El proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Glaciares abrió un frente de conflicto que ya desbordó el debate técnico y se instaló en el centro de la agenda política y ambiental. Organizaciones socioambientales, científicos, gremios y referentes de las provincias cordilleranas advierten que la iniciativa podría reducir la protección efectiva sobre áreas de alta montaña y habilitar una expansión acelerada de la minería metalífera en zonas hasta ahora vedadas por la normativa vigente.
El eje de la controversia se concentra en los cambios propuestos sobre la definición de ambiente periglaciar y en los criterios para delimitar qué cuerpos de hielo quedarán alcanzados por la protección legal. Especialistas en criología y cambio climático señalan que la nueva redacción recorta el alcance territorial de la ley, al priorizar únicamente glaciares de mayor volumen y continuidad, dejando fuera formaciones más pequeñas que cumplen un rol clave como reservas estratégicas de agua en cuencas áridas y semiáridas de la cordillera.
En paralelo, los gobiernos provinciales con fuerte presencia de proyectos mineros siguen de cerca la discusión. Las autoridades locales buscan garantizar reglas claras para atraer inversiones en cobre, litio, oro y plata, pero al mismo tiempo enfrentan la presión de comunidades que temen por el impacto sobre sus fuentes de agua, el turismo de montaña y las economías regionales asociadas a actividades como la vitivinicultura, la fruticultura y la ganadería de altura.
El oficialismo argumenta que la reforma apunta a “modernizar” la ley para compatibilizar la protección del ambiente con el desarrollo económico y sostienen que la norma vigente generó superposiciones e incertidumbre jurídica para los proyectos productivos. Los cuestionamientos se centran en estudios de impacto ambiental que, según las organizaciones críticas, se basan en relevamientos incompletos o desactualizados sobre la presencia de glaciares y permafrost en las áreas de influencia de los emprendimientos.
En los últimos días se multiplicaron las movilizaciones frente al Congreso y en distintas capitales provinciales, con consignas en defensa de “los hielos como reserva de agua para las próximas generaciones” y reclamos para que la ley no sea modificada sin una consulta amplia a universidades, institutos de investigación y asambleas ciudadanas. También se sumaron pronunciamientos de trabajadores de sectores ligados al turismo y de sindicatos que advierten sobre el riesgo de conflictos sociales en las regiones donde la minería ya convive con actividades tradicionales.
El debate se da además en un contexto de sequías recurrentes, retroceso acelerado de glaciares en la cordillera y mayor frecuencia de eventos extremos asociados al cambio climático. En este escenario, especialistas en gestión hídrica subrayan que cualquier flexibilización en los estándares de protección podría tener efectos acumulativos difíciles de revertir, sobre todo en cuencas que abastecen a grandes centros urbanos y polos productivos del oeste argentino.
Dentro del propio oficialismo conviven distintas posiciones sobre el ritmo y la profundidad de la reforma. Mientras algunos funcionarios impulsan una redacción más cercana a los planteos de las empresas mineras, otros sectores proponen avanzar con regulaciones complementarias que permitan destrabar proyectos específicos sin alterar los principios generales de la ley. La oposición, por su parte, se muestra dividida entre bloques que rechazan cualquier modificación y otros que se abren a discutir cambios puntuales siempre que se mantenga el carácter preventivo y precautorio de la norma original.
Las provincias patagónicas, los distritos cuyanos y las jurisdicciones del noroeste observan la discusión con preocupación por su impacto en la gobernanza del agua. En varias de esas regiones, los comités de cuenca y los entes reguladores ya advirtieron que una expansión de la frontera extractiva sin controles suficientes podría tensionar aún más la convivencia entre uso humano, riego, generación de energía hidroeléctrica y actividades industriales intensivas en agua.
En el Congreso, los presidentes de las comisiones de Ambiente y de Minería comenzaron a delinear el cronograma de tratamiento del proyecto. Representantes de universidades nacionales, centros de investigación, cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil serán convocados a exponer en audiencias públicas. Los bloques dialoguistas evalúan impulsar dictámenes alternativos que incorporen salvaguardas adicionales, como la obligación de realizar inventarios glaciológicos periódicos y una mayor participación ciudadana en la evaluación de impacto acumulativo de los emprendimientos.
Para el Gobierno, la aprobación de la reforma se presenta como una pieza central de su estrategia para acelerar la llegada de inversiones en sectores considerados “motores de divisas” para los próximos años. Para los actores que se oponen al cambio, en cambio, el debate trasciende lo económico y pone en juego el modelo de desarrollo de las próximas décadas, la prioridad otorgada a la protección del agua y la capacidad del Estado para fijar límites claros a las actividades extractivas en territorios frágiles.
La discusión sobre la Ley de Glaciares vuelve así a condensar las tensiones entre desarrollo, ambiente y federalismo que atraviesan a la Argentina. En las próximas semanas, el modo en que el Congreso procese esas presiones cruzadas y el grado de apertura que tenga el oficialismo para introducir cambios al texto original serán clave para medir el alcance real de la reforma y el nivel de consenso que logre construir en una sociedad cada vez más atenta a los impactos del cambio climático.