El Gobierno nacional terminó de delinear un proyecto de ley que introduce cambios en cuatro impuestos centrales del esquema tributario y que, según adelantaron fuentes oficiales, será enviado al Congreso junto con la reforma laboral que el Poder Ejecutivo busca debatir en sesiones extraordinarias.
La iniciativa forma parte del paquete de medidas económicas con el que la Casa Rosada intenta dar una señal de alivio impositivo al sector privado, al tiempo que mantiene el objetivo de preservar el superávit fiscal. La apuesta oficial es aprovechar la ventana de sesiones extraordinarias para avanzar rápidamente con un capítulo acotado de reforma tributaria, mientras se prepara una revisión más amplia del sistema para comienzos de 2026.
De acuerdo con el borrador que circula entre legisladores y equipos técnicos, uno de los ejes del proyecto es la eliminación de una parte del esquema de impuestos internos que todavía gravan a automóviles y motos de gama media, determinados seguros y servicios de telefonía móvil y satelital. El objetivo declarado es simplificar tributos considerados obsoletos y reducir costos para sectores productivos y de consumo masivo.
Otro punto relevante es la reducción gradual de la alícuota máxima del Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades, que pasaría del 35% actual a un 31,5% en una primera etapa. El equipo económico argumenta que la rebaja mejora la competitividad frente a otros países de la región y puede incentivar nuevas inversiones, en particular en actividades que requieren altos desembolsos iniciales.
La propuesta también incluye un mecanismo de actualización por inflación para los quebrantos impositivos que se generen a partir del ejercicio 2025. Se trata de una demanda de larga data de empresas y estudios contables, que sostienen que, sin ajuste por variación de precios, las pérdidas acumuladas pierden valor real y distorsionan la determinación del impuesto. El Gobierno busca, con esta fórmula, descomprimir una discusión que ya derivó en reclamos administrativos y judiciales.
Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que la intención oficial es dar una respuesta parcial a ese debate mientras se define el alcance de una reforma tributaria más profunda. En el Palacio de Hacienda reconocen que una revisión integral del sistema exige acuerdos más amplios con las provincias, dado que muchas decisiones tienen impacto directo sobre la coparticipación federal y las cuentas de los gobiernos locales.
En paralelo, el texto que se enviará al Congreso prevé ajustes puntuales en el Impuesto al Valor Agregado para un conjunto acotado de bienes y servicios, con el propósito de ordenar tratamientos diferenciales que se fueron acumulando en los últimos años. El equipo económico argumenta que la proliferación de excepciones y alícuotas especiales complica la administración tributaria y genera distorsiones entre sectores con tratamientos fiscales dispares.
El proyecto llega en un contexto en el que el Consejo de Mayo, el ámbito de diálogo entre el Gobierno y representantes empresarios y sindicales, acercó al Ejecutivo un informe con lineamientos para reformar la economía argentina. Entre las recomendaciones figuran la reducción gradual del gasto público, una simplificación del esquema tributario y la necesidad de generar reglas estables para la inversión.
La decisión de incorporar estas modificaciones a la reforma laboral y no esperar a una ley tributaria específica responde, según admiten en el oficialismo, a una cuestión de tiempos políticos. La intención es concentrar el debate en un paquete legislativo acotado que pueda ser tratado antes del cierre del año parlamentario, mientras se sigue negociando con bloques dialoguistas para una agenda más amplia a partir del verano.
En el sector privado, las primeras reacciones combinan expectativa y cautela. Especialistas en materia tributaria valoran la señal de reducción gradual de la presión sobre las empresas, aunque advierten que la mejora será limitada si no se avanza en paralelo sobre otros tributos considerados distorsivos, como ciertos gravámenes internos o tasas de orden provincial y municipal. También señalan que el beneficio efectivo de la actualización de quebrantos dependerá de la letra chica de la reglamentación.
Los analistas consultados coinciden en que el Gobierno busca, con este movimiento, reforzar el mensaje de que el ajuste fiscal no recaerá exclusivamente sobre el sector privado, al tiempo que intenta ordenar el escenario tributario de cara a 2026. El resultado final dependerá del debate en el Congreso y de la capacidad del oficialismo para sostener el equilibrio entre menor presión impositiva y metas de consolidación fiscal.