El oficialismo en la Cámara de Diputados se prepara para cerrar el año con una agenda intensa que tendrá al Presupuesto 2026 como pieza central. Con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias ya definido, el Poder Ejecutivo busca asegurar el tratamiento de un paquete de proyectos económicos y penales que considera clave para la próxima etapa de su programa de gobierno.
Entre los temas que figuran en el temario a debatir se destacan, además del cálculo de gastos y recursos para 2026, una iniciativa de orden fiscal destinada a reforzar las obligaciones tributarias y un esquema de compromiso de estabilidad fiscal y monetaria. A ese combo se suman una reforma laboral de alcance amplio, cambios en el Código Penal y ajustes en la normativa de protección de glaciares, lo que anticipa un escenario de fuerte discusión política y técnica en las comisiones.
En el oficialismo dan por hecho que el Presupuesto 2026 será el primer punto en el orden de prioridades. El proyecto ya cuenta con dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto, lo que habilita su ingreso al recinto apenas se pongan en marcha las extraordinarias. La Casa Rosada pretende exhibirlo como señal de continuidad de su programa de equilibrio fiscal, al tiempo que promete reasignaciones de recursos hacia áreas sensibles como jubilaciones, salud, educación y seguridad.
La negociación, sin embargo, excede los pasillos del Congreso. El ministro del Interior encabeza conversaciones con gobernadores de distintos signos políticos, que buscan garantías sobre el flujo de fondos, la obra pública frenada y el reparto de la coparticipación federal. En varias provincias persisten reclamos por deudas acumuladas con la Nación, mientras la administración central subraya que también existen compromisos pendientes de los distritos con el Tesoro nacional.
En ese contexto, el armado de las comisiones permanentes se transformó en un capítulo decisivo. La presidencia de la Cámara impulsa la continuidad de los actuales titulares en áreas clave como Hacienda y Presupuesto y Legislación Penal, con referentes del espacio oficialista al frente de ambas. La discusión de fondo pasa por la forma en que se distribuirán las bancas entre los bloques grandes y las fuerzas minoritarias, una definición que impactará en el poder de negociación de cada espacio.
Una de las alternativas que se analiza es aplicar un criterio de reparto proporcional basado en el sistema D’Hondt, lo que dejaría a las dos principales bancadas con una representación dominante y reduciría el margen de incidencia de los bloques más chicos. Desde sectores de la oposición advierten que un diseño demasiado concentrado podría limitar el debate y replicar en las comisiones una mayoría automática en temas sensibles como la reforma laboral o los cambios impositivos.
Las conversaciones también reflejan las tensiones internas dentro del propio arco opositor, donde conviven bloques con estrategias distintas frente al gobierno nacional. Algunos espacios evalúan acompañar partes del paquete económico a cambio de garantías para sus provincias, mientras otros se inclinan por un rechazo más frontal a las iniciativas consideradas regresivas en materia de derechos laborales o ambientales.
En paralelo, organizaciones sindicales, empresarias y ambientales observan con atención la definición del cronograma y de las comisiones. Para el movimiento obrero, el tratamiento de la reforma laboral será un termómetro del nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso, en un momento en que se discuten cambios en indemnizaciones, convenios colectivos y modalidades de contratación. El sector empresario, por su parte, pone la mirada en la carga tributaria efectiva, la seguridad jurídica y las reglas para la inversión en sectores estratégicos.
Las organizaciones dedicadas a la defensa del ambiente, en tanto, advierten sobre el riesgo de que las modificaciones a la ley de glaciares debiliten estándares de protección en zonas de alta montaña donde se proyectan inversiones mineras. Plantean que cualquier reforma debería preservar criterios estrictos de cuidado del agua y de las cuencas, e insisten en que no se avance sin estudios de impacto ambiental serios y participación ciudadana.
Con un calendario ajustado y el fin de año a la vuelta de la esquina, en el oficialismo apuestan a ordenar el tablero legislativo con la rápida puesta en marcha de las comisiones y una primera sesión de alto voltaje político. El resultado de esa pulseada no solo definirá el rumbo del Presupuesto 2026, sino también el margen de maniobra que tendrá el gobierno para impulsar su agenda de reformas en un Congreso fragmentado y bajo la mirada atenta de gobernadores, mercados y ciudadanía.