Un amplio frente sindical de trabajadores estatales y empleados de organismos descentralizados llevó adelante un paro nacional que afectó con fuerza la actividad en la administración pública. La medida incluyó movilizaciones y actos en las principales ciudades del país en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, al que los gremios acusan de recortar derechos y facilitar despidos.

En la ciudad de Buenos Aires, columnas de distintos sectores confluyeron frente a la sede del Poder Ejecutivo y en las inmediaciones del Congreso, donde se concentra el debate político sobre los cambios propuestos en la legislación laboral. La circulación de transporte público se vio resentida por la adhesión de choferes y trabajadores de servicios, mientras que numerosas oficinas administrativas funcionaron con guardias mínimas o permanecieron cerradas.

Las organizaciones convocantes señalaron que la adhesión superó con amplitud las expectativas iniciales y destacaron la participación de empleados de la administración central, organismos de recaudación, salud, educación y justicia. En varias dependencias se reportaron niveles de acatamiento cercanos a la totalidad de la planta, especialmente en áreas donde el personal ya venía reclamando por pérdida de poder adquisitivo y atraso en las paritarias.

El malestar sindical se concentra en puntos sensibles del proyecto oficial, como la ampliación del período de prueba para nuevas contrataciones, la flexibilización de las causales de despido, la reducción de recargos por trabajo en horas extraordinarias y fines de semana, y la modificación del sistema de indemnizaciones. Los gremios sostienen que, de aprobarse los cambios tal como fueron presentados, se consolidaría un esquema que debilita la negociación colectiva y desequilibra las relaciones de fuerza a favor de los empleadores.

Otro aspecto cuestionado es la regulación de las medidas de fuerza en servicios considerados esenciales, que establece requisitos más restrictivos para la convocatoria a paros y la fijación de guardias mínimas. Las organizaciones sindicales advierten que esta redacción podría utilizarse para judicializar conflictos laborales y aplicar sanciones económicas a las entidades y a sus dirigentes, lo que, según señalan, afectaría el derecho constitucional a la protesta.

En paralelo, la discusión sobre el empleo público atraviesa la agenda. El proyecto contempla distintos mecanismos para revisar plantas de personal, ampliar la utilización de contratos temporarios y facilitar la tercerización de servicios. En las asambleas y discursos durante la jornada de protesta, los delegados insistieron en que estas herramientas abrirían la puerta a recortes de puestos de trabajo y a una mayor precarización de las condiciones laborales en el Estado.

Las movilizaciones no se limitaron a la capital. En ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata y Neuquén se registraron marchas frente a edificios gubernamentales, legislaturas provinciales y sedes de organismos nacionales. En varios distritos, los sindicatos reclamaron que los gobiernos locales fijen postura frente al proyecto y asuman un rol activo en la defensa de los trabajadores estatales, en momentos en que las provincias también dependen de acuerdos con la Nación para sostener sus cuentas públicas.

Desde el Gobierno se reiteró que la reforma laboral forma parte de un paquete más amplio de medidas orientadas a impulsar la actividad económica, favorecer nuevas inversiones y reducir la litigiosidad en el mercado de trabajo. Funcionarios del área económica y laboral subrayaron que el objetivo es “modernizar” la normativa, alinear los costos laborales con los de otros países de la región y generar incentivos para la creación de empleo formal, especialmente en el sector privado.

Sin embargo, la lectura en los gremios es diametralmente opuesta. Referentes sindicales sostienen que, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios y ajuste del gasto público, cualquier intento de flexibilización se traduce en mayor inseguridad para los trabajadores. También remarcan que el empleo estatal cumple un rol relevante como sostén de la demanda en muchas localidades, y que un proceso de recortes sin planificación podría profundizar la recesión en economías regionales ya golpeadas.

En el plano político, la medida de fuerza agregó presión sobre el oficialismo en vísperas del tratamiento legislativo de la reforma. Sectores de la oposición que ya se mostraban críticos al proyecto utilizaron la masividad de las movilizaciones para reforzar sus objeciones, mientras que otros bloques reclaman modificaciones puntuales que atenúen el impacto sobre los trabajadores y preserven herramientas de negociación colectiva. El resultado de esas conversaciones será decisivo para el futuro del texto en el Congreso.

La jornada dejó, además, un mensaje de advertencia de los sindicatos, que anticiparon nuevas acciones si el Gobierno mantiene sin cambios el núcleo de su propuesta. Sobre la mesa aparecen posibilidades que van desde nuevos paros sectoriales hasta la convocatoria a una medida de fuerza de alcance nacional, en un escenario donde la conflictividad social se cruza con la discusión sobre el rumbo económico y el rol del Estado en la regulación del mercado laboral.