición de campos por no residentes, especialmente en zonas con potencial agroexportador, forestal o energético.
Otro eje central del proyecto es la revisión de las reglas que se aplican cuando un establecimiento rural sufre incendios de magnitud. El régimen vigente impone fuertes limitaciones para modificar el uso del suelo durante décadas, como mecanismo de protección ambiental y para desalentar quemas intencionales. La propuesta oficial plantea acortar esos plazos y otorgar más margen para redefinir la actividad productiva, siempre que se cumplan ciertos estándares de recomposición y evaluación de impacto.
En el Ejecutivo sostienen que estos cambios son necesarios para destrabar inversiones en sectores que requieren horizontes de planificación largos y reglas previsibles. Argumentan que, en muchas provincias, proyectos agroindustriales, forestales o turísticos quedaron frenados por superposiciones regulatorias y por la imposibilidad de adaptar los modelos de negocio después de eventos climáticos extremos o siniestros sobre los que ni el productor ni el inversor tenían control directo.
Sin embargo, la discusión ya despertó alertas entre gobiernos provinciales y organizaciones rurales. Dirigentes del interior advierten que una apertura excesiva en la venta de tierras podría agravar procesos de concentración y encarecer el acceso a la tierra para productores medianos y pequeños. También señalan que, en zonas de frontera o en áreas con recursos estratégicos, la llegada de grandes grupos extranjeros sin suficientes salvaguardas podría generar tensiones sobre la soberanía territorial y el control de bienes naturales.
Especialistas en derecho agrario y ambiental remarcan que cualquier relajamiento de las restricciones posteriores a incendios debe ir acompañado de mecanismos sólidos de prevención, fiscalización y sanción. Recuerdan que, en los últimos años, distintas cuencas forestales y áreas serranas sufrieron episodios de fuego reiterados, con sospechas sobre maniobras para impulsar cambios de uso del suelo hacia emprendimientos inmobiliarios o desarrollos intensivos. Temen que una ventana normativa mal calibrada pueda ser aprovechada por actores dispuestos a correr esos límites.
En paralelo, las entidades del sector productivo mantienen posiciones diversas. Mientras que parte del empresariado agroindustrial ve en la reforma una oportunidad para acceder a financiamiento internacional y asociarse con nuevos jugadores, organizaciones ligadas a productores familiares y cooperativas reclaman que la discusión incluya garantías explícitas para evitar desplazamientos y asegurar el arraigo en los territorios. Piden, además, fortalecer los registros de propiedad y los controles catastrales para prevenir operaciones especulativas.
La pulseada legislativa se dará en un contexto de tensión entre Nación y provincias por la distribución de recursos y las reglas de explotación de los recursos naturales. Gobernadores patagónicos, del norte grande y de la zona núcleo siguen de cerca el contenido del articulado, conscientes de que cualquier modificación en la Ley de Tierras puede tener efectos concretos sobre los mercados inmobiliarios rurales, los proyectos de inversión y la planificación territorial que cada distrito viene elaborando.
En Balcarce 50 confían en que el debate permitirá “actualizar” un marco normativo que consideran desfasado frente a los desafíos de competitividad y de integración a nuevos mercados. Del otro lado, bloques opositores y actores sociales reclaman que la discusión no se reduzca a una lógica de atracción de capitales, sino que contemple también criterios de sostenibilidad ambiental, equidad en el acceso a la tierra y protección de las comunidades locales. La forma en que se equilibren esos objetivos definirá el alcance real de la reforma y su impacto sobre el mapa rural argentino.
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