El Gobierno nacional formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación entre el 10 y el 30 de diciembre, a través de un decreto que fija un temario acotado pero de alto impacto institucional y económico. El llamado habilita a las cámaras a debatir un conjunto de proyectos que el Poder Ejecutivo considera prioritarios para la etapa que se abre, en especial en materia de presupuesto, política tributaria, legislación laboral, reformas penales y normas ambientales.
En el centro de la agenda aparece el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que definirá el nivel de gasto, las fuentes de financiamiento y las prioridades de inversión del Estado para el próximo año. El debate presupuestario llega en un contexto de ajuste fiscal, revisión de subsidios y discusión sobre el alcance de las partidas destinadas a infraestructura, políticas sociales, educación, seguridad y salud en las distintas jurisdicciones del país.
El temario incluye también una serie de iniciativas fiscales que el Ejecutivo considera clave para consolidar su programa económico. Entre ellas se destacan una Ley de Inocencia Fiscal orientada a rediseñar parte del esquema impositivo y un proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca fijar reglas de disciplina para las cuentas públicas y dar señales de previsibilidad a los mercados. La discusión sobre cómo equilibrar recaudación, presión tributaria y actividad productiva se perfila como uno de los ejes centrales del debate parlamentario.
Otra pieza relevante del paquete extraordinario será el proyecto de Modernización Laboral, que apunta a actualizar la normativa que rige las relaciones de trabajo. El Poder Ejecutivo plantea la necesidad de revisar regímenes de contratación, incentivos a la formalización y mecanismos de resolución de conflictos, mientras que sindicatos y organizaciones de trabajadores advierten sobre el riesgo de una eventual pérdida de derechos adquiridos. El equilibrio entre flexibilidad para las empresas y protección para los empleados volverá a ocupar un lugar central en la escena política.
En paralelo, el temario contempla una propuesta de reforma del Código Penal, con el objetivo de adecuar figuras delictivas y escalas de penas a nuevos escenarios de criminalidad. El debate se dará en un contexto de fuerte preocupación social por la inseguridad y de reclamos para mejorar la respuesta del sistema de justicia penal. Organizaciones judiciales y especialistas en derecho penal siguen de cerca los borradores, atentos al impacto que puedan tener los cambios en la práctica cotidiana de los tribunales.
El capítulo ambiental también tendrá un lugar en las sesiones extraordinarias, a partir de un proyecto que propone modificar el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial. La eventual actualización de esa ley genera posiciones encontradas entre sectores productivos vinculados a la minería y organizaciones ambientales que reclaman mantener estándares estrictos de protección. La discusión sobre el equilibrio entre explotación de recursos, desarrollo regional y cuidado de ecosistemas sensibles volverá al centro de la escena.
Desde el punto de vista político, la convocatoria a sesiones extraordinarias redefine el tablero parlamentario hacia el cierre del año legislativo. El oficialismo no cuenta con mayorías propias en ninguna de las cámaras y necesita construir acuerdos con bloques de gobernadores, espacios provinciales y sectores de la oposición dialoguista para conseguir la aprobación de las iniciativas. La conversación con las provincias adquiere un peso especial, dado que muchos legisladores responden directamente a los mandatarios locales.
En la Cámara de Diputados y en el Senado, los presidentes de bloque comenzaron a reorganizar agendas y reuniones de comisión para acelerar el tratamiento de los proyectos incluidos en el decreto. Dirigentes de la oposición plantean que el temario reúne iniciativas de gran complejidad técnica y política, y reclaman un cronograma de trabajo que permita un análisis detallado de cada propuesta, audiencias con especialistas y participación de sectores afectados antes de emitir dictámenes.
En el sector privado y en el ámbito sindical, las principales cámaras empresarias, organizaciones de trabajadores y entidades profesionales siguen de cerca la evolución de la convocatoria. Las negociaciones en torno al Presupuesto 2026, a los cambios tributarios y a la reforma laboral tienen impacto directo sobre la planificación de inversiones, la evolución del empleo, la competitividad de las empresas y el ingreso disponible de los hogares. La expectativa está puesta en si el Congreso será capaz de procesar los proyectos con acuerdos amplios o si prevalecerá un escenario de confrontación.
Para el Gobierno, las sesiones extraordinarias representan una oportunidad para ordenar la agenda legislativa y mostrar capacidad de construcción de consensos en torno a su programa de reformas. Para la oposición, el período será una prueba sobre el alcance de su rol de control y su capacidad de proponer alternativas. Lo que ocurra en estas semanas en el recinto y en las negociaciones entre Nación y provincias marcará buena parte del clima político con el que el país cerrará el año y encarará la discusión de las políticas públicas del próximo ciclo.
Aviso legal: Este texto es una obra original protegida por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. Queda prohibida su reproducción total o parcial, distribución o comunicación pública sin autorización expresa de su titular.