El Gobierno nacional formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 10 y el 30 de diciembre, con el objetivo de acelerar el tratamiento de un paquete de reformas considerado clave para la segunda etapa de la gestión de Javier Milei. El decreto, que fue anticipado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y luego confirmado por la Casa Rosada, busca aprovechar la nueva correlación de fuerzas en ambas cámaras tras las elecciones legislativas de octubre.
Según explicaron fuentes oficiales, el temario incluye el proyecto de Presupuesto 2026 y un conjunto de iniciativas de alto impacto político y económico: la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una reforma laboral bajo el rótulo de “Modernización del Régimen de Trabajo”, cambios en la estructura tributaria, modificaciones al Código Penal y ajustes en la legislación ambiental que alcanzan, entre otras normas, a la Ley de Glaciares. Para el oficialismo se trata de un paquete “fundacional”, pensado para consolidar el rumbo de desregulación y apertura que promueve el Presidente.
La convocatoria llega en un momento en el que el Gobierno busca mostrar capacidad de iniciativa luego de varios meses de negociaciones complejas con gobernadores y bloques opositores. Con la nueva composición del Congreso, La Libertad Avanza aspira a convertirse en la primera minoría en Diputados y a sumar aliados en el Senado, lo que le permitiría encarar la discusión de las reformas con una base política más sólida que la de los primeros años de mandato. Sin embargo, el oficialismo sigue lejos de contar con mayorías automáticas y necesitará acuerdos puntuales para cada proyecto.
En la Casa Rosada admiten que la prioridad inmediata es lograr la sanción del Presupuesto 2026 antes del receso de verano o, al menos, asegurar una media sanción en Diputados. El texto contempla las proyecciones macroeconómicas del equipo económico y fija los márgenes del ajuste fiscal, al tiempo que define la orientación del gasto en áreas sensibles como educación, salud, defensa, obra pública y transferencias a las provincias. Sin esa hoja de ruta aprobada, el Gobierno debería prorrogar el Presupuesto vigente, lo que complicaría la negociación con los gobernadores.
La reforma laboral es otro de los capítulos que promete debate intenso. El borrador que circula en el Congreso incluye cambios en el sistema de indemnizaciones, nuevas modalidades de contratación, incentivos a la registración y ajustes en los regímenes de juicios laborales. Para el oficialismo, se trata de medidas necesarias para reducir la litigiosidad, estimular el empleo formal y “acomodar” las normas a la realidad del mercado de trabajo. Los sindicatos y parte de la oposición, en cambio, advierten que el proyecto podría debilitar derechos adquiridos y generar más precariedad.
La Ley de Inocencia Fiscal y el capítulo tributario del temario extraordinario apuntan a reordenar la relación entre contribuyentes y Estado. Entre las medidas que se analizan figuran cambios en el régimen penal tributario, revisiones de alícuotas y simplificación de tributos que hoy se superponen. El Gobierno sostiene que la presión impositiva es uno de los principales obstáculos para la inversión y que el nuevo esquema buscará dar previsibilidad a quienes producen y exportan. En los despachos opositores, en tanto, temen que una flexibilización excesiva del sistema termine beneficiando principalmente a grandes contribuyentes.
El paquete se completa con un conjunto de modificaciones al Código Penal y con proyectos vinculados a la política ambiental. En el primer caso, el Ejecutivo impulsa un endurecimiento de las penas para determinados delitos y la incorporación de nuevas figuras penales asociadas al crimen organizado y la corrupción. En materia ambiental, se discuten ajustes en los criterios de protección de áreas sensibles, en especial en lo relativo a reservas hídricas y zonas productivas, lo que ya despertó objeciones de organizaciones sociales y referentes de provincias cordilleranas.
En el plano político, la convocatoria a extraordinarias reordena la agenda parlamentaria de diciembre y vuelve a colocar al Congreso en el centro de la escena. Para el oficialismo, se trata de una oportunidad para capitalizar el resultado de las elecciones legislativas y enviar una señal a los mercados y a los organismos internacionales sobre la continuidad del programa económico. Para la oposición, en cambio, es el escenario para intentar moderar o frenar iniciativas que consideran regresivas y para reclamar un debate más amplio sobre las consecuencias sociales de las reformas.
Los gobernadores seguirán de cerca la discusión de cada proyecto. Muchos de ellos reclaman previsibilidad en el flujo de fondos nacionales, obras clave para sus provincias y participación en el diseño de las reformas tributarias y laborales. Varios mandatarios subnacionales ya anticiparon que condicionarán su apoyo a cambios en la letra de los proyectos y a compromisos concretos en materia de coparticipación y recursos para la infraestructura regional.
Con las sesiones extraordinarias ya convocadas, el Congreso se prepara para semanas de deliberación intensa. En las próximas horas se definirá el cronograma de comisiones y se ordenará el ingreso formal de cada iniciativa. El desafío para el Gobierno será demostrar que cuenta con los votos suficientes para traducir su agenda de reformas en leyes concretas, mientras que la oposición intentará marcar límites y proponer alternativas. El resultado de esa pulseada marcará el tono político con el que la administración Milei iniciará el próximo año y condicionará, en buena medida, la percepción sobre su capacidad para llevar adelante cambios de fondo sin desbordes institucionales.
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