La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un paro nacional del transporte público de pasajeros luego de que fracasaran las negociaciones salariales con las cámaras empresarias del sector. La medida, que afectará a los servicios de corta y media distancia en todo el país, fue definida tras una reunión que no logró acercar posiciones sobre el porcentaje de actualización salarial y los mecanismos de financiamiento para sostener los incrementos.
La organización gremial informó que la decisión se tomó ante lo que consideran una “falta de respuesta concreta” por parte de las empresas y del Estado para garantizar una recomposición acorde al aumento del costo de vida. De acuerdo con fuentes sindicales, los salarios del sector llevan varios meses de atraso respecto de la inflación y la negociación se había vuelto cada vez más tensa en las últimas semanas.
El conflicto se intensificó luego de que los representantes empresariales manifestaran que, sin una revisión urgente del esquema de subsidios y tarifas, resulta “inviable” otorgar nuevos incrementos. Según plantearon, la estructura de costos del transporte automotor está presionada por los aumentos en combustibles, repuestos y mantenimiento, y advierten que la situación financiera del sector es crítica.
En paralelo, fuentes del Ministerio de Transporte indicaron que el Gobierno trabaja en una alternativa para evitar que la paralización impacte de lleno en la movilidad urbana, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde millones de personas dependen del servicio de colectivos para desplazarse diariamente. Sin embargo, la posibilidad de dictar una conciliación obligatoria aún estaba bajo análisis y no había sido confirmada oficialmente.
La UTA, por su parte, argumenta que ya se atravesaron varias instancias de prórrogas y conciliaciones que no lograron destrabar el conflicto. El gremio sostiene que los trabajadores han absorbido buena parte del deterioro salarial y que es necesario un acuerdo que garantice previsibilidad hacia los próximos meses. Además, advierten que los reclamos no sólo se centran en los salarios, sino también en condiciones laborales y en la estabilidad del servicio.
En distintos puntos del país, las empresas de transporte expresaron preocupación por el anuncio del paro y señalaron que la medida podría profundizar las dificultades operativas que ya enfrentan. En algunas provincias, los gobiernos locales analizan refuerzos de transporte alternativo o la reorganización de servicios esenciales para evitar que la actividad económica se vea paralizada.
Especialistas en movilidad urbana advierten que un paro nacional de estas características puede generar importantes complicaciones en ciudades con alta dependencia del transporte público. Sostienen que la coordinación entre provincias, municipios y el Gobierno nacional será clave para mitigar el impacto en horas pico, especialmente en jornadas laborales y escolares.
El conflicto también reabre el debate sobre el financiamiento del sistema de transporte en Argentina. El peso de los subsidios, la heterogeneidad tarifaria entre regiones y la falta de un marco estable a largo plazo generan tensiones recurrentes entre empresarios, trabajadores y autoridades. Analistas señalan que, sin una reforma integral, los conflictos salariales y las discusiones sobre tarifas seguirán siendo un problema estructural del sector.
Mientras tanto, usuarios y organizaciones civiles expresaron preocupación por el impacto del paro. Advierten que muchas personas dependen exclusivamente de los colectivos para llegar al trabajo o atender trámites esenciales, y piden que las partes alcancen un acuerdo que evite una paralización prolongada del servicio.
Por estas horas, el Gobierno mantiene conversaciones con los distintos actores involucrados en busca de una salida negociada. No obstante, desde el sector sindical reiteran que la medida de fuerza seguirá en pie hasta que exista una propuesta concreta que contemple una recomposición salarial efectiva y un compromiso claro para fortalecer el sistema de transporte en su conjunto.