Representantes del Gobierno nacional y autoridades de varias ciudades del interior avanzan en la negociación de un nuevo esquema tarifario para el transporte urbano, en un contexto de subas de costos operativos, presión inflacionaria y caída de subsidios que afecta tanto a empresas como a usuarios. La discusión se intensificó en las últimas horas luego de que municipios advirtieran que el sistema atraviesa un punto crítico y que, sin una actualización coordinada, podrían verse obligados a reducir frecuencias o suspender recorridos.
La Secretaría de Transporte busca acordar un mecanismo de actualización que combine aportes nacionales focalizados, fortalecimiento de fondos provinciales y una transición hacia tarifas que reflejen de manera gradual los costos reales del servicio. La propuesta incluye una modalidad escalonada, con revisiones trimestrales y un componente compensatorio destinado a cubrir picos de demanda estacionales o situaciones extraordinarias que afecten la operación.
Los municipios plantean que la estructura actual es insostenible: los incrementos en combustibles, repuestos, mantenimiento y salarios generaron desfasajes que, según cálculos preliminares, superan ampliamente los ingresos del sistema. Aseguran que, aun con aportes extraordinarios, muchas empresas operan con márgenes mínimos y que algunas ya evalúan ajustes en la oferta para no acumular más pérdidas.
En paralelo, las cámaras empresarias sostienen que un esquema previsible es imprescindible para mantener la flota en condiciones y evitar fallas que afecten la seguridad. Señalan que, sin una actualización tarifaria que acompañe los costos reales, la reposición de unidades y la incorporación de tecnología —como sistemas de monitoreo o mejoras en accesibilidad— quedan postergadas, generando un deterioro progresivo del servicio.
Mientras tanto, organizaciones de usuarios y entidades vecinales exigen que cualquier aumento tarifario sea acompañado por compromisos claros de calidad. Piden que se garantice una frecuencia mínima, información transparente sobre cambios de recorrido y mecanismos más eficaces para canalizar reclamos en tiempo real. También remarcan la necesidad de proteger a sectores vulnerables mediante tarifas sociales o descuentos específicos.
Dentro de la discusión se evalúan alternativas para promover la digitalización del sistema de boletos, mejorar la fiscalización de los subsidios y avanzar hacia modelos más eficientes de gestión del transporte urbano. Algunas ciudades proponen integrar sus sistemas de movilidad con corredores metropolitanos y servicios interurbanos, de modo de optimizar flujos de pasajeros y reducir superposiciones.
El Gobierno espera presentar un primer borrador de acuerdo antes de fin de semana. La negociación se desarrolla bajo la presión de los próximos picos de demanda previstos por el inicio de la temporada turística y las altas temperaturas, que suelen afectar la operación en varias regiones. Si prospera, el nuevo esquema podría redefinir los criterios de financiamiento y regulación del transporte urbano en todo el interior del país.
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