El Gobierno nacional confirmó un nuevo esquema de aumentos mensuales del salario mínimo, vital y móvil que regirá hasta agosto de 2026 y que fija una referencia central para millones de trabajadores registrados, informales y beneficiarios de programas sociales. El nuevo piso para la jornada legal completa se ubicará por encima de los 320.000 pesos en la primera etapa y tendrá subas sucesivas, mes a mes, a lo largo de los próximos diez meses, según lo acordado en el ámbito tripartito entre representantes del Ejecutivo, sindicatos y cámaras empresarias.
La decisión se formalizó a través de una resolución publicada en las últimas horas, que detalla los montos mínimos que deberán percibir quienes estén alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen de trabajo agrario, el empleo en la administración pública nacional y los organismos descentralizados, así como otros sectores en los que el salario mínimo funciona como referencia obligatoria. Además, se actualizan los valores horarios para los trabajadores jornalizados, que también integran el esquema de recomposición gradual.
De acuerdo con el cronograma oficial, el incremento no se concentra en un solo salto, sino que se reparte en cuotas mensuales con el objetivo de darle previsibilidad al mercado laboral y a las negociaciones salariales. Cada actualización se aplicará de manera automática sobre el salario mínimo vigente, de modo que el valor de referencia irá acompañando, al menos parcialmente, la evolución de la inflación y las paritarias en los distintos sectores de la economía.
El salario mínimo vital y móvil cumple en la práctica múltiples funciones. No solo marca el piso para los trabajadores que no cuentan con convenios colectivos robustos, sino que también impacta en el cálculo de diferentes prestaciones sociales, programas de empleo, becas y beneficios que se actualizan según esa variable. Entre ellos se encuentran las asignaciones por programas de inserción laboral, iniciativas de apoyo a jóvenes y beneficiarios de políticas de capacitación y formación.
Para los sindicatos, el nuevo esquema constituye una referencia que se tendrá en cuenta en las rondas de negociación paritaria que continúan abiertas en numerosos sectores. Si bien la mayoría de los acuerdos salariales se pacta por encima del salario mínimo, el piso fijado por el Gobierno funciona como un umbral que ningún trabajador registrado debería cobrar por debajo de la jornada completa y como un parámetro a la hora de reclamar recomposiciones cuando los salarios pierden terreno frente a la inflación.
Desde el lado empresario, la implementación gradual de los aumentos es leída como una señal de que se busca evitar saltos bruscos en los costos laborales, en un contexto de actividad todavía frágil y con una recuperación heterogénea entre ramas de la economía. Las cámaras empresarias vienen advirtiendo sobre las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para absorber nuevos incrementos de salarios, especialmente en sectores con márgenes ajustados y fuerte competencia de la economía informal.
La discusión sobre el nivel del salario mínimo se inscribe en un escenario de alta inflación acumulada, en el que las mejoras nominales suelen diluirse rápidamente si los precios continúan en ascenso. Por eso, especialistas en mercado laboral señalan que el verdadero desafío será que las sucesivas actualizaciones no queden rezagadas frente al costo de vida y que el salario mínimo recupere parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años, especialmente entre quienes se encuentran en los segmentos de menores ingresos.
Otro punto clave es el impacto sobre los trabajadores informales, cuentapropistas y monotributistas de baja facturación, que no reciben directamente el salario mínimo pero sí sienten sus efectos de manera indirecta. Muchos de ellos cobran ingresos que se toman como referencia en relación con ese piso, o acceden a programas sociales cuyo monto se define en proporción al salario mínimo. Por eso, cada aumento tiene un efecto expansivo que va más allá del empleo registrado tradicional.
En los organismos encargados del monitoreo social se sigue de cerca la evolución de la canasta básica y de los indicadores de pobreza e indigencia, que continúan en niveles elevados. Allí se considera que el nuevo esquema de actualización del salario mínimo puede contribuir a aliviar parcialmente la presión sobre los hogares más vulnerables, aunque advierten que la recuperación de ingresos deberá complementarse con políticas de empleo, crédito productivo y contención de precios en rubros sensibles como alimentos, transporte y servicios esenciales.
En el plano político, la definición del nuevo piso salarial también es interpretada como un gesto hacia los sectores sindicales con los que el Gobierno busca mantener canales de diálogo en un contexto de reformas económicas y fiscales. La dinámica del Consejo del Salario suele funcionar como termómetro de la relación con las centrales obreras y con las cámaras empresarias, que en esta oportunidad lograron consensuar un esquema de aumentos que, aun con matices, fue refrendado por la mayoría de los actores involucrados.
De aquí en adelante, la atención estará puesta en cómo se articula el cronograma de aumentos del salario mínimo con las próximas paritarias, la evolución de los precios y las decisiones de política económica. El comportamiento del empleo, el consumo interno y la capacidad de los sectores productivos para sostener el nivel de actividad serán factores decisivos para evaluar si el nuevo esquema de actualización contribuye efectivamente a recomponer los ingresos o si se requiere, más adelante, una revisión adicional para evitar que el piso salarial vuelva a quedar desfasado frente al costo de vida.
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