El Gobierno nacional envió al Congreso un paquete de reforma tributaria que apunta a modificar de manera significativa la estructura de impuestos sobre empresas, inversiones y consumo, con la mirada puesta en reanimar la economía a partir de 2026. La iniciativa combina una baja de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para el sector corporativo, la creación de un nuevo régimen de incentivos para medianas inversiones y la eliminación de una serie de gravámenes internos que impactan sobre bienes y servicios de uso masivo, en un intento de alivianar la carga fiscal y estimular el gasto privado.
En el corazón del proyecto se ubican los cambios en Ganancias para sociedades. La propuesta oficial reduce las tasas sobre las utilidades empresarias, con recortes de varios puntos porcentuales en los tramos superiores de la escala. El argumento de la cartera económica es que una menor presión sobre las ganancias formales puede mejorar la competitividad de las compañías, fortalecer su capacidad de invertir y favorecer la creación de empleo registrado, al tiempo que busca acercar la tributación argentina a los niveles vigentes en otras economías de la región.
El segundo eje central es el relanzamiento de un esquema de beneficios para la inversión productiva, bajo la forma de un Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI). El programa retoma la lógica de regímenes anteriores, con la posibilidad de amortización acelerada de bienes de capital, devolución de crédito fiscal de IVA y emisión de certificados computables contra otros impuestos. El objetivo es que proyectos industriales y de servicios intensivos en empleo, a partir de montos relativamente accesibles para pymes, encuentren condiciones más atractivas para expandirse y modernizar equipamiento.
El diseño del RIMI contempla distintos escalones de inversión, que van desde montos relativamente bajos para micro y pequeñas empresas hasta proyectos de mayor envergadura, con límites crecientes en dólares según el tipo y tamaño de compañía. La intención oficial es que el régimen funcione como un complemento acotado del esquema de incentivos para grandes inversiones, pero con foco en el entramado productivo del conurbano y de los principales polos industriales del país, donde el ajuste de los últimos dos años dejó plantas trabajando muy por debajo de su capacidad.
La reforma también introduce cambios relevantes en materia de IVA e impuestos internos. Por un lado, se propone eximir del impuesto al valor agregado a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial y actualizar por inflación los saldos a favor de los contribuyentes, con el fin de aliviar la carga financiera sobre actividades que requieren fuertes inversiones de trabajo y capital. Por otro lado, se avanzará en la eliminación de los impuestos internos que gravan productos electrónicos, artículos suntuarios, automotores, motos, aeronaves, embarcaciones, servicios de telefonía celular y algunos consumos culturales.
En paralelo, el proyecto contempla la derogación del impuesto cedular que se aplicaba a determinadas rentas financieras y a operaciones de transferencia de inmuebles. La apuesta oficial es que un sistema más simple y menos fragmentado contribuya a reducir la litigiosidad, mejore la previsibilidad para los contribuyentes y favorezca la formalización de operaciones que hoy se realizan parcialmente por fuera de los circuitos declarados, con el consecuente impacto negativo sobre la recaudación y la transparencia del mercado.
Entre las medidas con impacto directo en los bolsillos de los consumidores se destacan la eliminación de recargos sobre productos tecnológicos, servicios de comunicación y entradas de cine, así como la desgravación de ciertos alquileres destinados a vivienda. Aunque muchas de estas cargas tenían inicialmente un carácter selectivo, en la práctica encarecían bienes y servicios de uso cada vez más generalizado y terminaban afectando de manera desproporcionada a los sectores medios. La expectativa oficial es que, con un esquema impositivo más liviano, parte de esa reducción se traslade a precios finales.
El paquete, sin embargo, implica un costo fiscal no menor. De acuerdo con las estimaciones incluidas en el borrador del Presupuesto 2026, el gasto tributario asociado a exenciones, reducciones de alícuotas y regímenes especiales ya se ubica en varios puntos del PBI y podría aumentar con la nueva reforma. La respuesta del equipo económico es que esa renuncia de recaudación se compensará si la actividad muestra signos claros de aceleración, con más consumo, más inversión y, en consecuencia, una base imponible más amplia sobre la que aplicar los impuestos que permanecen vigentes.
Economistas y especialistas en temas fiscales señalan que el éxito de la iniciativa dependerá tanto del diseño técnico de las normas como de la coordinación con otras piezas del programa económico, en particular la política de gasto y el esquema monetario. Un recorte impositivo sin correlato en el ajuste del sector público podría presionar sobre el déficit y obligar a buscar nuevas fuentes de financiamiento, mientras que una reforma que se inserte en un sendero creíble de ordenamiento macroeconómico aumentaría las chances de que el alivio tributario se traduzca en más producción y empleo.
El debate legislativo será, además, una prueba política clave. El oficialismo necesitará tejer acuerdos con bloques opositores para aprobar los cambios en tiempo y forma, en un contexto de tensiones por la distribución de recursos entre Nación y provincias. Los gobernadores miran con atención el impacto potencial de la reforma sobre la coparticipación y los impuestos que alimentan sus presupuestos, mientras que cámaras empresarias y organizaciones sociales reclaman que la discusión incluya mecanismos de control para evitar abusos y garantizar que los beneficios fiscales lleguen efectivamente a la economía real.
Con la reforma tributaria, el Gobierno busca enviar la señal de que, tras dos años de fuerte ajuste, comienza una etapa enfocada en la recuperación del tejido productivo y en la recomposición gradual del ingreso. La prueba de fuego llegará cuando se vean los efectos concretos en la actividad y en el humor social: si la combinación de menor presión impositiva y disciplina fiscal logra convivir sin desbalances, el nuevo esquema tributario podría convertirse en una pieza central de la estrategia oficial para estabilizar la economía y mejorar las perspectivas de crecimiento.
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