El Gobierno nacional decidió acelerar la discusión de su proyecto de reforma laboral y confirmó que el texto será enviado al Senado para ser tratado durante las sesiones extraordinarias de diciembre. La iniciativa forma parte del paquete de leyes que el Poder Ejecutivo busca aprobar antes de fin de año, junto con el Presupuesto 2026, cambios tributarios y modificaciones al Código Penal.
La convocatoria a sesiones extraordinarias, que regirán del 10 al 30 de diciembre, fue oficializada días atrás mediante decreto presidencial y habilita a que la denominada “modernización laboral” tenga su primer debate parlamentario en la Cámara alta. La Casa Rosada apuesta a conseguir una media sanción rápida y luego continuar la discusión en la Cámara de Diputados, en un cronograma legislativo ajustado por los plazos y las fiestas de fin de año.
De acuerdo con los borradores que circularon en el Consejo de Mayo y en los bloques legislativos, el proyecto de reforma introduce cambios en varios puntos sensibles de la Ley de Contrato de Trabajo. Entre ellos se mencionan un banco de horas para flexibilizar la jornada, modificaciones en el régimen de vacaciones, la posibilidad de extender el período de prueba para nuevas contrataciones y un esquema de "salario dinámico" vinculado al cumplimiento de objetivos o productividad.
Otro eje central de la propuesta es la revisión del sistema de indemnizaciones por despido sin causa. El texto plantea la creación de un fondo de aportes mensuales a cargo de las empresas que funcionaría como mecanismo de cobertura ante eventuales desvinculaciones, en reemplazo o complemento del esquema tradicional. El Gobierno argumenta que esto busca reducir la litigiosidad laboral y otorgar mayor previsibilidad a los costos empresariales.
La reforma también alcanza aspectos vinculados al poder sindical y al financiamiento de las organizaciones de trabajadores. Los borradores adelantan cambios en las contribuciones obligatorias, en los criterios de representatividad gremial y en la protección de los delegados, lo que encendió alertas en la CGT y en las centrales de trabajadores. Dirigentes sindicales advirtieron que cualquier intento de recortar derechos conquistados derivará en medidas de fuerza y en una fuerte resistencia en las calles.
En paralelo, el Gobierno buscó enviar señales de apertura para sumar apoyos en el Congreso. Fuentes oficiales anticiparon que la Casa Rosada está dispuesta a aceptar modificaciones durante el tratamiento en comisiones, con el objetivo de construir una mayoría que permita aprobar la ley en las próximas semanas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que asumió recientemente una banca en el Senado, quedó al frente de las negociaciones con los distintos bloques y mantiene contactos con gobernadores y referentes sindicales.
En los últimos días circularon versiones sobre un supuesto entendimiento entre la CGT y el Ejecutivo para crear un régimen laboral juvenil con reglas diferenciadas para menores de 30 años. La central obrera salió a desmentir públicamente ese acuerdo y ratificó que no avalará un esquema que implique salarios por debajo de los convenios o una reducción de aportes y contribuciones que impacte en la financiación del sistema de seguridad social.
Además de las negociaciones políticas, la reforma laboral generó un intenso debate en el mundo empresario y entre especialistas en derecho del trabajo. Un sector del empresariado considera que el proyecto va en la dirección correcta para reducir la informalidad y fomentar nuevas contrataciones, mientras que otros advierten que los cambios deberían acompañarse de una reforma tributaria más amplia que alivie la carga sobre las pymes.
Las asociaciones de abogados laboralistas, por su parte, señalan que la clave estará en el texto definitivo que ingrese al Senado y en el grado de protección que mantenga para los trabajadores frente a despidos y conflictos. También advierten que una modificación brusca del régimen de indemnizaciones podría derivar en planteos judiciales y en una etapa de incertidumbre interpretativa en los tribunales, hasta que se consolide una nueva jurisprudencia sobre los casos de desvinculación.
En el plano político, el oficialismo apuesta a mostrar la reforma laboral como un punto nodal de su programa de cambios estructurales, orientado –según sus argumentos– a modernizar la economía y hacer más competitivo al mercado de trabajo. La oposición, en cambio, llega al debate dividida entre quienes reclaman preservar el núcleo duro de la legislación vigente y quienes se muestran dispuestos a discutir un esquema intermedio que combine mayor flexibilidad con salvaguardas para los sectores más vulnerables.
El desenlace de la discusión dependerá, en buena medida, de la capacidad del Gobierno para sumar aliados en el Congreso y de la respuesta que tengan las organizaciones sindicales frente al avance de la iniciativa. Con el calendario de sesiones extraordinarias ya definido y un clima social atravesado por la inflación, la desocupación y la caída del poder adquisitivo, la reforma laboral se perfila como uno de los debates más intensos de fin de año en la agenda política argentina.
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