El Gobierno nacional anunció una actualización del cuadro tarifario del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye incrementos en los valores de colectivos, trenes y en el esquema de beneficios para titulares de la SUBE social. La medida fue confirmada por el Ministerio de Transporte tras una reunión con representantes de las empresas prestatarias y funcionarios de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Según explicaron las autoridades, la actualización responde a la necesidad de adecuar los costos operativos del sistema, que en los últimos meses registró incrementos vinculados al precio del combustible, los insumos importados y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. La decisión se enmarca, además, en el esquema de recomposición gradual de subsidios que el Gobierno nacional y las jurisdicciones vienen negociando desde principios de año.
El nuevo cuadro tarifario establece que la tarifa mínima de colectivos pasará a ubicarse por encima de los $350, mientras que los valores para los distintos ramales ferroviarios tendrán ajustes que oscilan entre el 15% y el 25%, dependiendo de la línea y la distancia recorrida. En todos los casos, se mantendrá el sistema de tarifa integrada mediante la SUBE, que reduce el costo de los viajes sucesivos dentro de un período de dos horas.
En paralelo, el Gobierno confirmó que el beneficio de la SUBE social continuará vigente, aunque con modificaciones en los criterios de acceso y actualización automática de los montos. Esta modalidad cubre a jubilados, pensionados, trabajadores de casas particulares, beneficiarios de asignaciones sociales y personas con discapacidad. Para estos grupos, el descuento del 55% sobre la tarifa se mantendrá, pero se incorporarán mecanismos de cruce de datos mensuales para evitar demoras en la acreditación del beneficio.
La medida se da en un contexto de negociaciones con las provincias por el reparto de subsidios al transporte, que en los últimos años generó tensiones debido a las diferencias entre los aportes nacionales y los costos reales del servicio. Mientras que en el AMBA el Estado sostiene una parte considerable del precio del boleto, las provincias reclaman un esquema más equilibrado que contemple la situación fiscal y la demanda creciente en los centros urbanos del interior.
Empresarios del sector señalaron que la actualización tarifaria es necesaria para sostener la operación de los servicios, asegurar el cumplimiento de los cronogramas y avanzar en la renovación de flotas. Sin embargo, advirtieron que el impacto inflacionario sigue presionando sobre los costos y que la estructura de subsidios deberá revisarse de manera periódica para evitar interrupciones en los servicios.
En tanto, organizaciones de usuarios expresaron preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y pidieron que cualquier ajuste tarifario vaya acompañado de mejoras en la calidad del servicio, más controles sobre las frecuencias y la incorporación de información en tiempo real para facilitar la planificación de los viajes.
Las autoridades remarcaron que el objetivo es avanzar hacia un esquema de tarifas previsibles, con reglas transparentes para la asignación de subsidios y con un sistema de medición que permita evaluar la calidad y el cumplimiento de las prestaciones. En las próximas semanas, el Ministerio de Transporte publicará un informe con los costos regulados del sistema y los parámetros que se utilizarán para definir futuros incrementos.
La implementación del nuevo cuadro tarifario comenzará en los próximos días, una vez que las empresas ajusten sus sistemas internos y se completen las pruebas de actualización en la red SUBE. Mientras tanto, continúa el diálogo con las autoridades provinciales del interior, que buscan replicar o adaptar algunos de los criterios técnicos utilizados en el AMBA para establecer sus propios esquemas tarifarios.
Con esta medida, el Gobierno intenta equilibrar la sustentabilidad económica del sistema de transporte con la necesidad de garantizar accesibilidad para millones de usuarios diarios. El desafío, coinciden especialistas, será armonizar los costos del servicio con el poder adquisitivo de la población y con la meta oficial de reducir los desequilibrios fiscales en el sector.