El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal que promete convertirse en una de las iniciativas más discutidas de la agenda legislativa. El texto propone un endurecimiento generalizado de las penas para los delitos más graves, amplía el listado de conductas imprescriptibles e incorpora figuras vinculadas al cibercrimen, la corrupción y la violencia de género, entre otros ejes sensibles para la opinión pública.

La propuesta busca reemplazar un Código Penal con más de un siglo de vigencia y numerosas reformas parciales, lo que produjo un cuerpo normativo fragmentado y difícil de interpretar. El Ministerio de Justicia sostiene que la unificación y actualización de la normativa permitirán dotar de mayor previsibilidad al sistema penal, establecer escalas de penas más claras y reducir los márgenes de discrecionalidad que hoy existen en la etapa de ejecución de condenas.

Uno de los núcleos centrales del proyecto es la imprescriptibilidad de determinados delitos graves. El texto plantea que los abusos sexuales más graves, los homicidios agravados y otros delitos especialmente lesivos para la integridad de las personas no puedan quedar exentos de castigo por el paso del tiempo. El argumento oficial es que se trata de crímenes cuya gravedad y impacto sobre las víctimas justifican que el Estado mantenga la posibilidad de perseguirlos penalmente sin límite temporal.

El endurecimiento de las penas también se refleja en la intención de limitar la llamada “puerta giratoria” del sistema penal. Para lograrlo, se elevan los mínimos de condena en varios delitos violentos y se restringen las posibilidades de excarcelación automática o de sustitución de la prisión efectiva por penas en suspenso. Según la letra del proyecto, el objetivo es garantizar que la gran mayoría de las condenas por delitos graves implique un período real de encierro efectivo.

En paralelo, la reforma incorpora nuevas figuras delictivas vinculadas al uso de tecnologías digitales. Entre ellas se encuentran los ataques informáticos a infraestructuras críticas, el fraude masivo mediante sistemas electrónicos y la difusión no consentida de imágenes íntimas, entre otros supuestos. La inclusión de estos delitos responde a una preocupación creciente por la expansión del crimen en el entorno digital y por la necesidad de actualizar herramientas jurídicas frente a modalidades que no estaban contempladas cuando se redactó el Código vigente.

La lucha contra la corrupción ocupa otro capítulo central del proyecto. Se prevé un aumento de las penas para funcionarios y particulares involucrados en cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, así como reglas más estrictas para el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita. La premisa de los redactores es que quienes administran recursos estatales tienen un deber de custodia reforzado y, por lo tanto, deben enfrentar sanciones más severas cuando traicionan esa confianza.

También se introducen cambios en materia de delitos viales, con la intención de responder a la preocupación social por los siniestros de tránsito graves. La conducción con niveles altos de alcohol en sangre, las carreras ilegales y otras conductas particularmente riesgosas pasan a tener un tratamiento más duro, con aumento de los mínimos penales y mayores restricciones para acceder a beneficios. El texto busca enviar una señal de desaliento a las conductas imprudentes que terminan en muertes evitables en rutas y ciudades.

La protección del ambiente y de los recursos naturales aparece como otro de los ejes novedosos. El proyecto incorpora figuras específicas para sancionar con mayor dureza los derrames, emisiones peligrosas y otras conductas que causen daño grave al medio ambiente o a la salud de la población. En este punto, la reforma se alinea con las tendencias internacionales que impulsan marcos regulatorios más estrictos frente a la contaminación y la explotación irresponsable de recursos.

Organizaciones de derechos humanos, asociaciones de víctimas, cámaras empresarias y colegios de abogados siguen de cerca el debate. Algunos actores valoran que se busque actualizar un texto considerado obsoleto y dar respuesta a reclamos históricos vinculados a la impunidad en casos de abusos, homicidios y corrupción. Otros sectores, en cambio, advierten que el aumento de penas por sí solo no garantiza una reducción del delito y señalan la necesidad de acompañar la reforma con políticas de prevención, mejora en la investigación criminal y fortalecimiento del sistema penitenciario.

En el terreno estrictamente político, el tratamiento de la reforma pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para construir mayorías en un Congreso fragmentado. El Gobierno confía en aprovechar el impulso de las últimas elecciones legislativas y en lograr acuerdos con bloques aliados y gobernadores para avanzar en la agenda penal. La oposición, por su parte, anticipa que intentará introducir modificaciones para evitar lo que considera desequilibrios en algunas escalas de pena y eventuales riesgos para las garantías constitucionales.

El futuro de la reforma dependerá de la dinámica que adopte el debate parlamentario en comisiones y en el recinto, así como del grado de consenso social que logren construir las principales fuerzas políticas. En cualquier escenario, la discusión sobre el nuevo Código Penal volverá a colocar en primer plano cuestiones de fondo sobre cómo debe responder el Estado frente al delito, cómo se protege mejor a las víctimas y cuáles son los límites razonables del poder punitivo en una democracia.