El Gobierno nacional formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para la segunda quincena de diciembre, con el objetivo de acelerar el tratamiento del Presupuesto 2026 y de un paquete de reformas consideradas centrales para la hoja de ruta política de la Casa Rosada. La decisión quedó plasmada en un decreto publicado en el Boletín Oficial y abrió inmediatamente una nueva etapa de negociaciones con los bloques legislativos y los gobernadores.
El llamado a extraordinarias fija que las cámaras de Diputados y Senadores sesionarán en un período acotado, entre el 10 y el 30 de diciembre, con un temario que incluye, además del Presupuesto, la reforma laboral, un nuevo Código Penal, cambios en la Ley de Glaciares y otros proyectos vinculados a incentivos a la inversión y a la organización institucional del Estado. El esquema apunta a aprovechar la reciente recomposición de fuerzas en el Congreso tras las elecciones legislativas para intentar consolidar mayorías circunstanciales que le permitan al oficialismo avanzar con su agenda.
En la previa a la publicación del decreto, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior intensificaron los contactos con los jefes de bloque y con los mandatarios provinciales, que reclaman garantías sobre el flujo de fondos y la continuidad de programas de obra pública y asistencia social. Las discusiones combinan la letra chica del Presupuesto con el impacto que podrían tener las reformas laborales y penales sobre las economías regionales, los mercados de trabajo y los sistemas judiciales locales.
El oficialismo apuesta a ordenar las conversaciones en torno a un paquete integral de medidas que incluye objetivos de reducción del déficit fiscal, cambios en el régimen tributario y una redefinición de las reglas para la contratación laboral. La idea de la Casa Rosada es mostrar un horizonte de previsibilidad hacia 2026, con un programa que combine disciplina en las cuentas públicas y señales de apertura para sectores considerados estratégicos, como la energía, la minería y el agro.
Desde la oposición, las primeras reacciones fueron diversas. Los espacios más duros anticiparon que resistirán cualquier intento de avanzar con reformas que consideren regresivas en materia de derechos laborales o ambientales, mientras que los bloques dialoguistas se mostraron dispuestos a negociar cambios puntuales en los proyectos a cambio de resguardos para las provincias. La correlación de fuerzas obliga al Gobierno a construir acuerdos caso por caso, especialmente en el Senado, donde cada voto puede resultar decisivo.
Uno de los ejes que promete mayor debate es la reforma laboral. El proyecto que el Ejecutivo busca impulsar apunta a modificar aspectos del régimen de indemnizaciones, actualizar modalidades de contratación y flexibilizar ciertos mecanismos de negociación colectiva en sectores específicos. Sus defensores sostienen que las normas vigentes no logran incorporar al trabajo formal a millones de personas que hoy se desempeñan en la informalidad, mientras que sus críticos advierten por el riesgo de precarizar condiciones laborales y debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos.
En paralelo, el nuevo Código Penal propuesto por el Gobierno incorpora cambios en las escalas de penas, introduce figuras delictivas vinculadas a la criminalidad económica y digital, y revisa la tipificación de algunos delitos contra la administración pública. El oficialismo considera que la actualización es necesaria para adecuar el sistema penal a fenómenos como el ciberdelito y las nuevas modalidades de lavado de activos, mientras que especialistas y organizaciones civiles piden un debate profundo para evitar respuestas meramente punitivistas frente a problemas estructurales.
Otro de los puntos sensibles del temario es la modificación de la Ley de Glaciares y de las normas que regulan proyectos extractivos en áreas de alta sensibilidad ambiental. Los gobernadores de provincias cordilleranas y patagónicas buscan preservar márgenes de autonomía para definir su matriz productiva, al tiempo que organizaciones socioambientales alertan sobre el impacto que podrían tener cambios en los estándares de protección de ecosistemas frágiles. En este capítulo también se juega el equilibrio entre la búsqueda de inversiones y las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia climática.
En el plano estrictamente fiscal, el tratamiento del Presupuesto 2026 será una prueba de fuego para la relación entre el Gobierno nacional y las provincias. La distribución de recursos, la coparticipación y el esquema de subsidios sectoriales son temas que atraviesan a todas las fuerzas políticas y que suelen condicionar el resultado de las votaciones clave. Las administraciones locales reclaman certezas sobre la continuidad de programas y obras, mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de ajustar gastos y priorizar inversiones en infraestructura y sectores exportadores.
Con las sesiones extraordinarias, el Congreso vuelve a ocupar un rol central en la escena política de fin de año. La intensidad de las negociaciones y la capacidad del Gobierno para sumar apoyos o enfrentar resistencias marcarán no solo el destino inmediato de las leyes incluidas en el temario, sino también el tono de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo de cara al próximo ciclo político. El resultado de este tramo legislativo será observado de cerca por el sector privado, las provincias y los actores sociales que siguen la discusión sobre el rumbo institucional y económico del país.