El Gobierno nacional aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional que redefine, por primera vez en más de dos décadas, los lineamientos estratégicos que orientarán el trabajo del sistema de inteligencia del Estado. La medida quedó formalizada a través del Decreto 864/2025, que fija diez ejes de acción prioritarios y actualiza el marco doctrinario en torno a las amenazas y desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad estratégica.
El documento establece que la inteligencia nacional deberá concentrarse en la prevención y el abordaje de riesgos complejos, con especial foco en el crimen organizado transnacional, el terrorismo, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas. También incorpora entre sus prioridades la defensa de los recursos naturales estratégicos y de los intereses soberanos, incluyendo las reivindicaciones vinculadas al Atlántico Sur.
Entre los ejes definidos se destaca el fortalecimiento de las capacidades de ciberinteligencia para detectar y neutralizar ataques contra redes, sistemas informáticos y servicios esenciales. El texto subraya que la digitalización creciente de la economía y de la administración pública amplió la superficie de exposición frente a actores estatales y no estatales que buscan explotar vulnerabilidades tecnológicas.
Otro de los aspectos centrales de la nueva política es la necesidad de profundizar la cooperación entre organismos nacionales y con socios internacionales, en particular en lo relativo al combate contra el financiamiento ilícito, el tráfico de drogas, el contrabando y otras formas de criminalidad organizada. El decreto plantea que la coordinación de información y análisis es indispensable para anticipar movimientos y evitar la fragmentación de esfuerzos.
La actualización de los lineamientos también pone el acento en la transparencia y el control democrático del sistema de inteligencia. El marco aprobado reafirma el rol de los mecanismos de supervisión institucional y parlamentaria, y remarca que las actividades de inteligencia deben desarrollarse dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes vigentes, con respeto a los derechos y garantías individuales.
En relación con los recursos naturales y el territorio, la Política de Inteligencia Nacional incorpora como prioridad la vigilancia de los espacios marítimos y la protección de las áreas de interés estratégico. El texto señala que los cambios en el contexto geopolítico y en la demanda global de recursos energéticos y minerales obligan a reforzar la capacidad del Estado para identificar riesgos, presencias ilegales y operaciones que puedan afectar la soberanía.
El decreto también hace referencia a la importancia de contar con capacidades técnicas y humanas adecuadas para procesar grandes volúmenes de información, detectar patrones y elaborar anticipos estratégicos. En ese sentido, se plantea la necesidad de modernizar equipamiento, ampliar la formación especializada y promover la incorporación de perfiles profesionales en áreas como análisis de datos, tecnología, economía y asuntos internacionales.
Desde el punto de vista institucional, el nuevo esquema busca ordenar las funciones de los distintos organismos que integran el sistema de inteligencia, evitando superposiciones y vacíos de responsabilidad. El objetivo es que las tareas de recolección, producción y distribución de información se articulen de manera más eficiente con las agencias de seguridad, defensa y con las áreas de conducción política.
La aprobación de la Política de Inteligencia Nacional se produce en un contexto de debate público sobre el rol de los servicios de inteligencia y su relación con la vida democrática. Distintos especialistas vienen señalando la importancia de contar con marcos claros que definan qué tipo de información puede recabarse, cómo se protege la privacidad de las personas y bajo qué condiciones se autoriza el uso de herramientas especiales de investigación.
De cara al futuro, la implementación efectiva de los diez ejes estratégicos será determinante para evaluar el alcance de la reforma. El desafío del Gobierno será traducir los lineamientos generales en planes operativos concretos, con prioridades, plazos y criterios de evaluación. Para el sistema político y la sociedad, el nuevo marco abre una etapa en la que el funcionamiento de la inteligencia nacional volverá a quedar bajo la lupa, en un equilibrio permanente entre seguridad y resguardo de las libertades.
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