El Gobierno nacional dio a conocer los lineamientos del Plan Nacional de Inversión Pública 2026 y anticipó un cambio de prioridades en la asignación de recursos para obra pública. De acuerdo con el documento técnico que acompaña al proyecto de Presupuesto, el gasto previsto en infraestructura crecería por encima de la inflación estimada para el próximo año y colocaría al sistema ferroviario en el centro de la estrategia oficial.
Según las proyecciones oficiales, el conjunto de la inversión pública presupuestada para 2026 rondaría los 3,7 billones de pesos, lo que implicaría un incremento cercano al 50 % respecto de las partidas calculadas para 2025. Ese aumento se ubicaría por encima tanto de la inflación del 10,1 % que el propio Gobierno plantea en sus escenarios como de las expectativas del mercado relevadas por el Banco Central, que proyectan una suba de precios algo mayor.
Dentro de ese volumen de recursos, los proyectos vinculados a la red ferroviaria concentran una porción creciente del esfuerzo fiscal. El informe detalla que, al sumar las partidas previstas para la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), la empresa operadora Sofse y las inversiones específicas en el Ferrocarril Roca, el total asignado al sector trenes supera el medio billón de pesos. Ese monto coloca a la modernización ferroviaria por encima de otros programas emblemáticos, como las compras de equipamiento militar o las obras energéticas estratégicas.
El giro resulta significativo en un contexto en el que el sistema ferroviario arrastra déficits operativos elevados y enfrenta dificultades para atraer capitales privados. La empresa estatal a cargo de la operación de los servicios de pasajeros figura entre las que registran peores resultados financieros dentro del sector público: sus ingresos dependen casi exclusivamente de la venta de boletos, mientras que los costos de mantenimiento de la red y del material rodante se multiplican año a año. La brecha entre lo que se recauda por tarifas y lo que se gasta para garantizar las frecuencias obliga a sostener subsidios crecientes.
Al mismo tiempo, la discusión sobre la infraestructura ferroviaria se vio marcada en los últimos años por una serie de accidentes que expusieron la obsolescencia de vías, señales y equipos. El choque de trenes en la línea San Martín en Palermo y el reciente descarrilamiento en la línea Sarmiento se transformaron en símbolos de un sistema tensionado por la falta de inversiones de largo plazo. Tras esos episodios, el Poder Ejecutivo declaró la emergencia ferroviaria y se comprometió a priorizar las obras destinadas a mejorar la seguridad y la confiabilidad del servicio.
En ese marco, el Plan de Inversión Pública 2026 señala que se destinarán fondos a la renovación de vías en ramales secundarios, a la modernización de talleres y depósitos y a la compra de equipamiento clave para el mantenimiento del material rodante. Para el Ferrocarril Roca, que transporta a la mayor cantidad de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, se destaca un programa de renovación y electrificación de tramos estratégicos, incluyendo el corredor Plaza Constitución–La Plata y la denominada “Vía Circuito”, que conecta estaciones del sur bonaerense.
El documento también subraya que una parte de esas obras se financiará con créditos de organismos internacionales, en particular para los proyectos de electrificación y mejora de la infraestructura en el Roca. La combinación de recursos del Tesoro y financiamiento externo busca acelerar la ejecución, pero al mismo tiempo exigirá cumplir con metas técnicas y plazos de avance que serán monitoreados desde el exterior.
Más allá de los trenes, el plan redefine el mapa de la obra pública en otros frentes. El Fondo Nacional de Defensa aparece entre los principales receptores de recursos, con partidas vinculadas a la renovación de equipamiento para las fuerzas armadas y de seguridad. Las inversiones en energía, en especial las destinadas a la extensión de vida útil de la central nuclear Atucha I y a las represas de Santa Cruz, se ubican también entre los proyectos prioritarios, en línea con la estrategia oficial de asegurar el abastecimiento eléctrico y reducir costos para la industria.
En el terreno vial, se destacan iniciativas sobre rutas y autopistas clave para la logística interna y el comercio exterior. Entre ellas figura la Autopista Presidente Juan Domingo Perón, un trazado de circunvalación en el conurbano bonaerense que tuvo décadas de demoras y tramos abandonados, y obras sobre las rutas nacionales 34 y 40, que conectan corredores productivos del centro y el oeste del país. El Gobierno busca mostrar que, aun en un contexto de disciplina fiscal, habrá recursos para destrabar obras largamente postergadas.
La distribución geográfica de las inversiones también es parte del debate. De acuerdo con el plan, la región pampeana concentraría más de dos tercios de la nueva obra pública, encabezada por las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, además de la Ciudad de Buenos Aires. La Patagonia, con proyectos vinculados a energía y transporte, sumaría cerca de una quinta parte de los fondos, mientras que el resto se distribuiría entre el Noroeste, Cuyo y el Nordeste. Esa concentración abre discusiones sobre el equilibrio federal y la necesidad de que las provincias con menores recursos reciban un impulso adicional.
El énfasis en el sistema ferroviario y en un puñado de grandes obras energéticas y viales sintetiza la apuesta de la administración nacional para 2026: utilizar la obra pública como un instrumento selectivo, apuntado a sectores considerados estratégicos para la competitividad y la seguridad. El desafío será compatibilizar ese esquema con las restricciones presupuestarias, cumplir los plazos de ejecución y demostrar que el aumento de los recursos se traduce en mejoras concretas para los usuarios de los trenes, los caminos y los servicios esenciales en todo el país.
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