El gobierno de Javier Milei se prepara para abrir un nuevo capítulo político con la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, en las que buscará tratar un paquete de proyectos considerados centrales para la segunda mitad de su mandato. Entre las iniciativas incluidas se destacan el Presupuesto 2026, una reforma laboral bajo el rótulo de “modernización”, cambios en el Código Penal y un conjunto de normas fiscales y ambientales que apuntan a ordenar las cuentas públicas y facilitar nuevas inversiones.

La decisión fue anticipada por la Jefatura de Gabinete, que detalló que el Poder Ejecutivo firmará el decreto para habilitar el período de sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. En ese lapso, los legisladores deberán abocarse al tratamiento de seis proyectos que la Casa Rosada considera de “vital importancia” para consolidar su programa económico y político. La convocatoria llega días después de que el oficialismo consolidara su condición de primera minoría en la Cámara de Diputados y ampliara su representación en el Senado, tras las elecciones legislativas de octubre.

El temario incluye el Presupuesto 2026, pieza central para ordenar las prioridades de gasto y las metas fiscales del próximo año. El Gobierno busca que el plan de ingresos y egresos refleje su compromiso con la eliminación del déficit y la continuidad del ajuste sobre el sector público, con la mirada puesta en sostener los acuerdos con los organismos internacionales de crédito y en reforzar la señal de disciplina hacia los mercados financieros.

Otro punto clave de la agenda es el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que propone elevar los montos mínimos para configurar el delito de evasión y acortar los plazos de prescripción de las causas. La iniciativa se presenta como un intento de simplificar el sistema tributario y concentrar los esfuerzos del Estado en los casos de mayor monto, aunque juristas y especialistas en derecho tributario advierten que el texto deberá analizarse con detalle para evitar vacíos que favorezcan maniobras de elusión o generen desigualdades en la persecución penal.

En la misma línea, el paquete incluye un “Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria” que busca colocar en el centro del debate la prohibición del déficit permanente y establecer límites a la emisión como mecanismo de financiamiento del Tesoro. El oficialismo sostiene que, sin reglas estrictas en esta materia, será difícil consolidar la baja de la inflación y recuperar la confianza en la moneda local, mientras que sectores de la oposición plantean reparos sobre el alcance de estas restricciones y su impacto sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a crisis futuras.

La llamada “modernización laboral” aparece como uno de los capítulos más sensibles de la discusión. El Gobierno impulsa cambios en el régimen de contratación, en las indemnizaciones y en el funcionamiento de la justicia laboral, con el argumento de reducir la litigiosidad, facilitar la creación de empleo formal y dar previsibilidad a las empresas. Gremios y organizaciones de trabajadores, en cambio, alertan sobre el riesgo de una pérdida de derechos y advierten que el debate podría reavivar conflictos en sectores estratégicos de la economía.

Junto con la agenda laboral, el oficialismo busca avanzar en una reforma del Código Penal con un enfoque más punitivo frente a determinados delitos, en especial los vinculados a la corrupción, la evasión fiscal y la criminalidad organizada. El objetivo declarado es endurecer las penas, agilizar los procesos y dotar a la justicia de herramientas más claras para intervenir en casos complejos, aunque especialistas en derecho penal subrayan la importancia de garantizar el equilibrio entre seguridad, garantías individuales y respeto por los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Otro de los proyectos contemplados apunta a adecuar el régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar. El Gobierno plantea revisar la normativa vigente para compatibilizar la preservación de ecosistemas sensibles con el desarrollo de proyectos mineros y energéticos. Organizaciones ambientales reclaman que cualquier cambio se discuta con transparencia y sobre la base de estudios de impacto, para evitar retrocesos en materia de protección de recursos hídricos y zonas de alta fragilidad.

El paquete de reformas se inscribe en una estrategia más amplia de la Casa Rosada, que busca aprovechar el nuevo equilibrio de fuerzas surgido de las elecciones de medio término. Con La Libertad Avanza consolidada como primera minoría en Diputados y con más bancas en el Senado, el oficialismo cuenta con una base política más sólida, aunque todavía necesita acuerdos con bloques provinciales y sectores de la oposición para garantizar las mayorías necesarias en ambas cámaras.

Analistas políticos coinciden en que el desafío central del Gobierno será traducir este impulso legislativo en resultados concretos sobre la economía real. La sociedad observa con atención el impacto de las reformas ya implementadas y mantiene expectativas divididas sobre la evolución de la inflación, el empleo y el poder adquisitivo de los salarios. En este contexto, el grado de consenso que logren estas nuevas iniciativas será clave para medir la capacidad del Ejecutivo de sostener su agenda sin profundizar la conflictividad social.

Las sesiones extraordinarias también funcionarán como una prueba para el vínculo entre el Gobierno y los gobernadores, que siguen de cerca las negociaciones por la coparticipación, la obra pública y los esquemas de asistencia financiera. La forma en que se procesen estas tensiones y la disposición de los distintos actores a buscar acuerdos razonables marcarán el tono político de los próximos meses y delinearán el margen de maniobra del oficialismo para avanzar con nuevas reformas estructurales.

Con la convocatoria en marcha, todo indica que el cierre del año estará dominado por el debate parlamentario sobre estas iniciativas. El resultado de la discusión en el Congreso no solo definirá el destino del paquete de reformas, sino que también enviará una señal sobre la estabilidad política y la capacidad de diálogo del sistema institucional argentino en un momento de fuertes desafíos económicos y sociales.